València construirá 644 pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud que se adjudicó en la época de Barberá

El Ayuntamiento de València ha acordado, a través de la sociedad de Actuaciones Urbanas (Aumsa) recuperar la titularidad de un lote de nueve parcelas en el barrio de Patraix, que se traducirán en bloques de construcción de vivienda pública, cuantificados en hasta 644 pisos. Se trata de una operación que engloba casi 9.000 metros cuadrados, de los que 7.800 son edificables.

Se trata, en concreto, de unas parcelas que se han recuperado previo pago de una cantidad que estaría por los 250.000 euros y que proceden de una adjudicación —calificada por la oposición, en su momento, como un "dedazo"— a favor del empresario Jaime García Febrer hace ya más de quince años a través de la firma Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar. Las promociones no llegaron a realizarse nunca y la empresa entró en concurso de acreedores, mientras Febrer aparecía como cabecilla de la trama Azud.

Tal como documentó Levante-EMV en 2021, Febrer fue durante años el perejil de muchas de las salsas urbanísticas de València. Una de sus empresas, Construcciones Valencia Constitución, tuvo una prolífica actividad durante la primera década del siglo XXI, aunque no estaba considerada como una promotora de las grandes del sector. Entre 2001 y 2002 esta mercantil dio un pelotazo de libro a través de una permuta con el Ayuntamiento de València en la que parecía contar con información privilegiada. Febrer tuvo la virtud de comprar las dos parcelas de la calle Rosario del Cabanyal agraciadas con la compra por el Ayuntamiento de València para ampliar el museo de la Semana Santa, impulsada por una moción de Alfonso Grau. Febrer aceptó vender mediante permuta las parcelas de la calle Rosario por un solar de la calle Andreu Alabarta, con el que ganó 373.465 euros.

CVC fue asimismo la urbanizadora del PAI Ausiàs March-Bulevar Sur, participó en la preparación del PAI de la Font de Sant Lluís —junto al nuevo Hospital La Fe, del que se retiró—, y participó de la millonaria compra de terrenos en el PAI del Grao, donde después se construyó el circuito de Fórmula 1, y que la crisis dejó en el aire.

El negocio de la vivienda pública

En el año 2004 una empresa participada por Febrer junto a los Ferrando y Montoro, Desarrollos Urbanísticos de Nuevos Espacios (Dune) SL, también protagonizó una curiosa permuta con el Ayuntamiento de València por la que el consistorio entregó a esta empresa solares municipales, sin que mediara concurso público, a cambio de viviendas de protección oficial.

Y dentro del negocio de la vivienda pública se adjudicaron por concurso parcelas para construir VPO en el PAI de Quatre Carreres (adjudicadas a la mercantil de Febrer Costa Azahar Programas Inmobiliarios), y en los PAI de Moreras y Patraix, donde ganó Actuaciones Urbanísticas al Mar SL. Es el suelo que ahora recupera el Ayuntamiento de València tras entregárselo a la empresa de Febrer bajo el mandato de Rita Barberá.

El pago del antiguo suelo municipal, señalan fuentes municipales, se ha realizado para evitar que se eternice un procedimiento judicial y para evitar también que caiga en manos de fondos de inversión. Todas las parcelas están en la zona de "Nou Patraix" o, directamente, Safranar, grandes superficies a mitad de camino entre Patraix y Jesús, a la altura del Cementerio General, que son una de las últimas grandes pastillas de suelo que existen dentro del cuarto cinturón de ronda (el Bulevar Sur) y en el que hay algunos bloques de viviendas ya construidos, como el social que se utilizó para realojar a los vecinos afectados por el incendio de Campanar, o la controvertida finca de José Roca Coll, cuyos bajos fueron preconcebidos como apartamentos turísticos.

El nuevo parque de viviendas que se prevé desarrollar en esta bolsa de suelo que forman las nueve parcelas situadas en diferentes calles del sector PRR-9 de Patraix estará integrado predominantemente por viviendas de uno y dos dormitorios, con superficies entre 35 y 70 metros cuadrados para atender a un amplio abanico de demandantes de alquiler asequible. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que las viviendas responderán a las tipologías más demandadas actualmente: pisos orientados a jóvenes, familias pequeñas y personas mayores.

Según el informe técnico elaborado por Aumsa, estas parcelas tienen una edificabilidad total de aproximadamente 64.000 metros cuadrados, distribuidos en edificios de entre ocho y nueve alturas. La recuperación de este suelo se produce por acuerdo transaccional negociado con el administrador concursal de Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar S.L. (AUVM), empresa que entró en concurso de acreedores en 2015 y que estaba participada por el citado Febrer.

Aumsa había cedido hace años el derecho de superficie sobre estas parcelas a AUVM para el desarrollo de proyectos de vivienda protegida. Sin embargo, la empresa concursada no pudo ejecutar los proyectos y los contratos fueron resueltos en 2016 por causa imputable al superficiario.

El acuerdo aprobado ahora establece que Aumsa abonará 250.000 euros a la masa concursal en concepto de liquidación de gastos útiles efectuados por la empresa para el desarrollo de los proyectos. A cambio, Aumsa recupera la plena titularidad de las nueve parcelas, que ya están libres de cargas tras la cancelación de los derechos de superficie.

Próximos pasos

Tras la aprobación del acuerdo transaccional, el siguiente paso será obtener el beneplácito del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que tramita el concurso de acreedores. Una vez obtenida la homologación judicial Aumsa procederá al pago de los 250.000 euros en la cuenta de consignaciones judiciales y se levantarán definitivamente las anotaciones preventivas de afectación al concurso que constan sobre las parcelas en el Registro de la Propiedad.

Con las parcelas plenamente disponibles, el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para la redacción de los proyectos de ejecución y la posterior licitación de las obras de construcción de las 644 viviendas de protección pública.

Críticas de PSPV

La concejala socialista Elisa Valía ha criticado que el pago de 250.000 euros supone que la ciudadanía "va a tener que pagar con dinero público por unos terrenos que podrían recuperarse por vía judicial sin coste alguno para el Ayuntamiento". "Catalá continúa la estela de la etapa más oscura de nuestra ciudad, en la que la reputación institucional de València fue arrastrada y que tanto costó levantar después", ha afirmado la edil socialista.

La concejala ha recordado que la empresa "estaba obligada a desarrollar urbanísticamente esas parcelas y no lo ha hecho, por lo que, a su juicio, no procede ningún pago". De esta manera, ha señalado que la empresa “ha incumplido sus obligaciones y los derechos de superficie están caducados”, por lo tanto, “esos terrenos deben ser devueltos gratuitamente al Ayuntamiento”, ha señalado.

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