La oposición echa de menos en el plan de Catalá medidas para regular los precios de la vivienda

El plan de vivienda presentado por la alcaldesa de València, María José Catalá, que priorizará a los valencianos a la hora de acceder a una vivienda pública y que destinará 500.000 metros cuadrados dotacionales a la construcción de vivienda, no ha gustado a la oposición municipal, que echa de menos medidas para controlar los precios, tanto de venta como de alquiler".

"El supuesto Plan de Vivienda de Catalá busca más el titular que la solución. Catalá no contempla ni una sola medida para que baje el precio de la vivienda y del alquiler. Habla de inversión y de grandes cifras, pero evita el debate clave: a qué precio se podrá vivir en València y cuánta vivienda será realmente asequible. Sin precios ni porcentajes concretos, todo se queda en marketing político", ha denunciado la portavoz de Compromís, Papi Robles.

"El plan - continúa Robles- confía en que aumentar la oferta bajará los alquileres, sin tocar el funcionamiento real del mercado en una ciudad tensionada. Muchos expertos coinciden en que no es la única vía. No hay una apuesta clara por regular precios, limitar la especulación, frenar a los fondos de inversión o recuperar vivienda para uso residencial. Es dejar el derecho a la vivienda en manos del mercado".

Robles recuerda que el actual equipo de Gobierno ha cerrado la Oficina por el Derecho a la Vivienda, no hay oficina antidesahucios y "se ha debilitado la protección efectiva frente a las expulsiones". "Una política de vivienda debe defender a inquilinos y familias vulnerables. Se protege al propietario y se vuelve a abandonar al inquilino", lamenta. "Han revertido políticas de compra pública a través de la opción de tanteo y retracto, y no impulsan medidas valientes para frenar la subida del alquiler en un mercado tensionado. Sin parque público y sin contención de precios, el mercado expulsa al vecindario. La consecuencia es previsible: alquileres disparados y más dificultades de acceso".

Compromís cree que la moratoria no funciona y que los apartamentos turísticos continúan creciendo, "vaciando el mercado residencial en todos los barrios de la ciudad". "Y la inspección no está funcionando: basta con pasear por los barrios o entrar en cualquier plataforma de apartamentos turísticos". Además, "presentan como novedad una agencia que se parece sospechosamente al Plan Reviure del Rialto, que tanto criticó Catalá y que cerró al llegar, pero orientada exclusivamente a dar seguridad al propietario".

En cuanto a la nueva densidad, hasta 140 viviendas por hectárea, "no se evalúa el impacto que tendrá en los barrios, los servicios o las zonas verdes. Puede derivar en masificación, microviviendas y precarización".

Con todo, "la realidad es que el servicio de vivienda ha pasado de 34,6 millones de euros (2025) a 36,6 millones (2026) sin proyectos nuevos: se repiten inversiones encalladas. A 31 de octubre, descontando 8 millones de euros a AUMSA y 9 millones del Edificio de la Torre, de 28 millones solo se ha ejecutado 1 millón. Y las ayudas al alquiler, congeladas".

"Cortinas de humo"

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que María José Catalá siga lanzando “medidas vacías, sin ningún impacto real, y cortinas de humo en lugar de afrontar el enorme problema de acceso a la vivienda que está generando su gobierno desde que se puso al frente del Ayuntamiento de València”. La edil socialista ha exigido a Catalá que se deje de “maniobras de distracción, de iniciativas estériles y de favorecer la especulación inmobiliaria y el negocio de las promotoras y aplique de una vez por todas la Ley de Vivienda que aprobó el gobierno central y que permite, entre otras muchas cosas, controlar los precios del alquiler. No puede ser que València sea una de las ciudades españolas donde más se estén disparando los precios de la vivienda desde que Catalá llegó al Ayuntamiento sin que su alcaldesa haga absolutamente nada”, ha indicado.

“Hemos asistido a un nuevo intento de María José Catalá por esconder su falta de voluntad por aportar soluciones con el anuncio de un plan fake, un plan que lo único que planifica es cómo va ella a sacudirse el problema sin asumir su responsabilidad. Además de incluir nuevos requisitos como siete años de empadronamiento, algo que no cumple ni la propia alcaldesa, que se empadronó en València días antes de presentarse como candidata, Catalá pretende partir viviendas en dos con acceso independiente, algo que solo se le puede ocurrir a una persona que asuma que las viviendas en general son suficientemente grandes como para sacar dos viviendas de una y que todas tienen puerta de servicio. En realidad, lo único que pretende con esta medida es que los propietarios de viviendas de lujo puedan hacer negocio dividiendo su piso en dos y vendiéndolos por separado para conseguir más dinero”, ha manifestado.

Para la concejala socialista, el único plan que tiene en la cabeza Catalá es "reducir de la manera que sea la lista de demandantes de vivienda del Ayuntamiento que se ha multiplicado desde que llegó al Ayuntamiento y expulsar tanto a estudiantes como a las personas migrantes. En este sentido, ha criticado el nuevo requisito de certificar siete años de empadronamiento para poder aspirar a una vivienda pública. Una maniobra, ha denunciado, que “lo único que pretende es expulsar de la lista de demandantes a la mayor cantidad posible de gente y maquillar así las indecentes cifras que maneja el gobierno del PP y Vox. Porque las únicas viviendas que está construyendo este Ayuntamiento son las que dejó en marcha el anterior gobierno progresista, por mucho que Catalá se las quiera atribuir, y en dos años y medio, tal y como certifica la web de AUMSA, apenas se han adjudicado 17 viviendas”. 

Más negocio para los promotores

Elisa Valía, además, ha señalado el nuevo intento de Catalá “de hacer pasar el negocio de los promotores como una medida para favorecer al acceso a la vivienda. Anuncia acuerdos con los promotores para que cedan viviendas para reducir la lista de espera y después dice que para poder ejecutarlo confía en su magnanimidad. Es una vergüenza que una responsable municipal crea que las políticas de vivienda de un Ayuntamiento deban depender de la caridad de quienes hacen negocio con ella y refleja perfectamente cuál es la actitud de Catalá con respecto al problema de la vivienda que sufre València”, ha continuado.

En este sentido, ha denunciado este supuesto convenio para que las VPP de los constructores privados se destinen para reducir la lista de demandantes de vivienda. “Como ella no piensa construir ni comprar vivienda pública y la lista de demandantes se ha duplicado desde que ella es alcaldesa, se le ha ocurrido enviar a las personas que no pueden pagar su vivienda a los brazos de los promotores privados para recortar la lista de espera, como si maquillando las cifras fuese a desaparecer el problema. Lo que no dice es que la misma vivienda protegida cuesta 540 euros si es del ayuntamiento y 1.000 euros si es de un promotor privado. Esa es la vivienda protegida que el Partido Popular quiere fomentar, la de los 1.000 euros al mes”.

Así, ha reprochado que Catalá siga “ordenando el negocio inmobiliario y haciéndolo rentable y borrándose de ser parte de la solución al problema de vivienda que afrontan miles de familias valencianas, cegada, además, por el dogmatismo que le impide aplicar la ley de vivienda que realmente podría reducir de forma efectiva los precios de la vivienda en València”, ha finalizado.

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