Cecilia Herrero (Vox) presenta una moción para que las opiniones políticas no se lleven a la vía judicial

Cecilia Herrero, concejala de Vox a la que la Fiscalía pide tres años de prisión por presuntos delitos de odio contra los inmigrantes o el colectivo LGTBI, no se ha pronunciado sobre esa acusación públicamente, pero sí ha presentado una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de València en la que denuncia "la instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas" e insta a los grupos a "actuar con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras". Así mismo, sugiere la creación de "espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y fortalecer la convivencia democrática dentro de la corporación". En resumen, pide que se respete lo que Herrero considera "libertad de expresión", sin acudir a la vía penal, como habrían hecho en esta ocasión Compromís y el Partido Socialista, que son los que llevaron a los tribunales los mensajes de la concejala de Vox en la red "X".

En la moción, Cecilia Herrero, concejala de Responsabilidad Patrimonial, explica que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a derechos fundamentales como la "libertad de expresión, la participación política, la igualdad ante la ley y el pluralismo político". A su juicio, "la apertura de procesos penales" como han hecho Compromís y el Partido Socialista, por "puro oportunismo político y basado en discrepancias políticas, genera una seria preocupación institucional".

Alusión a Jueces para la Democracia

Para argumentarlo, la concejala de Vox se acoge a pronunciamientos a este respecto de la asociación judicial Jueces para la Democracia en los que afirma que "el sistema penal debe mantenerse alejado de usos partidistas o estratégicos" y alerta de que "este fenómeno erosiona la confianza en la justicia y deteriora la convivencia democrática". "En un contexto de pluralidad ideológica como el de esta corporación -explica- resulta imprescindible reforzar el compromiso ético y democrático de todos los miembros del pleno para garantizar que las discrepancias políticas se canalicen mediante e diálogo, el debate público y los mecanismos democráticos ordinarios, excluyendo los ataques ad hominem y evitando recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".

En su opinión, "el recurso al derecho penal, incluido el tipo de delito de odio, exige siempre una valoración estrictamente jurídica, rigurosa y basada en los criterios establecidos por la jurisprudencia, sin presuponer, inventar, forzar, manipular o sesgar cualquier expresión controvertida o desafortunada o que simplemente no guste o no se entienda, ni interpretar de la manera equivocada expresiones ajenas privándolas de su contexto temporal o de otra índole".

En consecuencia, Cecilia Herrero, para la que los grupos de la oposición han pedido su destitución a raíz del pronunciamiento de la Fiscalía, pide que el consistorio se pronuncie contra la "instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas"; que los concejales se comprometan a "actuar con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras"; y que se promuevan "espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y favorecer la convivencia democrática dentro de la corporación".

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