Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó

El Ayuntamiento de València ha sido condenado por el juzgado Contencioso–administrativo número 7 de València a reconocer el derecho de un trabajador público, concretamente el director del Museo Fallero, Gil Manuel Hernández, que fue expulsado de la administración municipal, a ser reintegrado como funcionario de carrera y asignarle un lugar correspondiente a su categoría. Esta es, según el grupo municipal de Compromís, la tercera ocasión que el consistorio es condenado por vulneración de derechos, después de la sentencia dictada en el mes de junio por el enjuiciado número 10 como consecuencia de la demanda formulada por otro funcionario que se encontraba en idéntica situación y por otra más reciente referida a otro funcionario.

Los tres funcionarios procedían de otras administraciones y consolidaron su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de València intermediando el preceptivo concurso en el que obtuvieron su plaza. Dos de ellos eran jefes de sección de la Concejalía de Cultura Festiva y un tercero del servicio de Agricultura. Sus puestos de trabajo fueron amortizados, y por tanto, desaparecieron del organigrama municipal, pero en vez de ofrecerles otros lugares de similares características, como exige la ley, fueron expulsados de la administración municipal de forma injustificada, explica Compromís.

Motivaciones políticas

El concejal de esta formación, Ferran Puchades, ya denunció en su momento que estos acuerdos impulsados por la concejala responsable de personal, Julia Climent, eran "una situación inédita en la historia democrática de València y que solo obedecían a motivaciones políticas por su incorporación durante el mandato de Joan Ribó. Una decisión de persecución política impulsada en primer momento por el regidor de Fallas, Santiago Ballester".

Para Puchades, “esta nueva sentencia confirma aquello que denunciamos. Estamos ante una persecución de origen político que solo se ha producido contra funcionarios que se incorporaron con el gobierno de Compromís, a pesar de que estas personas tienen una calificación y reconocimiento profesionales fuera de todo duda confirmada por su trabajo y entrega en el ejercicio de sus competencias durante los pasados años.”

En este sentido, Puchades ha recordado que, conforme a la contestación a una pregunta formulada por el mismo, la concejala Julia Climent ha informado que esta situación solo se ha producido afectando a estos tres funcionarios y que no ha ocurrido en otro momento ni puesto de trabajo, solo ha afectado a tres servidores públicos que obtuvieron su lugar por el procedimiento ordinario de concurso durante el gobierno de Joan Ribó.

Despido sin justificación

Para Puchades, “la resolución judicial pone de manifiesto de manera clara y rotunda que la desaparición de los puestos de trabajo que vendían ocupando no tenía ninguna justificación, así como la arbitrariedad del gobierno municipal, incumpliendo su obligación de haberles ofrecido un lugar dentro de la administración municipal de la que formaban parte de pleno derecho, tal como acredita de forma clara la sentencia”

En este sentido, Puchades ha recalcado que esta sentencia demuestra por tercera vez, que legalmente era injustificada la "purga sectaria" del gobierno municipal de no reubicar trabajadores públicos por motivaciones políticas. “La justicia ya le ha tumbado tres veces la purga a Catalá. Si su regidora no acata las sentencias después de esta condena tendrá que asumir las responsabilidades”.

“La justicia ya le ha tumbado tres veces la purga a Catalá. Si su regidora no acata las sentencias después de esta condena tendrá que asumir las responsabilidades”

Así, el concejal valencianista ha exigido a la regidora responsable que se abstenga de recurrir la decisión del juzgado. “Las sentencias son claras en su mandato y recorrerlas solo ocasionará más gastos al erario público, y solo tendría el efecto de intensificar la persecución de unos trabajadores públicos que no merecen una actitud que ni Rita Barberá tomó durante los veinticuatro años de gobierno.”

Puchades ha afirmado que “Català tiene que cesar a Climent de sus responsabilidades al frente de la delegación de Personal, ha demostrado que mantiene una actitud sectaria, obstruccionista de los mandatos judiciales y perjudicial para el buen funcionamiento de la administración y su neutralidad respecto de los intereses políticos.”

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