Un diputado del PP destapó los empadronamientos ilegales en València al recibir una notificación en su piso

El Ayuntamiento de Valencia ha denunciado ante la Fiscalía un posible delito de falsedad documental, como contó Levante-EMV esta misma semana. El caso se originó cuando un propietario alertó sobre el empadronamiento ilegal de personas desconocidas en su domicilio mediante contratos de alquiler con firmas falsificadas.

El afectado, diputado del PP en les Corts, descubrió el caso al recibir en el buzón de su casa un "certificado de empadronamiento" a nombre de un ciudadano de origen indio. Acto seguido manifestó no saber quién era esa persona ni tener ningún tipo de relación con ella, se personó en el ayuntamiento para denunciar los hechos y consistorio verificó la falsedad del contrato de arrendamiento aportado para conseguir el alta en el padrón, comprobando que la firma recogida no se correspondía con la suya.

Además, el diputado popular señaló que le constaba que en su domicilio de València “ya ha habido otros casos similares”, detectando en apariencia una incipiente red de empadronamientos ilegales en el Cap i Casal. Según la documentación, el primer alta en el domicilio se realizó el 4 de octubre de 2024 y la persona estuvo empadronada hasta el 10 de febrero de 2025. La segunda habría estado del 12 de febrero al 21 de octubre de 2025. Y la tercera, el caso más reciente que ha motivado la denuncia, se dio de alta el 17 de abril de 2025.

En sus comprobaciones, los técnicos del ayuntamiento comprobaron que los contratos de arrendamiento presentados en los tres casos empleaban el mismo formato o plantilla. Además, se comprobó que, aunque en todos los contratos figuraba el mismo propietario como arrendador, la firma iba cambiando en cada uno de los contratos entregados para conseguir las altas en el padrón municipal. En todos la renta teóricamente pactada era de 700 euros y la duración de un año. Verificada la presunta irregularidad, el consistorio ha agrupado todas las actuaciones en un único expediente para trasladarlo a la Fiscalía ante la sospecha de delitos de falsedad documental.

Asimismo, el ayuntamiento ha acordado comunicar al Ministerio Público cualquier actuación y documento adicional que se incorpore al expediente referente a contratos manipulados similares a los detectados, así como otras actuaciones presuntamente fraudulentas, sin requerir nueva aprobación, para que, si así lo estima, se practiquen las diligencias de investigación precisas para la comprobación de los hechos, por si fueran constitutivos de delito. Es decir, se deja la puerta abierta a que aparezcan más arrendamientos como los tres detectados hasta la fecha.

Por su parte, el afectado por el presunto fraude de los empadronamientos solicita la baja de los ‘intrusos’ y reclama explícitamente una copia de los contratos falsos para "ejercer acciones legales frente al mismo" por su cuenta, además de la investigación realizada desde Fiscalía.

Un negocio muy lucrativo

Este caso entronca con lo contado por este periódico en enero de este mismo año, cuando se destapó una trama empadronaba a personas en situación irregular en domicilios ajenos en los que no llegaban a residir nunca. Lo hacían sin consentimiento ni conocimiento del legítimo propietario de las viviendas, como es el caso del citado político popular. A cambio, pedían el pago de una tarifa que renovaban cada año. Así operaban al menos dos jóvenes que habían convertido el padrón municipal en una puerta falsa para regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros.

Según informó entonces la Jefatura Superior de Policía de València, los dos jóvenes detenidos por estos hechos –que se venían sucediendo desde 2022– empadronaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular en dos viviendas de una misma finca de las que no eran propietarios y en las que estas personas nunca llegaron a residir, todo ello, además, sin el consentimiento del dueño de los inmuebles.

Según descubrieron los agentes de la Policía Nacional durante sus pesquisas, los ciudadanos empadronados habrían pagado unos 750 euros anuales a los dos detenidos a cambio de contratos de alquiler, que posteriormente eran presentados ante el Padrón Municipal para formalizar la inscripción. De este modo, los investigados llegaron a obtener un beneficio económico total de 26.250 euros.

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