Compromís alquila un apartamento turístico que el Ayuntamiento de València dice haber cerrado

Compromís per València ha organizado hoy un acto desde un apartamento turístico que el ayuntamiento dice haber clausurado. La acción, en la que también ha participado la asociación vecinal del Cabanyal y para la que ha sido invitado un reducido grupo de periodistas, buscaba sembrar la sospecha sobre los 1.000 apartamentos turísticos ilegales que el gobierno municipal de María José Catalá dice haber cerrado.

El apartamento ubicado en la calle Beato Juan Grande, barrio de la Malva-rosa, recibió en mayo de 2024 una resolución de Alcaldía que ordenaba a la entidad propietaria del bajo turístico “la suspensión inmediata del uso en curso de ejecución sin licencia publicitada en plataformas públicas y conforme a lo informado por la Policía Local”. En su resolución, el ayuntamiento ordenaba a la entidad suspender inmediatamente su actividad.

Con el paso de los meses, ya entrada en vigor la moratoria, el gobierno de María José Catalá anunció que había cerrado "más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en solo año y medio". En la misma nota de prensa, el ayuntamiento agregó que "frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años”, este gobierno había puesto en marcha “cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales".

Ante los anuncios de la alcaldesa, Compromís solicitó el listado oficial de los inmuebles clausurados, pero los valencianistas recibieron una negativa por respuesta y recurrieron al Síndic de Greuges, que instó al ayuntamiento a facilitar la información. Tras meses de espera, el ayuntamiento envió un PDF con los apartamentos teóricamente clausurados –unos 800, no 1.000– y los valencianistas comprobaron que muchos de esos apartamentos siguen activos.

En paralelo, Compromís habilitó la web quenotetiren.com, a través de la cual han tramitado más de 5.000 denuncias ciudadanas sobre apartamentos ilegales, enviadas al Ministerio de Vivienda. Y hoy han ido un paso más lejos en su iniciativa contra los apartamentos turísticos ilegales para señalar las “mentiras” del gobierno municipal de Catalá.

El apartamento que Compromís ha alquilado a través de Booking, de unos 20 metros cuadrados y 177 euros por dos noches –en uno de los pocos barrios sin gentrificar–, recibió orden de cierre hace algo menos de dos años, justo antes de la moratoria a los pisos turísticos. Sin embargo, el bajo ha estado funcionando con normalidad y los vecinos del Cabanyal denunciaron hace algunos meses. Casualmente, hoy, el día de la denuncia pública, han recibido una notificación del ayuntamiento indicando que el bajo de la calle Beato Juan Grande era legal porque tenía título habilitante previo a la moratoria.

"No son cierres, son inspecciones"

Pero tanto vecinos como oposición se preguntan cuántos de los pisos que el ayuntamiento dice haber clausurado simplemente han recibido una orden de cierre sin que nadie haya confirmado el cese de actividad, permitiendo de este modo el negocio irregular.

“Muchas de las resoluciones no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección. Su política es papel mojado: no protege al vecindario frente a los abusos, no hace cumplir la legalidad y siempre trabaja para favorecer a los especuladores, a quienes nos están expulsando de nuestros barrios”, ha afirmado Papi Robles.

“Este piso lo hemos podido alquilar sin ningún problema. Esto es lo que vive el vecindario cada día: anuncios de cierres que no se cumplen y pisos que siguen operando como si nada”, ha denunciado la portavoz del primer partido de la oposición. “Llevamos años trabajando contra la especulación turística, mientras Catalá hace titulares”, ha señalado.

Para la coalición valencianista, este caso demuestra que ni la moratoria funciona ni las supuestas órdenes de cierre se están ejecutando de manera efectiva. “Ni se han limitado los cruceros, ni se ha frenado el incivismo turístico, ni se está poniendo freno a los apartamentos ilegales. Mucho anuncio y muy poca realidad”, ha concluido Robles. Compromís exige transparencia real, ejecución efectiva de las órdenes de cierre y un cambio de modelo que sitúe el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal por encima de la propaganda y de los intereses especulativos.

Respuesta del gobierno municipal

Desde el gobierno municipal han señalado que "Papi Robles ha demostrado con su performance de apartamentos turísticos" lo que han venido denunciando desde el PP, "la barra libre que PSOE y Compromis impusieron en la ciudad durante los 8 años de gobierno de Ribó". "Si hubieran contado la verdad, hubieran explicado que la petición de licencia de apartamento turístico en la calle Beato Juan grande que hoy han puesto de ejemplo es del año 2022, cuando gobernaba Compromís. Por tanto, ellos han dado la prueba de que ahora estamos corrigiendo su ausencia de normativa sobre apartamentos turísticos porque a este no le afectaba ni la moratoria", han señalado las fuentes municipales.

"Había una denuncia de la asociación de vecinos y esta mañana se les ha comunicado a la asociación de vecinos que el apartamento dispone de licencia y es legal. Ha sido posteriormente cuando Compromís ha organizado la performance, a sabiendas de que la situación del apartamento está en regla. Han instigado a un apartamento legal. Es vergonzoso que monten numeritos con situaciones que ellos crearon porque siguen con su estrategia de mentir y manipular", cierran las fuentes municipales.

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