Catalá deja caer la Zona de Bajas Emisiones y se expone a perder 135 millones

València entrará en 2026 incumpliendo la Ley de Cambio Climático que le exige tener implantada una Zona de Bajas Emisiones antes del 1 de enero. Los meses de negociación han resultado en balde, y los grupos municipales certificaron ayer el mayor fiasco del ayuntamiento desde que lo gobierna María José Catalá. Compromís y PSPV habían planteado una moción de urgencia con sus propias condiciones pero sacando de la ecuación el Corredor Verde y la reversión de Colón, eso que Catalá y Carbonell habían llamado “mezclar churras con merinas”. Pero resultó indiferente. El PP y Vox votaron en contra de la urgencia y tumbaron la moción. No hay tiempo ni voluntad. El Cap i Casal entra en un nuevo escenario con la posible pérdida de hasta 135 millones en sanciones y retirada de subvenciones.

El debate sobre la moción lo abrió la socialista María Pérez –fue su último servicio a la causa, pues deja la política– recurriendo al informe de la Sindicatura de Comptes en el que se valora la implantación de la limitación a los coches contaminantes en el área geográfica de la Comunitat Valenciana. El organismo autonómico determina que la ZBE debe cumplir dos objetivos: la mejora en la calidad del aire y la mitigación del cambio climático. Ese, dijo Pérez, ha sido el principal punto de desacuerdo en la negociación de Carbonell con la oposición. Compromís y PSPV han exigido en todo momento que el perímetro anticontaminación fuera efectivo, más exigente que el plan acordado previamente por PP y Vox para salvar las ayudas. Según la Sindicatura, los objetivos de dicho plan no suponen una mejora significativa.

"Ustedes se han vanagloriado de que esta ordenanza fuera de las más laxas, como si eso fuera positivo. Esto provocaba que precisamente el objetivo de reducir la contaminación del aire no se consiguiera El informe advierte que los regímenes transitorios son laxos y prolongados. En València había un régimen transitorio de tres años y excepciones que provocaba que el porcentaje de vehículos impactados fuera del 5%, y además teníamos un régimen de más de 48 accesos al año. La Sindicatura dice que los riesgos de no cumplir son legales y reputacionales. València ha decidido perder fondos y su buena imagen”, cerraba Pérez en su primera intervención.

A continuación, el valencianista Giuseppe Grezzi anunciaba que el gobierno municipal tiene prevista una subida de las tarifas de la EMT a partir del 1 de enero de 2026 y se hacía eco del mismo informe. “En su proyecto técnico dice que la mitigación del cambio climático es del 0,3 % con ordenanza de vergüenza. En una ciudad donde suben las temperaturas y que tiene que adaptarse a través de actuaciones complementarias como nuevas zonas verdes o peatonales y la reordenación del tráfico. Ustedes hacen lo contrario, pero si no usan bien el dinero público la ciudadanía se rebelará”, anticipaba el concejal de Compromís.

Pocas ciudades la tienen implantada

Por su parte, el edil titular de Movilidad, Jesús Carbonell, haciendo un uso reducido de su tiempo, contestaba que el informe de la Sindicatura planteaba una delimitación similar a la de PP y Vox –mediante las rondas– y además reconocía que el proyecto de València “es particularmente ambicioso porque ha definido hasta 58 indicadores para monitorizar el impulso del cambio modal”. Hablaba aquí de la monitorización, no de la restricción.

Acto seguido, el político del PP explicitaba algo que han venido deslizando desde su grupo en las últimas semanas cuando se les preguntaba por las sanciones: “La Sindicatura llega a la conclusión de que, de las 15 ciudades susceptibles de implantar la ZBE, solo cinco lo han hecho. Caben dos opciones, que no les haya dado la real gana, como en el ayuntamiento socialista de Paterna, o que habiéndolo intentado con Tirios y Troyanos, no haya habido manera de hacerlo, como ha ocurrido en València”.

Sin capacidad para llevar una ordenanza

En su segundo turno, Pérez recogía el guante y proponía a Carbonell romper el bloque de “Tirios y Troyanos” votando a favor de su moción. La socialista se anticipaba al no: “Se dirá que aquí se presenta una moción y no una ordenanza. Evidentemente, es imposible que los partidos de la oposición le traigan una ordenanza. La única manera que tienen de llegar a un acuerdo con usted es traerles una moción a partir de la cual, si tuviera interés en tener una ZBE, podría y debería modificar la ordenanza actual para a posteriori traerla a este pleno y poder aprobarla. Usted siempre decía que no a la oposición resguardándose tras los dos escudos del Corredor Verde y Colón. Ya no existen. Si no vota a favor, la responsabilidad será suya y de nadie más”, le espetaba la socialista.

Durante su réplica, Grezzi insistía en los objetivos nada ambiciosos de PP y Vox y, como hecho significativo, sacaba a colación el colapso de los servicios de transporte público, con frecuencias de la EMT que rozan los 25 minutos y empuja a la gente a buscar desesperadamente un taxi para llegar a sus puestos de trabajo, en su propio relato. El valencianista aprovechó el cierre de su intervención para sacar cartelería y chocar con la alcaldesa, como viene haciendo de manera efectista en los últimos plenos.

Finalmente, Carbonell dijo que los grupos de la oposición habían intentado colar en su acuerdo una propuesta de estacionamiento regulado para todos los barrios que ellos mismos solo habían implementado en cuatro zonas durante sus ocho años de gobierno. “Han presentado un texto refundido de sus propuestas iniciales de abril de 2025”, lamentaba, con ánimo de ilustrar una teórica falta de voluntad negociadora.

Descartan la urgencia

Tras la moción, los grupos defendieron si esta debía tener carácter de urgente. Pérez dijo que el estacionamiento regulado era una manera de flexibilizar sus propios términos para llegar a un acuerdo con Carbonell, enrocado ideológicamente. Papi Robles ha defendido que la no implantación de ZBE implica seguir cobrándose la vida de 450 personas al año o perder hasta 135 millones en multas y subvenciones. Y Carbonell ha rechazado la moción alegando que de ella no se derivaría ninguna consecuencia jurídica, porque la tramitación de una ordenanza con cambios sustanciales exige un periodo dilatado de tiempo.

También se derivan algunas lecturas de este debate, prolongado durante plenos, en el que han tenido a vecinos y técnicos remando para evitar el fiasco. Vox no ha salido a debatir. Solo participó el 30 de octubre para tumbar la ordenanza que había venido trabajando con el PP a fin de esquilmarla lo máximo posible. En la foto del relato y la responsabilidad aparece en primer plano. Asimismo, perdida esa muleta, cabe recordar que el PP ha llamado a la oposición un total de tres veces en dos meses antes de dejar caer definitivamente la ZBE de València.

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