Las expropiaciones forzosas desangran al Ayuntamiento de València

Las expropiaciones rogadas, es decir, las expropiaciones que tiene que afrontar el Ayuntamiento de València obligatoriamente cuando lo solicita un propietario de suelo grafiado como dotación pública, están causando un agujero importante en las arcas municipales. Una vez levantada la moratoria, que ha estado vigente 12 años, el consistorio ha pagado en los años 2024 y 2025 más de 46 millones de euros por estas expropiaciones y hoy han sido aprobados en la Junta de Gobierno Local otros 21 expedientes por un valor de 19 millones de euros. En total, 65 millones de euros del presupuesto municipal.

El problema comienza con la normativa sobre el suelo privado grafiado como dotación pública en el Plan General. Los propietarios de suelo reservado para hacer dotaciones públicas (colegios, centros de salud, zonas verdes...) podían pedir al consistorio la expropiación del mismo si pasados cinco años no se habían hecho esas dotaciones. Y los ayuntamientos están obligados a comprar ese suelo por la vía de la expropiación. Eso hizo que muchos propietarios, pasados esos cinco años, reclamaran la compra de sus parcelas (expropiaciones rogadas) y obligaran a los ayuntamientos a hacer un desembolso que no podían afrontar.

Fue entonces cuando en el año 2012 el gobierno autonómico decidió aplicar una moratoria a estas expropiaciones para dar un respiro a los consistorios, moratoria que ha durado 12 años y que acabó cuando el Tribunal Constitucional le puso fin en 2023.

Y ahí comenzó de nuevo el problema. Los ayuntamientos han tenido que hacer frente a los expedientes atrasados de estos años y afrontar los nuevos. Entre 2024 y 2025, el Ayuntamiento de València ha abonado ya 46 millones de euros (8,3 millones en 2024 y 38,7 en 2025) y hoy la Junta de Gobierno ha aprobado otros 21 expedientes por valor de 19 millones.

Desde el Gobierno municipal han cargado las tintas contra el anterior gobierno municipal, de Compromís y PSPV, por no haber realizado las dotaciones previstas y haber aminorado la carga de esas expropiaciones. Entienden que esa factura se hubiera podido minorar con una estrategia correcta de activación de planes y unidades de ejecución tras la crisis que incluyeran los suelos dotacionales afectados. De ese modo, una parte significativa de esos terrenos ya estaría integrada en desarrollos urbanísticos y no pendiente de expropiación rogada. Así, "la ciudad ha tenido que afrontar de forma concentrada una factura millonaria que podría haberse mitigado si durante la última década se hubieran impulsado nuevas unidades de ejecución y planes especiales para canalizar estos suelos dentro del aprovechamiento urbanístico en lugar de mantenerlos bloqueados como suelo dotacional pendiente de expropiación en plena crisis habitacional".

Hacer vivienda

En opinión del concejal de Urbanismo, Juan Giner, “el anterior equipo de gobierno perdió la oportunidad de transformar una parte sustancial de esos suelos dotacionales en motores de nuevos desarrollos residenciales, con cesiones obligatorias a la ciudad y más vivienda disponible”. “Los vecinos y vecinas de València están pagando por duplicado las consecuencias de una década perdida en términos de gestión de suelo, tanto por la factura municipal que ha supuesto esa falta de previsión como por las viviendas que hoy podrían aliviar la fuerte presión sobre los precios”, sostiene el concejal.

Según explica Giner, en estos años se aprobaron muy pocos planes que permitieran generar cesiones de suelo y aprovechamientos suficientes como para compensar a los propietarios sin recurrir al pago en metálico. “Los 46 millones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar son la expresión cifrada de la falta de planificación del gobierno del PSPV y Compromís como consecuencia de un discurso antiurbanista y trasnochado con el argumento de que en la ciudad sobraba suelo tras la burbuja inmobiliaria y los PAI bloqueados por ellos mismos”, asegura el responsable de Urbanismo.

Planes municipales

La alternativa que se plantea ahora es precisamente la que se dejó pasar: impulsar planeamiento para que sea el propio aprovechamiento urbanístico el que genere el suelo público necesario, evitando así futuras expropiaciones rogadas. En la práctica, esto supone que, en cada desarrollo, una parte del suelo se cede a la administración y, a cambio, se incrementa la edificabilidad o el valor del resto del ámbito, lo que permite compensar económicamente a los propietarios sin que el Ayuntamiento tenga que comprar directamente cada parcela.

Un ejemplo de este enfoque es el plan especial del entorno de San Miguel de los Reyes, impulsado por el actual equipo de gobierno pero que de haberse tramitado antes habría permitido incorporar esos suelos a una unidad de ejecución, aumentar la edificabilidad para incrementar su valor y, al mismo tiempo, generar vivienda nueva y dotaciones sin tener que acudir a la expropiación rogada.

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