Más de 130 pisos turísticos con orden de cierre en València siguen anunciados en internet

Compromís per València ha comparecido esta mañana en la calle Mossén Sorell, 2, ante el edificio de siete pisos turísticos sin licencia que el gobierno de PP y Vox dice haber cerrado. Estás viviendas continúan disponibles en plataformas digitales, tal como contó Levante-EMV la semana pasada. Cualquier persona puede reservarlos por un mínimo de 658 euros tres noches para tres personas, alcanzando hasta los 1.229 euros en los apartamentos de mayor capacidad. Y mientras la formación valencianista atendía a los medios en la puerta, los turistas salían del alojamiento, evidenciando que “las órdenes de cierre del gobierno de Catalá no funcionan”.

La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, ha recordado que en octubre de 2025 el gobierno municipal anunció el cierre de 1.000 apartamentos turísticos. Sin embargo, el listado facilitado a Compromís solo incluía 828 direcciones. “Y hace una semana ya hablaba de 1.500 fuera de plataformas. Pero la realidad se empeña en llevarle la contraria”, ha señalado. Tras una revisión exhaustiva, apartamento por apartamento, la coalición ha detectado 132 que continúan anunciados en plataformas como Airbnb o Booking, lo que supone un 16% del total.

Este listado facilitado a la prensa con decenas de apartamentos ilegales aún comercializados ofrece tres lecturas: la retórica política no siempre se ajusta al detalle de la realidad –los pisos tenían orden de cierre, pero esta en muchas ocasiones no se hace efectiva–, la inspección policial no alcanza a toda la oferta turística subterránea y decenas de promotores optan por la insumisión porque o bien no les llegan las sanciones o estas no son suficientemente disuasorias. Robles ha hecho hincapié en la primera y la tercera: “María José Catalá miente con sus datos. Y cuando hay una moratoria en marcha, la alcaldesa mira hacia otro lado mientras se sigue especulando con la vivienda y expulsando al vecindario de sus barrios”.

El apartamento de la Malva-rosa

La concejala del segundo partido de la ciudad también ha detallado el caso del bajo turístico situado en el barrio de la Malva-rosa que Compromís alquiló para demostrar que estaba abierto. Este apartamento de apenas 20 metros cuadrados contaba con una orden de suspensión de actividad desde el 6 de mayo de 2024 y, pese a ello, se dio de alta en el registro de la Generalitat el 20 de noviembre de 2024, seis meses después.

Según la documentación revisada por Compromís, no consta ningún cambio significativo en el expediente que justificara el levantamiento de la suspensión, resolución firmada el 16 de febrero de 2026. “En la Comisión de Urbanismo pregunté sobre qué base se había informado sobre el título habilitante. No había ninguna justificación en el expediente que pudiera dar pie a autorizar ese apartamento en plena moratoria. En estos casos siempre es necesario un informe del secretario que, sospechosamente, fue firmado cuatro días después de haberse emitido el informe. La respuesta del concejal ante la evidencia fue quedarse en blanco y decir que contestaría por escrito”, ha relatado.

La portavoz ha advertido de que la respuesta tendrá que ser “muy convincente” para evitar acciones judiciales. “Si Catalá está dando cobertura a apartamentos turísticos ilegales para que sigan funcionando, no será a Compromís a quien tenga que dar explicaciones. Será a un juez. No permitiremos que este Ayuntamiento se salte la legalidad para favorecer actividades que especulan con la vivienda de los valencianos”, ha asegurado.

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