El fiasco de la ZBE podría hacer perder a València 13 millones en ayudas al transporte el 1 de enero

“La esperanza es lo último que se pierde”. La alcaldesa María José Catalá tiró ayer de frase hecha para actualizar el estado de la negociación sobre la Zona de Bajas Emisiones, pero la realidad está lejos de justificar esa esperanza. El PP ha dejado de llamar a la oposición y sus socios de Vox no están ni se les espera después de que la dirección nacional diera orden de tumbar la ordenanza. Todo apunta, por tanto, a un fiasco que podría costarle a València más de 115 millones de euros –algunos cálculos hablan de 135 millones–.

En este momento existen tres escenarios abiertos. Si el Gobierno prorroga las ayudas al transporte, tal como ya ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, València perdería la parte de subvención estatal condicionada a haber tramitado su Zona de Bajas Emisiones. Sería un 20% de bonificación sobre el bonobús de 10 viajes, unos 9 millones al año. En este escenario, el ayuntamiento podría asumir “a pulmón” la ayuda estatal más el otro 20% que ya venía asumiendo. Y a ese dinero sobrevenido habría que añadirle los 4.1 millones que dejará de ingresar en la EMT correspondientes al segundo semestre de 2025, también vinculados a la ZBE. Es decir, el consistorio podría verse con un boquete de 13 millones ya el primer día de 2026.

El segundo escenario es parecido, pero sin tanto esfuerzo económico. Podría dejar caer la bonificación permitiendo que el bonobús pase de 5,1 euros a 8,5 euros, un 60 % más caro. Es el escenario más impopular y seguramente el más improbable. Por si acaso, desde el grupo municipal de Compromís ya han pedido a Catalá que asuma la pérdida del descuento estatal al transporte y mantenga el precio del bonobús. “La ciudadanía no debe pagar la incapacidad de PP y Vox ni a la hora de subir al transporte público ni con nuevas tasas. Si a Catalá sus decisiones le suponen un desajuste en las cuentas, que vuelva a recuperar alguno de los impuestos que quitó a los ricos”, pidió el edil Giuseppe Grezzi ayer. Por su parte, el portavoz socialista Borja Sanjuán reclamó a Catalá que dejara de "esquivar sus responsabilidades para, en algún momento, asumirlas de una vez".

La alcaldesa evitó ayer aclarar si asumirá la pérdida del descuento, pero desde el gobierno municipal aclaran que, contrariamente a lo que se ha venido diciendo, la EMT tiene capacidad técnica para introducir una modificación presupuestaria que permita costear el 40% de bonificación y ahorrarle el sobrecoste a los 800.000 viajeros mensuales de bonobús –correspondiente a las validaciones, no al número de personas usuarias–. Dicho de otro modo, si no se hace será por falta de voluntad política o porque no será necesario.

Y ese es el tercer escenario. El PP aún confía en que el decreto que publique el BOE tras el Consejo de Ministros del próximo martes indulte a los ayuntamientos sin Zonas de Bajas Emisiones. En el partido indican que todavía hay muchos municipios sin limitaciones al coche contaminantes, entre ellos algunos socialistas, como Paterna. Sancionar a València implicará penalizar a otros municipios sin tanto músculo presupuestario, como Orihuela. Catalá dijo desconfiar de Sánchez y esperará a leer la letra pequeña para dar el siguiente paso. Entonces dará inició otro capítulo en la guerra por el relato y la salud de los ciudadanos.

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