El ayuntamiento expulsa del padrón a 8.594 migrantes por no pedir la renovación a tiempo

Para acceder a la tarjeta sanitaria, para la beca de comedor del colegio, para hacer un curso de formación, conseguir una prestación o plaza en el comedor social el primer documento que piden todos y cada uno de los ayuntamientos es el certificado de empadronamiento. Es la "prueba" de que esa persona reside en el municipio, pero conseguirlo se ha convertido en una misión imposible para las personas migrantes y vulnerables. Sobre todo en el Ayuntamiento de València. Además, las personas extranjeras (de fuera de la Unión Europea) y sin autorización de residencia deben renovarlo cada dos años. De hecho, y por no hacerlo en tiempo y forma, el ayuntamiento dio de baja del padrón a 8.594 personas migrantes el pasado mes de agosto. Así figura en el III balance anual de Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia, que refleja con datos las actuaciones del Ayuntamiento de València respecto a unos empadronamientos especiales, que son "donde más casos de discriminación institucional se están registrando".

Los empadronamientos especiales son aquellos que hacen referencia a habitaciones de alquiler, situaciones de infravivienda o personas que viven en situación de calle o sin domicilio fijo. Y así, aunque "viven" en el municipio solo pueden demostrarlo mediante un empadronamiento especial que figura en la legislación y que, sin embargo, en la ciudad de València hace aguas. De hecho, el Síndic de Greuges abrió una queja de oficio el año pasado por "la denegación del empadronamiento especial a personas en situación de vulnerabilidad".

Con cifras y datos

En el informe sobre Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia figuran una serie de datos aportados por el mismo Ayuntamiento de València en respuesta a las preguntas formuladas por el grupo municipal de Compromís sobre las solicitudes de empadronamiento especial en 2025. Así, consta que en 10 meses (hasta el 15 de octubre) se gestionaron 4.563 solicitudes (el 96 % de personas extranjeras) de las cuales 1.945 se registraron en los tres últimos meses del período analizado. En esos mismos 10 meses, 3.060 solicitudes permanecían en tramitación —la mayoría en fase de comprobación de residencia o subsanación documental—, mientras que 262 fueron estimadas tras la emisión de informes favorables y la acreditación correspondiente y 651 desestimadas, por no poder acreditarse la residencia efectiva.

"En el análisis de los casos atendidos, se han observado deficiencias y errores en la información que se facilita en el ayuntamiento. Se han registrado situaciones en las que se piden datos de carácter personal que no resultan relevantes y que además atentan contra su intimidad. Se han documentado comentarios o instrucciones desmotivadoras para que no presenten la solicitud de empadronamiento especial, realizando también modificaciones continuas sobre la instancia inicial presentada que prolongan el procedimiento de forma innecesaria. Esto ocurre especialmente cuando el personal del ayuntamiento desaconseja marcar la casilla 'Sin domicilio fijo', alegando que siempre es denegada, a pesar de ser un supuesto reconocido y amparado por la normativa vigente. Se ha constatado cierta reticencia y falta de voluntad a la hora de orientar sobre el procedimiento para tramitar el empadronamiento especial por silencio administrativo. No existe un procedimiento transparente ni garantista", refleja el informe.

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