Vox se abre a negociar una ZBE sin sanciones en València tras aprobar la de Castellón

La negociación por la Zona de Bajas Emisiones en València acaba de dar un vuelco a solo un mes de que concluya el plazo de implantación. En las últimas semanas, el PP se había quedado solo en el intento de aprobar una ordenanza de mínimos que evitara al ayuntamiento perder hasta 150 millones en ayudas al transporte y subvenciones europeas ligadas a proyectos de movilidad.

Tras votar a favor hasta cinco veces, Vox vetó el proyecto por mandato de su dirección nacional, que teóricamente extendió el veto a sus gobiernos en toda España con la tesis de combatir el "fanatismo climático". Mientras, Compromís y PSPV exigían implantar una ZBE más dura acompañada de un pacto político por el Corredor Verde en el acceso sur y la reversión de Colón. Exigencias que los grupos progresistas llevarán este lunes de manera conjunta a un pleno extraordinario. El PP votará contra el proyecto del antiguo Rialto. Pero podría jugar otra carta.

El jueves, en el pleno ordinario de noviembre, el gobierno municipal de Castellón de PP y Vox dio el último paso para activar la Zona de Bajas Emisiones de la capital de la Plana. El proyecto salió adelante con los votos en contra de PSPV y Compromís. La ordenanza de movilidad sostenible entrará en vigor el 23 de diciembre y la limitación a los vehículos contaminantes lo hará el 1 de enero de 2026.

El modelo aprobado con el beneplácito de los voxistas no incluye restricciones automáticas, ni barreras que impidan circular libremente por el centro, tal como planteaba el documento heredado y enmendado al PSPV, que restringía el tráfico en 745.000 m2 mediante un sistema de etiquetas. La nueva ZBE castellonense mantendrá ese perímetro controlado con 45 cámaras de vigilancia, pero estas servirán para monitorizar el tráfico, se activarán en episodios puntuales de contaminación y en ningún caso sancionarán, solo restringirán el acceso.

Se trata, por tanto, de una ordenanza que sirve para salvar los fondos europeos manteniendo la libertad de movimientos en toda la ciudad, como propugna Vox. Y esta es la carta que podrá jugar el concejal de Movilidad Jesús Carbonell si persiste el desencuentro con la oposición. Suavizar aún más el proyecto de ZBE de València para ahorrarse in extremis el boquete en las arcas municipales.

Fuentes internas de la negociación han confirmado a Levante-EMV que el grupo municipal de Vox está dispuesto a trabajar en un proyecto similar al de Castellón, sin sanciones y limitando accesos solo cuando salte la alarma de CO2. Esto permitiría circular a los coches con etiqueta A –los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes del año 2006–, que eran los únicos afectados en el cap i casal con el calendario inicial. Además, las mismas fuentes reconocen que los dos socios de gobierno han retomado el diálogo, algo que hasta ayer parecía imposible.

De entrada, el Ayuntamiento de València pondrá en funcionamiento este lunes 1 de diciembre –coincidiendo con el pleno donde se debatirá el tema– el sistema de cámaras y aplicaciones informáticas que permitirán gestionar la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad. La red monitorizará los pasos de los vehículos que circulan por cada punto de control e identificará las etiquetas y tipología de los mismos, así como su lugar de registro o procedencia.

Según explican en el consistorio, el objeto de esta medida es elaborar estudios estadísticos que permitan identificar patrones de movilidad, estudiar la evolución del parque móvil y los efectos que sobre el mismo tendrán la aplicación de políticas de fomento de la movilidad sostenible tales como el incremento de oferta de transporte público, la puesta en marcha de nuevos carriles bici, la promoción de la accesibilidad peatonal, etc.

"Catalá ha despreciado la propuesta de Compromís y PSPV"

La operación del bipartito conservador ha pasado desapercibida para Compromís y PSPV, que ayer seguían advirtiendo sobre el escenario al que se abisma la ciudad con hasta 150 millones en peligro –empezaría por perderse la subvención del 60% en el bonobús–. La socialista María Pérez exigió una vez más a María José Catalá que asuma su responsabilidad y se abstenga en el pleno extraordinario del lunes en el que se vota la propuesta de los socialistas y Compromís sobre la Zona de Bajas Emisiones.

"El lunes los partidos de la oposición presentamos una propuesta conjunta con 16 votos, 16 votos que expresan con claridad un modelo de ciudad que sabe que no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras la contaminación aumenta y supone ya un riesgo real para la salud pública. Pero desde entonces, Catalá ha optado por ignorarlo todo. Ha despreciado esta propuesta y ha dejado claro una vez más que nunca había tenido intención de aprobar una Zona de Bajas Emisiones seria, ni de proteger la salud de los valencianos, ni de evitar que Valencia pierda más de 115 millones euros. Está enrocada en su negativa porque le dan igual los vecinos y vecinas de su ciudad que están respirando aire contaminado", incidió la socialista, que durante la última semana, pese a la propuesta presentada en rueda de prensa, no ha recibido llamada alguna del titular de Movilidad.

"Desde el pleno de octubre nos hemos reunido en una sola ocasión para intentar llegar a un acuerdo pese a las reiteradas ofertas de diálogo que ha realizado el Partido Socialista. Y ahora, con la propuesta conjunta que hemos lanzado, Catalá ni tan siquiera se ha pronunciado porque antes de leerla ya estaba justificando su rechazo", lamentó.

"No merecemos este gobierno municipal"

Por su parte, la portavoz de Compromís en València, Papi Robles, lamentó que el PP no piense negociar con Compromís ni con el PSPV la Zona de Bajas emisiones. "Ni se han sentado con nosotros ni lo van a hacer, y tienen la desfachatez de criticar una iniciativa de la oposición para salvar 150 millones a las arcas públicas. Son temerarios e incompetentes", dijo.

"Además el PP ha reconocido que no saben en cuántos millones les van a multar porque hay muchos fondos europeos vinculados a trabajar por una ciudad más verde, más sostenible y con un aire más limpio, todo lo contrario a lo que hace Catalá. Si la alcaldesa ha renunciado a gobernar, que se aparte. Que al menos ceda la iniciativa a la oposición y salvemos nuestra salud y nuestra economía. Si Catalá es incapaz, que recoja sus cosas y se marche a su casa. No merecemos un gobierno municipal que no funciona y que es perjudicial para la salud y el bolsillo de los valencianos", denunció.

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