El bloque de 7 pisos turísticos ilegales que sigue funcionando y València dice haber clausurado

Al pensar en un apartamento turístico ilegal probablemente venga a la cabeza un piso oscuro, cochambroso, en un edificio residencial de periferia resignado o sin demasiada vigilancia sobre la sospechosa rotación de vecinos. Pero también los hay en pleno centro de València, en edificios perfectamente integrados y con la apariencia de alojamiento legal. Incluso con la placa de la Conselleria de Turismo en la puerta.

El pasado jueves, Compromís organizó una acción en un bajo turístico de la Malva-rosa denunciado por el grupo municipal y la asociación vecinal del Cabanyal que, sin embargo, seguía funcionando con normalidad. Los valencianistas obtuvieron la dirección de un listado que el ayuntamiento remitió al Síndic de Greuges, donde se referencian los más de 800 apartamentos ilegales a los que se les ha dado orden de cierre.

Meses antes, el gobierno municipal de PP y Vox había señalado en notas de prensa y declaraciones a los medios que había cerrado 1.000 apartamentos turísticos ilegales en València y que además había montado un amplio dispositivo policial para seguir persiguiendo la actividad turística irregular. Con su acción, Compromís quería hacer ver que estos cierres del listado no eran efectivos.

Y los vecinos contaron algo más: casualmente, la misma mañana del jueves recibieron una notificación del ayuntamiento indicando que el bajo de la Malva-rosa sí era legal porque había presentado el título habilitante antes de la moratoria. Con esa novedad, el Partido Popular salió a decir que la acción de Compromís era un “fake”, porque el piso puesto en entredicho era legal y además la licencia turística se había solicitado bajo el gobierno del Rialto, en 2022.

Pero más allá del apartamento concreto de la calle Beato Juan Grande, el enfado vecinal iba por otro lado. Su pregunta era: cuántos de los pisos que el ayuntamiento dijo haber cerrado, ¿realmente se han clausurado? En el listado facilitado por el propio ayuntamiento aparecen dos hitos: el barrio con más apartamentos en teoría cerrados es precisamente el Cabanyal con más de 230 pisos irregulares repartidos entre las calles Reina, Escalante, Barraca o José Benlliure. Y el inmueble que concentra más pisos turísticos irregulares se ubica en el número de la plaza Mosen Sorell, con siete apartamentos sin licencia.

El edificio completo está anunciado por habitaciones en múltiples plataformas como Booking. Tiene un distintivo rojo de Vivienda Turística en la puerta y ayer había huéspedes en al menos uno de los balcones, según pudo comprobar este diario. “Mossen Sorell Apartments se encuentra en el casco antiguo de Valencia, a solo 500 metros de la plaza de la Virgen. Ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana. Los apartamentos Mossen Sorell presentan una decoración elegante. La cocina incluye lavavajillas, horno, microondas y cafetera. Algunos apartamentos también tienen balcón privado con vistas a la plaza Mossen Sorell o terraza. La catedral de Valencia y la animada plaza de la Reina se encuentran a unos 650 metros. Este alojamiento cuenta con más de 590 reseñas con una puntuación media de 7,8”, señala una de estas webs.

Orden de cese

Preguntas por el edificio del Carmen, fuentes municipales confirman que el edificio sigue funcionando sin licencia, pese a aparecer en el listado de los alojamientos “clausurados”. En concreto estas fuentes señalan que el inmueble de Mossen Sorell 2 no tiene título habilitante como apartamento turístico y “está operando ilegalmente”.

Sobre las actuaciones y el seguimiento realizado, estas fuentes indican que el expediente se inició el 3 de diciembre por el servicio de Licencias Urbanísticas; el 16 de diciembre de 2025 se emitió orden de cese; el 21 de enero de 2026 se notificó al titular la apertura de plazo para darse de baja del registro de turismo de la Generalitat; el 27 de enero la policía realizó seguimiento del caso, con sucesivas visitas en las que no se encontró a nadie en las viviendas; y el 10 de febrero de 2026, en la última visita, la Policía identificó a una persona como turista en una de las viviendas –el resto estaban vacías–. “El seguimiento sobre el cumplimiento de la orden de cese está activo y se procederá con todas las acciones legales pertinentes”, concluyen las mismas fuentes.

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