Hartazgo por los okupas de Benicalap: "Acumulan basura y amenazan a los vecinos"

“Han montado un asentamiento dentro de un bajo comercial”. Los vecinos de la calle Picayo, en Benicalap, llevan cinco años intentando asumir su nueva realidad. Pero no lo consiguen. Y lo siguiente es el hartazgo. A media altura de calle hay una hilera de diez puertas metálicas que dan acceso a dos locales, cada uno de más de 2.000 metros cuadrados. Una treintena de personas –media docena de menores entre ellas– ha okupado uno de los dos grandes locales montando tabiques de madera para crear estancias. La infravivienda apenas tiene suministros básicos. Las condiciones son tremendamente complicadas y sus moradores han sacado esa hostilidad a la calle.

“Llevamos dos años trabajando con este tema y tenemos quejas casi cada día”, dicen en la asociación vecinal de Benicalap. “Ayer mismo vino una persona a quejarse del mal olor”. El malestar en este barrio obrero tiene dos ramificaciones. Por un lado, se quejan del vertedero improvisado en estos bajos y el inmenso solar trasero. Los vecinos cuentan que los okupas del local comercial meten los contenedores públicos dentro de su asentamiento, los vacían y dejan la basura dentro o la llevan a una zanja que tienen detrás, colmatando aquello y llenando la calle de malos olores. “Hay montañas de basura. Hemos pedido a la empresa propietaria y al ayuntamiento que vengan a limpiar”, dicen en la asociación vecinal.

La otra queja tiene que ver con la inseguridad. “Más o menos nos hemos acostumbrado, pero los vecinos se cambian de acera cuando les ven fuera. Hay amenazas constantes. Cuando alguien les llama la atención por cualquier cosa, ellos automáticamente saltan y te amenazan con todo”, cuentan los vecinos sobre una población conflictiva conformada mayoritariamente por personas de nacionalidad española y bastante red de apoyo fuera de este local, según pudo comprobar la asociación especializada en asentamientos que trabaja con el Ayuntamiento de València.

La conflictividad no se agota en las palabras. A veces escala. Según cuentan en la asociación, varios vecinos han sido agredidos por los moradores de estas infraviviendas. El año pasado, un agente de la Policía Nacional resultó herido y cuatro personas fueron detenidas tras una trifulca originada en este local. Cuando los agentes acudieron para detener a un hombre buscado por un juzgado, los amigos del reclamado empezaron a tirar piedras, cascotes y botellas a los policías, que se vieron obligados a pedir refuerzos y refugiarse de la lluvia de objetos.

En el consistorio son conscientes del problema y han intentado actuar desde Servicios Sociales, habida cuenta de la presencia de menores en una nave con condiciones inhumanas, con humedad y frío extremo. Pero las personas que viven en los bajos se resisten a recibir cualquier tipo de soporte social, también a cambiar su situación. El asentamiento está cronificado.

La única salida, creen en la asociación, es judicial. La inmobiliaria Ladco, que gestiona la propiedad de su empresa matriz (el Grupo Santander), denunció la okupación del local comercial y el juez dictó una orden de desalojo que los denunciados recurrieron. La propiedad insistió más tarde por la vía judicial y los vecinos esperan que el desalojo de la nave convertida en vertedero llegue más pronto que tarde.

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