El Gobierno prorroga un año la implantación de la ZBE y salva a Catalá de una pérdida millonaria

El transporte público recibe bonificación de las administraciones. Pero para que el Gobierno de España pague su parte, el 20 por ciento del bonobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para público en general y el 30 para jóvenes, los ayuntamientos debían comprometerse a instaurar la Zona de Bajas Emisiones antes de que acabara este año. València tiene el tema atascado, como ha quedado claro en las semanas anteriores, y la alcaldesa ya había anunciado que asumirían "a pulmón" todas las ayudas: el 20 por ciento del gobierno central y el 20 de ellos mismos. En el caso de la ayuda estatal eran 14 millones de euros.

Sin embargo, el Consejo de Ministros ha despedido el año anunciando una prórroga para las ciudades que no han implantado esta ZBE. En concreto, establece un año de tiempo para implantar esta medida, que consiste en delimitar zonas donde no puedan entrar los coches más contaminantes y así disminuir los niveles de polución de las ciudades de más de 50.000 habitantes, que es donde es obligatoria. Durante su visita a los servicios municipales, María José Catalá ha reconocido que el Decreto "nos ha sorprendido, con lo que no tendremos que asumir nosotros todas las ayudas. Han tenido a bien flexibilizarlo, porque había otros municipios, incluyendo algunos socialistas, que tampoco tenían la Zona", apostilló.

Esta decisión tiene la ventaja de desahogar las arcas municipales, pero, a la vez, obliga al equipo de gobierno a retomar los tiras y aflojas para disponer de la ZBE. Una bola extra de algo que parecía tener muy mala resolución y que obligará -o permitirá- a seguir la ronda de negociaciones: o tener que entenderse con Vox -para la versión moderada de la ZBE, que los socios de gobierno municipal acabaron incluso por descartar- o con la oposición municipal para hacer otra ordenanza mucho más ambiciosa. Reconocía el concejal Jesús Carbonell en ese sentido que "vamos a continuar impulsando el objetivo de tener una ZBE. Porque si no, el dinero de las bonificaciones habrá que devolverlo".

Reacción de Compromís

Las primeras reacciones del resto de las fuerzas políticas ha llegado de la mano de Compromís, que ha recordado que la prórroga "no resuelve el problema de fondo en València". "Como mucho, da un balón de oxígeno temporal que, lejos de exculpar a la alcaldesa, evidencia que no ha hecho su trabajo. Pero el problema del tráfico, la contaminación y el colapso del transporte público sigue ahí y Catalá no tiene ni tiempo ni voluntad para resolverlo. Los 450 valencianos y valencianas que mueren cada año por contaminación no tienen tiempo para prórrogas» ha asegurado la portavoz, Papi Robles.

"Este margen extra no tapa que el gobierno municipal había bajado completamente los brazos. La ciudad no ha avanzado ni un milímetro en proteger la salud de los valencianos. La pregunta clave no es si Catalá tiene más tiempo, sino si será capaz de aprovecharlo. Y aquí la respuesta es incierta mientras siga gobernando atada de pies y manos por Vox. El PP y Vox han dejado claro que rechazan cualquier medida de reducción del tráfico y de mejora de la calidad del aire. El decreto de 2026 no cambia este hecho. Si en dos años y medio no ha sido capaz de aprobar una ordenanza, no hay ningún indicio de que vaya a hacerlo ahora" ha asegurado también Robles, recordando, en términos económicos, que no todo son los 14 millones de esta bonificación, sino todo el resto de montantes de fondos europeos. Según distintos cálculos, València podría perder más de 100 millones de euros si no aplica una Zona de Bajas Emisiones.

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