Catalá "veta" a Bernabé en el Parc Central y endurece el choque por el bulevar García Lorca

Nuevo capítulo en el libro de agravios entre María José Catalá y Pilar Bernabé, que promete ser extenso y enrevesado. Ayer estaba prevista la votación para nombrar al nuevo consejero de la sociedad Valencia Parque Central, organismo compuesto en dos cuartas partes por el Gobierno de España, una cuarta parte por la Generalitat y el 25 % restante por el Ayuntamiento de València. Un cambio de composición accionarial había dejado una vacante de Adif y el Gobierno había designado a su delegada en la Comunitat Valenciana para ocupar ese puesto, en lo que parecía un mero trámite, pero el nombramiento hubo de posponerse por un "intento de veto" del PP a Bernabé, según denunció después el Ministerio de Transportes.

No es el primer pulso entre la alcaldesa de València y la delegada del Gobierno en el ámbito del Parc Central. En mayo de 2025, el ministerio dejó en manos de la socialista la negociación por el nuevo diseño del bulevar Federico García Lorca que se construirá sobre el túnel ferroviario del Parc Central. Con la designación ofreció un nuevo escaparate a Bernabé, que concurrirá a las elecciones municipales como alcaldable socialista, y dio una pista del movimiento que ahora intenta en Valencia Parque Central. Bernabé llegaría a este organismo público para jugar la carta más alta de su grupo municipal: el Corredor Verde. El ayuntamiento, con PP y Vox, apuesta por un diseño de bulevar García Lorca que permita el paso de vehículos, mientras el PSPV defiende un gran parque sobre el túnel ferroviario, el denominado Corredor Verde Sur, un modelo antagónico aprobado por el anterior gobierno socialista y de Compromís, y con el aval de 43.000 firmas vecinales.

En el PSPV entienden que este acceso verde recoge el espíritu de otros proyectos felizmente ganados para la ciudad, como el viejo cauce del Turia, pero en el PP consideran que el bulevar sin tráfico es de "imposible ejecución". A cambio proponen una planta con viales de tráfico y un 70% de zonas verdes en el ámbito del bulevar, a cuyos lados se construirán cerca de 4.000 viviendas, de renta libre y protegidas. Catalá ha acelerado y, según explicó ayer tras la fallida junta del consejo de administración del organismo público, el ayuntamiento ha solicitado a una consultora un estudio de 21 opciones distintas de movilidad en la zona para valorar los impactos de estas alternativas y seleccionar la solución más oportuna en aras de mejorar la movilidad de la zona.

Una vez determinada la planta viaria, la paisajista norteamericana Kathryn Gustafson y su equipo desarrollarán el proyecto de urbanización de la futura avenida de 80 metros de anchura y aproximadamente kilómetro de largo que se construirá sobre el canal de acceso ferroviario, cuya obra cumple hoy tres años –se espera que esté terminado en 2028–. La intervención de Gustafson deberá ceñirse al presupuesto de 14,1 millones de euros que maneja la Sociedad Valencia Parque Central, una inversión que asumirán las tres administraciones implicadas.

El esfuerzo es compartido y la sociedad lleva años funcionando a base de consensos. Más allá de los vaivenes en la correlación de fuerzas, los procesos técnicos y administrativos han avanzado por raíles más estables. Pero el escenario político se está enturbiando y vienen años de intensa actividad electoral, que podría voltear el reparto de consejeros. De momento hay equilibrio progresista y conservador. Tras la junta de ayer, la alcaldesa y el conseller Vicente Martínez Mus se excusaron con un tecnicismo –que no les había llegado la documentación correspondiente de que se iba a proponer el citado nombramiento– y llamaron a consensuar el nuevo consejero y buscar fechas para la próxima junta. Estas no tienen periodicidad ni obligatoriedad, se convocan cuando hay asuntos a tratar.

Pero en el ministerio no fueron tan conciliadores. Según recordaron fuentes de Transportes, la máxima autoridad del ministerio en esa sociedad es el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien decidió suspender sin fecha la convocatoria del consejo de administración, que se tenía que haber celebrado justo después de la Junta General, hasta que se resuelva esta crisis de confianza. "Una crisis gravísima e insólita en el funcionamiento de esta sociedad. Es una actitud injustificable que está generando una situación de la que sólo serán responsables los que la han provocado", señalaron fuentes de Transportes.

Primer intento de veto en 19 sociedades

En este sentido, aseguraron las mismas fuentes que ese "intento de veto" es una "situación inédita no sólo en València sino en el conjunto de España" y añadieron que el Gobierno participa en 19 sociedades de este tipo en el conjunto del Estado y "es la primera vez en la historia que se produce un intento de veto sobre una persona". "Nunca se ha puesto en duda en forma alguna los nombramientos de consejeros a propuesta de los socios", agregaron fuentes del ministerio que encabeza Óscar Puente.

Finalmente, desde el ministerio aseguraron que todos los socios accionistas tenían la documentación en tiempo y forma, como marca la normativa. "El orden del día estaba completo; no hay justificación al veto que se ha dado", dijeron, desacreditando lo manifestado minutos antes por la alcaldesa.

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