La inquilina de la calle Sogueros acusa al fondo francés de presionarle cortándole el agua

La práctica es tan relativamente nueva que todavía no cuenta con entrada en el diccionario de la RAE. Sin embargo empieza a ser tan habitual que lo más seguro es que el acoso inmobiliario no tarde en contar con acepción propia como ya la tienen el acoso sexual, el moral o el psicológico. Podría ser, incluso, que si una imagen tuviera que acompañar a la definición para ilustrar el término, esta sería el retrato de Susa Plaza, la vecina de Ciutat Vella que se ha convertido en el icono de la resistencia vecinal del centro de València a la que, según denuncia, un fondo de inversión francés no deja de hacer la vida imposible desde el año 2021.

Susa cuenta que la última acción de hostigamiento ha sido cortarle el agua de la vivienda. Y lleva así desde el pasado 3 de noviembre, más de un mes sin poder poner una lavadora o ducharse en casa. La patronista, quien vive en la céntrica calle Sogueros, trampea como puede la falta de este bien esencial: "me ducho en el gimnasio y en casa de mi hermana me apaño como puedo", explica a Levante-EMV. No obstante, todas las mañanas tiene que bajar a la calle para rellenar garrafas que le servirán entre otras cosas, para fregar.

Con la excusa de que debían cortar el agua porque tenían que apuntalar el edificio, ("han derribado fachadas traseras, muros de carga, todo para que declaren la finca en riesgo de derrumbe y tenga que marcharme", lamenta), unos operarios "aprovecharon la ocasión y arrancaron parte de la tubería" que abastece de agua a los pisos. Ella no fue consciente del destrozo hasta la semana pasada cuando pudo acceder a las llaves del agua del edificio que están en un cuarto con cerradura y del que el fondo no le ha dado copia de las llaves. Así que si quiere volver a tener agua, tendrá que contratar a un fontanero que añada y suelde el trozo de cañería que falta.

Un representante del fondo le aseguró, según Plaza, que contaban con el permiso del ayuntamiento para apuntalar la finca y que para ello necesitaban quitar el agua: "claro, pueden cortarla temporalmente, pero en cuanto dejan de trabajar, tienen la obligación de volver a darme el servicio". Por supuesto ha denunciado a la propiedad ante la policía, como hace con cada una de las acciones de presión que supuestamente comete el fondo, y también ha presentado varios escritos al Ayuntamiento de València e incluso ha recurrido al Síndic de Greuges. De momento no ha obtenido respuesta de nadie.

Todos los pisos vendidos

Susa se mentiene firme en una lucha en la que lleva inmersa, a su pesar, más de cuatro años y en la que ha estado batallando sola, los últimos dos. "El resto de inquilinos aceptaron el dinero y se fueron", pero ella no tiene otro lugar en el que vivir y es que además tiene un contrato de alquiler en vigor hasta 2029.

Al parecer el fondo tiene ya todos los pisos vendidos de este inmueble señorial que data del año 1850. En total hay 10 viviendas, originalmente eran nueve pero una de las viviendas se dividió en dos, y excepto la de Susa, por razones obvias, el resto ya tienen nuevos propietarios que se están encontrando con la desagradable sorpresa de que se va a incumplir la fecha de entrega de llaves prevista.

"La empresa anunciaba que entre octubre y noviembre de este año estarían los pisos listos para entregar, pero la realidad es que aquí está todo apuntalado, no hay paredes y aventuro que tardarán mucho en terminar las obras", reflexiona la afectada.

El acoso –denuncia– comenzó en 2021 con cartas amenazantes, visitas nada amigables de mediadores y obras en el edificio con ella dentro, y ha dado varios saltos cualitativos en el tiempo. Primero con la instalación de un grupo de una empresa de 'desokupas' que tal como publicó este periódico, estuvieron cinco días amedrentándola con comentarios del tipo «modistita, modistita, te vamos a quemar la tiendita». Después, llegaron a entrar en su casa mientras ella estaba trabajando en su taller de costura y destrozaron partes de la casa y tiraron algunas de sus pertenecias por el hueco de la escalera. Más tarde, según Susa, intentando forzar la declaración de riesgo de colapso del edificio para que la mujer tenga que irse. "El 24 de julio vinieron los bomberos para certificar que la finca estaba bien pese a todas la intervenciones que tiene. Dos horas después, los operarios habían tirado otro muro con el objetivo de que declaren el edificio en ruinas y yo tenga que marcharme", lamenta Susa. El último salto, insiste, ha sido cortarle el suministro de agua, acción que es a todas luces ilegal, y que de ser cierto, podría suponer un delito de coacciones según se recoge en el artículo 172.1 del Código Penal.

Denuncias como las presentadas por Susa se han colado por primera vez en los juzgados. Hace apenas una semana, un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella presentada por un grupo de vecinos del barrio de Lavapiés contra un fondo por acoso inmobiliario. El tribunal ha iniciado una investigación acerca de las 'torturas' a las que fueron sometidos los residentes de un edificio que se negaron a abandonar sus casas y ha citado a declarar el próximo mes de febrero a cuatro cargos de la socimi que adquirió el edificio.

Precisamente en materia de vivienda, el PSPV ha denunciado este lunes que la Generalitat se está "saltando" la ley al frenar las denuncias de acoso inmobiliario en la Comunitat Valenciana, "tal como queda demostrado en los testimonios recogidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)". Así lo ha trasladado el portavoz de vivienda el grupo socialista en Les Corts, Benjamín Mompó, quien ha recordado en un comunicado que "es la Generalitat la que tiene las competencias en materia de vivienda y, en más de dos años de gobierno, lo único que han hecho es poner palos en las ruedas y quedarse de brazos cruzados mientras la gente no puede acceder a una vivienda digna".

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que "el PP se pone una vez más del lado de los fondos buitre y de los grandes tenedores desprotegiendo a las familias valencianas frente al acoso y el bullying inmobiliario" y ha insistido en que "solo le interesa la vivienda para hacer negocio".

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