Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
Cientos de personas se dan cita a las puertas del consistorio, algunas para tramitar el empadronamiento y acceder a derechos como la vivienda, y otras con la intención de acceder a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno

Redacción Levante-EMV
El Ayuntamiento de València abre cada día con un buen puñado de personas haciendo cola en la puerta que da acceso a la oficina del padrón. A las 6 de la mañana ya hay gente guardando su sitio en las calles aledañas, normalmente en Periodista Azzati. Algunos vecinos de la ciudad se quejaban ayer del empadronamiento digital, que resulta poco operativo debido a la cantidad de subsanaciones que suelen requerirse. Sin ese canal muchas personas van a parar al embudo del consistorio, y allí cada día se reparten un número de citas limitadas, normalmente nunca más de 100. Es el cupo de empadronamientos presenciales que intentan resolverse cada día.
Sin embargo, con la habitual cola matutina de empadronamientos se entremezcló ayer un elevado número de migrantes buscando regularizar su situación tras el anuncio realizado por el Gobierno. Tras una larga espera, cuando por fin llegaban a la puerta, los funcionarios municipales les informaban que el trámite debían hacerlo en Extranjería. A partir de hoy el consistorio colgará carteles para evitar el equívoco y ahorrarse las colas infinitas a las puertas del edificio. Ayer daban la vuelta a la manzana.
En realidad, una escena similar ya se había visto en otros puntos de la ciudad. Tal como documentaba el domingo Levante-EMV, algunos establecimientos de fotocopias ya vieron como se acumulaba gente que iniciaba los trámites para acceder a la regularización extraordinaria de inmigrantes. Uno de esos puntos fue un locutorio de la calle Burgos de València en el que un grupo numeroso de pakistaníes esperaba pacientemente a las diez de la mañana a que llegara su turno.
El proceso abierto por el Gobierno se dirige a personas que ya se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar cinco meses de permanencia continuada en el momento de hacer la solicitud. También se incluyen personas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas. Las personas que cumplan los criterios obtendrán una autorización de residencia de un año, que les permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio estatal.
Según los datos de afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social a cierre de 2025, los extranjeros representan en la Comunitat Valenciana el 36,9 % de los trabajadores del campo, el 23,2 % en la construcción y el 28,8 % en la hostelería.
En cuanto a la documentación exigida, las personas que quieran regularizar su situación deberán acreditar que llevan al menos cinco meses en España y podrán hacerlo con el empadronamiento, una cita médica, el título de transportes, el contrato de la luz, el alquiler o un certificado de envío de dinero. Los colectivos sociales habían manifestado que muchas personas tienen problemas para empadronarse en sus localidades, como se puso de manifiesto antes en el proceso de regularización de víctimas de la dana.
Pese a las facilidades, el padrón sigue siendo la principal puerta de entrada a buena parte de los derechos sociales, y el atasco en el empadronamiento un problema por solventar. En agosto de 2025, Compromís denunció el "colapso evidente" en los trámites digitales de empadronamiento a través de la sede electrónica municipal con "más de 4.800 expedientes en cola". En la puerta del consistorio se dan un número contado de citas para evitar la foto de las colas denunciadas años antes por el PP, ahora en el gobierno, pero su tramitación sigue siendo muy limitada. Y en ese río revuelto pescan las mafias obteniendo miles de euros con empadronamientos falsos a extranjeros.

Cola del padrón, aún de noche / Levante-EMV
Acceso al alquiler
La otra novedad en València relacionada con el acceso a un derecho social tiene que ver con la vivienda y lo anunció la semana pasada la alcaldesa María José Catalá: para poder optar a una vivienda de alquiler asequible será necesario estar siete años empadronado en la ciudad, un requisito de arraigo que, en palabras de la primera edil, significa "una garantía para quienes han apostado a largo plazo por la ciudad, fortaleciendo la cohesión social y la identidad de los barrios". En la práctica, más peso para el padrón municipal.
Al respecto, la portavoz de Compromís, Papi Robles ha dicho que, "mientras en València el PP pone cada día más difícil que la gente pueda acceder a una vivienda municipal, exigiendo hasta siete años de empadronamiento, el partido de Catalá despliega la alfombra roja a sus concejales y personas afines, que sorprendentemente son beneficiarios de viviendas de protección oficial, como se ha visto en Alacant. Es el modelo del Partido Popular: gobiernan a la medida de sus militantes y familiares", ha denunciado.
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