Los vecinos del Marítim anuncian "acciones conjuntas" frente a la cesión de suelo para el rascacielos del puerto

A mediados del mes de diciembre la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, anunciaron tras la reunión de la comisión ciudad-puerto, que un rascacielos de 30 alturas, unos 108 metros, presidiría la Marina de València. Este megaedificio estará destinado a uso hotelero y terciario y se llamará "Baluarte de la Marina".

Tras este pomposo nombre se esconde una obra, cuyo coste está estimado en 120 millones de euros, que perturbará el equilibrio urbanístico de la zona "sin repercutir de forma positiva" en los barrios aledaños. Esta irrupción de cemento ha provocado el rechazo unánime de los residentes de los barrios del Marítim quienes, además, se muestran sorprendidos ante la falta de comunicación por parte del consistorio. "Entendemos que el Puerto de València no nos consulte nada puesto que es una entidad privada, pero sí esperábamos que el Ayuntamiento nos hubiera al menos informado de este proyecto. Nos enteramos por los medios", explica a Levante-EMV Agustín Abarca, de la asociación vecinal de la Malvarrosa, quien hace hincapié que esta modificación urbanística "afecta a diferentes barrios" y todos ellos se muestran contrarios.

Para Sento Martínez, de la Asociación Vecinal Grau-Port, este plan es "una aberración y una ocurrencia que no casa con la idiosincrasia popular" del barrio y que obedece a un "urbanismo irracional" destinado a convertir esta parte de la ciudad en un "decorado que no tiene sentido ni estético ni urbanístico". En este sentido, Julio Moltó, presidente de la asociación vecinal de Natzaret reafirma esta posición aseverenado que el rascacielos "es totalmente ajeno a la arquitectura tradicional que le da identidad al distrito marítimo" y se plantea "por qué ni el ayuntamiento ni el puerto contemplan la recuperación de la Escalera Real que es un patrimonio publico que le da identidad junto con el Edificio del Reloj al puerto histórico".

Pero más allá de una cuestión estética, esta preocupación compartida está íntimamente ligada a una inquietud que también es común a los residentes del Cabanyal- Canyamelar, el Grau, la Malvarrosa, Natzaret y Albors, entre otros: la vivienda. Los vecinos y vecinas temen que esta actuación inmobiliaria, además de impulsar aún más la gentrificación de los distritos, vuelva a beneficiar a las clases más pudientes como inversores o turistas de alto poder adquisitivo, en una zona altamente tensionada en lo que a precios de vivienda se refiere.

Porque otro de los temores que tienen los habitantes del frente marítimo es que el "Baluarte de la Marina" acabe convirtiéndose en una especie de 'isla' en la que no cabe esperar ninguna "integración" por parte de quienes se alojen en la megatorre ni que las actividades que se desarrollen en ella repercutan en el barrio. Es más, sospechan que se realizará un cercamiento de zonas que ahora son de acceso público para el desarrollo de zonas de aparcamiento privado y que también se acote el acceso a los pantalanes.

Las preocupaciones reales y presentes de los vecinos, "nuestros hijos no pueden acceder a una vivienda con los precios que hay" son algunos de los temas que se trataron en una reunión mantenida ayer por las asociaciones vecinales del Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malvarrosa, Nazaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí y la Federació d'Associacions Veïnals de València.

Acciones contra la cesión del suelo

En el encuentro celebrado en la sede de la asociación vecinal del Grau, los barrios afectados trataron al detalle la construcción del megaproyecto y denunciaron la "cesión gratuita de patrimonio público a la Autoridad Portuaria, la falta de transparencia y debate de un proyecto ajeno a las necesidades de València". Además acordaron "realizar acciones conjuntas" frente, precisamente, la donación de los terrenos.

En un comunicado emitido por las entidades respecto del proyecto “Baluarte de La Marina”, consideran que se trata de una "operación especulativa" que responde únicamente a los intereses del Puerto y no al interés general. Denuncian que "la cesión se ha realizado sin debate público y sin exigir compensaciones que podrían haber revertido en la ciudad", como un canon millonario o la recuperación para uso ciudadano de parcelas portuarias situadas fuera del recinto portuario.

Respecto al rascacielos proyectado, recuerdan que durante la tramitación del Plan Especial del Cabanyal la Dirección General de Costas obligó a reducir la altura de un hotel de 15 plantas en Eugenia Viñas por su impacto paisajístico y patrimonial. Por ello, consideran "injustificable" que ahora se pretenda autorizar una torre de 30 plantas en un entorno donde "lo que primero debería plantearse es recuperar la histórica Escalera Real para los ciudadanos antes de una operación mercantil para la APV".

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