El asentamiento en el bajo de Benicalap, a la espera de un PAI de 100 viviendas

Los vecinos de la calle Picayo llevan cinco años sufriendo la hostilidad de los moradores de un bajo okupado. Es un viejo local comercial del banco Santander, sin suministros. Según relatan fuentes de la asociación vecinal, la treintena de personas que lo habitan no hacen por convivir, amenazan verbalmente a quienes les afea cualquier actitud –han agredido a varios vecinos y también se han enfrentado con la policía–, y además acumulan montones de basura en el solar trasero del local diáfano de más de 2.000 metros cuadrados.

Un solar cuyo desarrollo podría acabar con el foco de conflictividad, o como mínimo trasladarlo. El proyecto está en el Consell Jurídic Consultiu pendiente de aprobación. Posteriormente pasará a pleno. Se trata de un PAI mediante el que se construirán aproximadamente 100 nuevas viviendas en un bloque en forma de U de cuatro a seis plantas. Se prevé que cuarenta y siete de estas viviendas serán de protección pública. Además, el proyecto incluye una gran zona verde y plaza de 2.000 metros cuadrados en el centro.

En la asociación vecinal explican que la misma inmobiliaria que gestiona el gran bajo okupado –Landco, del Grupo Santander– desarrollará también el Plan de Actuación Integrado en el cruce de la calle Periodista Gil Sumbiela con General Llorens. “Estimamos que en los últimos meses de 2026 tendrán todos los permisos para construir en la parte de atrás de la nave de la calle Picayo. Cuando empiecen a construir, el tema del asentamiento en el bajo tendrá que estar solucionado, porque si no no lograrán vender los pisos. La parte de atrás de la futura promoción dará al local comercial”, señalan.

De hecho, continúan las mismas fuentes, la inmobiliaria se ha puesto en contacto con propietarios de la finca de Picayo, ha comprado algunas zonas que quedaban aún libres y están dispuestos a ayudar a los vecinos con la pintura para adecentar la fachada. “Esas viviendas con la nueva zona verde ayudarán a regenerar una parte del barrio que lleva años degradándose, con zanjas colmadas de basura”, afirman en la entidad vecinal.

Mientras eso ocurre, a la espera de entrar en la última fase de tramitación tras un largo proceso administrativo –el PAI de Periodista Gil Sumbiela ya lo anunció la socialista Sandra Gómez en 2022–, los vecinos de este barrio obrero tienen el otro ojo puesto en la vía judicial. La inmobiliaria denunció la okupación del local comercial y el juez dictó una orden de desalojo que los denunciados recurrieron; la propiedad insistió más tarde por misma vía y los vecinos esperan que el desalojo de la nave convertida asentamiento y vertedero llegue más pronto que tarde.

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