Denuncian que el Ayuntamiento de València impone el diseño del Bulevar García Lorca sin diálogo vecinal

La Plataforma Corredor Verd ha denunciado públicamente que el gobierno municipal de María José Catalá ha decidido “imponer de manera unilateral la planta viaria del entorno del Bulevar García Lorca, rompiendo el compromiso de consenso vecinal que debía haberse materializado a través de la puesta en marcha de un proceso participativo en septiembre de 2025”.

El comunicado de la plataforma integrada por una quincena de asociaciones llega después de que la alcaldesa anunciara que el ayuntamiento ha solicitado a una consultora estudiar 21 opciones distintas de movilidad en la zona para valorar los impactos de estas alternativas y seleccionar la solución más oportuna en aras de mejorar la movilidad de la zona.

Fuentes de la citada plataforma afirman que, siete meses después de la reunión mantenida con la sociedad Valencia Parque Central, donde se comunicó la voluntad del Ayuntamiento de València en iniciar un proceso participativo, descubren que aquel encuentro “no fue más que una operación de maquillaje”.

“Desde el verano de 2025 advertimos que el procedimiento anunciado carecía de garantías democráticas. Lo señalamos públicamente cuando se filtró a la prensa un proceso ambiguo, no vinculante y formulado de forma sesgada. Lo reiteramos cuando distintos medios recogieron nuestra crítica a un modelo que mantenía el tráfico donde la ciudadanía reclamaba y reclama un verdadero corredor verde. Hoy la realidad es aún más grave: ni siquiera se ha desarrollado ese proceso que, aunque cuestionado, hubiera podido dar pie a un posible acercamiento de posturas y a conocer los estudios del Ayuntamiento”, continúa el comunicado.

Según explican, el Gobierno central, con competencias en la financiación del soterramiento de las vías del tren, condicionó su apoyo al diseño del Bulevar García Lorca a la existencia de consenso vecinal. “No se entiende por parte de esta plataforma la actuación del Ayuntamiento de València, rompiendo no sólo con ese compromiso sino utilizando el Corredor Verde para tensionar la situación política, vetando la entrada de la Delegada del Gobierno en la Sociedad Parque Central”, añaden.

Sobre el estudio técnico que contempla 21 propuestas distintas para la planta viaria, los vecinos dicen desconocer su alcance, sus criterios de evaluación o si responden adecuadamente a los retos de movilidad, calidad del aire y emergencia climática. “Cuando un estudio técnico se convierte en un documento no accesible para la ciudadanía y sobre el cual el poder político selecciona discrecionalmente una propuesta sin explicitar por qué descarta las demás, no estamos ante un proceso participativo ni deliberativo: estamos ante una decisión política revestida de tecnocracia”, lamentan.

"Grave aumento de contaminación"

En ese sentido, las mismas fuentes lamentan que se esté intentando resolver una actuación de tal magnitud –que definirá la movilidad en València durante las próximas décadas– sin diálogo real y sin evaluación comparativa pública de alternativas. “Se desoyen estudios universitarios y aportaciones independientes que apuntan a un grave aumento de la contaminación atmosférica en la ciudad de València y que advierten de la imposibilidad de cumplir los objetivos europeos de calidad del aire en 2030. Entre los miembros de la Plataforma Corredor Verd, hay personas con trayectoria en movilidad, urbanismo, sostenibilidad y análisis ambiental. Hemos aportado datos, propuestas alternativas y argumentos técnicos. No se nos ha escuchado”, agregan.

Por todo ello, la plataforma (integrada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, A.V. Abastos-Finca Roja, A.V. la Petxina, A.V. la Roqueta, A.V. Patraix, A.V. San Marcelino, A.V. Malilla, A.V. Tres Forques, A.V. Cuidem la Raïosa, A.V. San Isidro, A.V. Creu Coberta, A.V de la Torre, vecinos del edificio Iturbi, Plataforma Fuera Túnel y ciudadanía no asociada) exigen cuatro medidas urgentes:

Paralizar inmediatamente cualquier definición definitiva de la planta viaria; abrir un proceso participativo real, con garantías, transparencia y carácter vinculante; incorporar una evaluación técnica independiente en materia de movilidad, calidad del aire y diseño urbano; y respetar el compromiso de consenso vecinal que se estableció como condición política e institucional. “La ciudad que heredarán las próximas generaciones no puede construirse desde el autoritarismo urbanístico”, cierra el comunicado.

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