Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares

Vecinas y organizaciones del barrio de La Fuensanta, en València, han alertado sobre una “situación insostenible” para varias familias en situación de vulnerabilidad que están recibiendo presiones para abandonar sus hogares ante la caducidad del escudo social al alquiler, que han protegido a hogares vulnerables frente a desahucios y cortes abruptos de alternativas habitacionales.

Según denuncian las familias afectadas, las viviendas —antes en manos de un fondo buitre español— han pasado recientemente a manos de un fondo de inversión ruso (Georgy City Finance), que “está intentando acelerar la expulsión de inquilinas e inquilinos mediante tácticas de hostigamiento y desinformación sobre los pagos”.

Tal como contó Levante-EMV en mayo, este grupo ha adquirido las viviendas desde 23.350 euros tras renunciar la Generalitat a ejercer el derecho de tanteo para destinarlas a alquiler social. El inversor compró un paquete de nueve viviendas a la firma Promontoria Coliseum Real Estate (filial del fondo estadounidense Cerberus) por 575.460 euros. La operación es similar a la del edificio de 134 pisos puesto en venta por Inmo Criteria Caixa en La Torre y que finalmente adquirió el ayuntamiento.

Como en aquel caso, el paquete de viviendas adquiridas por Georgy City Finance están habitadas por familias vulnerables y en riesgo de desahucio. Entre los casos señalados está el de Victoria Pedrajas, vecina del barrio y madre de una menor, que desde hace años recibe llamadas insistentes, amenazas, documentos dejados bajo la puerta y visitas de hombres que acuden a su domicilio “con intención intimidatoria”.

Las familias subrayan además un patrón especialmente grave: “Pagan el alquiler, pero el fondo español devolvía el dinero y sostenía después que no se estaba pagando, generando un relato de impago que incrementa la vulnerabilidad y la inseguridad jurídica de las personas residentes”. Ya se han realizado algunos desahucios a personas mayores y familias.

"No es un caso aislado"

Las organizaciones vecinales y entidades que acompañan el caso –Psicólogas sin Fronteras, Asociación de Vecinos de Fuensanta, València Acull, Amigos de la Calle, CEIP FP Misericordia, Vicent Ventura CFPA, Mensajeros de la Paz, el alumnado y profesorado a título personal del IES 26 y la parroquia de la Fuensanta– advierten de que estas situaciones se repiten cuando la vivienda se trata como mercancía y no como derecho: familias sin capacidad de acceder a alquileres de mercado, con escaso acceso al parque público y con alternativas prácticamente inexistentes. “Esto no es ‘mala suerte’: es el resultado de una política de vivienda insuficiente y de permitir que fondos especulativos controlen hogares habitados”, señalan.

En ese sentido, las familias y el movimiento vecinal del barrio reclaman una respuesta urgente y contundente por parte de las administraciones, y en particular de la Generalitat Valenciana, para intermediar y situarse "del lado de las personas". Entre otras cosas reclaman intermediación inmediata para frenar presiones y garantizar la continuidad habitacional de las familias vulnerables; soluciones de estabilidad residencial que impidan expulsiones; ejercicio del derecho de tanteo y retracto para que estas viviendas pasen a manos públicas; y políticas efectivas que prioricen el derecho a la vivienda frente al beneficio. “Si el escudo social caduca, no puede caducar la protección de la vida digna. La vivienda no es un privilegio: es un derecho. Y el barrio no se abandona”, concluyen las familias y colectivos.

Fin al decreto antidesahucios

El Real Decreto-ley conocido como 'Escudo Social', vinculado inicialmente a la disminución de ingresos sobrevenida por la pandemia de covid, ha continuado prorrogándose año tras año para evitar el desahucio de miles de hogares. Según el Observatori DESCA de finales del año pasado, en sus cuatro primeros años este escudo ha frenado el desalojo de cerca de 60.000 hogares, lo que supone el 24% de los procedimientos de desahucios abiertos en todo el Estado entre 2020 y 2024.

El 31 de diciembre caduca este escudo y su no renovación podría dejar en la calle a miles de personas con problemas para llenar la nevera cada día, no ya para pagar los alquileres o hipotecas actuales. Es el caso de las familias que denuncian el acoso de un fondo en Fuensanta. Por ello, diferentes organizaciones por el derecho a la vivienda han convocado el 20 de diciembre una manifestación en València mediante la que pedirán que el Gobierno vuelva a prorrogar el Real Decreto. Aunque la mayoría de partidos que invistieron a Pedro Sánchez están abiertos a extender la medida, todavía falta el apoyo de Junts.

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