El Gobierno revoca ayudas a València de 18 millones por obras ligadas a la Zona de Bajas Emisiones

El fiasco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en València sigue amenazando la salud financiera del ayuntamiento. Pese a que el Ministerio de Transportes dio una prórroga a los municipios de más de 50.000 para presentar declaraciones responsables que acreditaran una especie de buena voluntad de cara a implantar limitaciones al coche contaminante, y de ese modo poder acceder a las ayudas vinculadas, en la tercera ciudad de España ya hay movimientos que indican que esas subvenciones europeas están cerca de perderse. Y estos ni siquiera tienen que ver con el perímetro de cámaras.

Ayer se firmó una resolución de Alcaldía para interponer un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa contra el Ministerio de Transportes por la denegación de prórrogas en los plazos de ejecución de obras vinculadas a la ZBE. Es el último paso antes de acudir a los tribunales. Lo que está en riesgo son 18 millones de euros, correspondiente a la ayuda concedida al Ayuntamiento de València en la convocatoria de 2022 para proyectos vinculados a la ZBE y el transporte sostenible. En concreto, las ayudas se distribuyen en los siguientes paquetes: zonas peatonales y accesibilidad (11.963.445 euros), carriles bici (4.149.483 euros), carril bus exprés de Blasco Ibáñez (2.625.502 euros), Sensorización plazas PMR y carga-descarga (786.847 euros) y obras en Massarrojos (31.979 euros).

La propia resolución recoge que el Ministerio estimó parcialmente la prórroga en el caso de la sensorización, pero sin embargo ya ha dictado una resolución definitiva que desestima la ampliación de plazos para proyectos como la implantación de zonas peatonales (11,9 millones de euros) y los carriles bici (4,1 millones de euros). Sin el tiempo extra solicitado, estas obras quedan técnicamente fuera de plazo, lo que activa el proceso de retirada de fondos siempre que la demora en las actuaciones no esté “debidamente justificada”.

El consistorio, por su parte, considera justificada la ampliación extraordinaria de 12 meses solicitada para la ejecución de los proyectos. Y, dado que el Ministerio se mantiene firme en su desestimación, plantea dos alternativas: que se otorgue al menos seis meses de prórroga basándose en lo que permiten las bases reguladoras del programa. O que el Ministerio de Transportes reinicie el proceso hasta la resolución para entregar al ayuntamiento el informe técnico que sirve para tumbar la ayuda.

Argumenta el gobierno de María José Catalá que existe “indefensión”, porque el contenido del informe técnico que fundamentó la desestimación de la prórroga en el plazo de ejecución de las actuaciones “en ningún momento ha sido trasladado al ayuntamiento, por lo que se desconoce su contenido”, vulnerando así el derecho a una defensa efectiva. Asimismo, el consistorio aduce que la administración central aplicó erróneamente la normativa de subvenciones, basándose en una resolución que contradice las bases originales.

Finalmente, el texto destaca que la dana de 2024 supuso una alteración sobrevenida, imprevisible, que exige una flexibilidad excepcional para garantizar el cumplimiento de los objetivos. El informe apela a la coherencia en la gestión de los fondos europeos para evitar la pérdida de ayudas destinadas a infraestructuras críticas como carriles bici y zonas peatonales. Y también habla de “lealtad institucional”, una petición que expresa habitualmente la alcaldesa cuando tropieza con la cartera ministerial de Óscar Puente.

Conflicto por las prórrogas

En realidad, el ayuntamiento lleva tiempo solicitando prórrogas para ejecutar los proyectos urbanos con subvenciones ligadas a la –por el momento– fallida Zona de Bajas Emisiones. El Ministerio aprobó el 8 de noviembre de 2024 una primera ampliación de los plazos de ejecución: seis meses extra para las zonas peatonales (pasando la fecha límite al 31 de diciembre de 2025), 12 meses para los carriles bici (con la misma fecha límite); seis meses más para la sensorización; y 12 para el carril bus exprés de Blasco Ibáñez. Posteriormente, el Ministerio amplió el plazo para la sensorización y desestimó las prórrogas para las peatonalizaciones y los carriles bici –no especifica fechas sobre el carril bus de Blasco Ibáñez–.

Por su parte, el ayuntamiento señala en su requerimiento que el Gobierno deniega ahora más tiempo basándose en que el límite máximo son 6 meses, cuando en 2024 le concedió 12 meses para varios proyectos. Consideran en el consistorio que todavía hay margen para ganar otros 12 meses adicionales y, bajo ese criterio, habían pedido como fecha límite el 30 de diciembre de 2026 para terminar de ejecutar las peatonalizaciones y el 30 de junio de 2026 para los carriles bici. El Ministerio no ha accedido.

Obras, no cámaras

El requerimiento previo al contencioso-administrativo podría inaugurar un choque judicial con la ZBE como marco de confrontación. Cabe recordar que el ayuntamiento también se está jugando las ayudas al transporte por no implantar las limitaciones a los vehículos contaminantes, después de que Vox tumbara una ordenanza durante meses pactada con sus socios del PP bajo el pretexto de que el control por cámaras era "fanatismo climático". Según estimaciones de la oposición, además de la factura sanitaria, la mala calidad del aire podría costarle a València unos 135 millones de euros en sanciones y pérdidas de ayudas.

Los 18 millones de euros que ahora están en el aire, percibidos para obras en la mejora de la calidad urbana —su vinculación con la ZBE es por tanto indirecta—, tienen el siguiente desglose: implantación de zonas peatonales y mejora de la accesibilidad (Pérez Galdós, Sainetero Arniches, entorno mercado Torrefiel, entorno mercado Grao, plaza Favara, plaza Santa Mónica, entorno escolar calle Torrent, pasos de peatones); carrilles bici en varias zonas de la ciudad (Gaspar Aguilar, San Vicente, Tres Forques, Archiduque Carlos-camino nuevo de Picanya); sensorización y monitorización de plazas PMR y Carga-Descarga; obras y actuaciones moderadoras de velocidad en Massarrojos; y BRT de Blasco Ibañez.

Al respecto, aunque proyectos como Pérez Galdós están en ejecución después de alguna reformulación, faltará ver si el incumplimiento de plazos lleva al Ministerio a exigir la devolución del 100% de lo percibido por todos los proyectos en una única convocatoria con un montante total superior a los 19 millones.

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