València enfría la operación de los 39 pisos de VPO que ya habían sido reservados

Al Plan + Vivienda del gobierno de Catalá le ha salido un lunar que está por ver si es inofensivo. Ayer, el Grupo Municipal Socialista anunció que llevará a la Fiscalía una permuta donde el ayuntamiento, denunciaron en el PSPV, se saltó sus propios pliegos.

La operación consistió en la entrega de cuatro parcelas municipales en Malilla y Nou Moles a cambio de adquirir un edificio de 39 viviendas de VPO promovido por Domio Desarrollos en el barrio de Patraix. El ayuntamiento se desprendía de suelo con capacidad para 200 viviendas protegidas pero preveía hacerse casi de inmediato con varias decenas de pisos para destinarlos a alquiler asequible, habida cuenta de la urgencia de vivienda ampliamente documentada.

Tal como contó Levante-EMV en noviembre, Domio ya había recogido una señal de 1.000 euros por cada uno de los pisos sacados al mercado bajo las condiciones de VPO, pero tiempo después decidió devolver el depósito a las familias adjudicatarias pese a la oposición de muchas de ellas. Al parecer, la promotora buscaba otro negocio más suculento y tiempo después accedió a la permuta de suelo municipal. Las familias afectadas por esta operación denunciaron en este diario un movimiento que consideraron poco ético, pero en principio siempre dentro de la legalidad.

Sin embargo, los socialistas denunciaron en rueda de prensa que el intercambio con el ayuntamiento contravenía los pliegos. Estos dicen: “Los edificios residenciales de obra nueva ya construidos ubicados en el término municipal de València que se ofrezcan" para permutar, éstos deben estar libres de ocupantes. Y respecto de los edificios en construcción, se exige que las viviendas no estén comercializadas por la promotora”.

Y ahora la batalla política –anticipo de la legal– está en la interpretación del texto. Los socialistas consideran suficientemente probado que las viviendas habían sido comercializadas. Por su parte, el PP defendió que el expediente de permuta cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y añadió que en el momento de la adjudicación, “la promotora acreditó el cumplimiento de ese requisito [la no comercialización de los pisos] mediante la correspondiente declaración responsable”.

Declaración responsable

No obstante, el concejal de Urbanismo ha enfriado la operación. Primero ha traslado cualquier posible irregularidad a la promotora: dado que el constructor entrega una declaración responsable asegurando que la obra nueva está libre de cargas y obligaciones, “se entiende que será así, por lo que si existe algún tipo de relación contractual ha de ser el constructor quien deba demostrar qué tipo de relación es y las personas que se hayan quedado fuera tendrán todo el derecho a reclamar sus derechos", ha explicado Juan Giner en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local.

En la citada declaración responsable, firmada el 30 de julio de 2025, el representante legal afirma que la empresa "tiene capacidad de obrar y es propietaria del edificio o edificios ofertados, que constan en el Registro de la Propiedad de su titularidad. No ha presentado ninguna otra oferta por empresas/personas vinculadas, al objeto de que el procedimiento pueda dar lugar a ninguna conducta colusoria. Y que las viviendas del edificio residencial en construcción ofrecido para permutar no están comercializadas por la promotora".

Asimismo, al ser preguntado por el futuro inmediato de la permuta, el titular de Urbanismo ha señalado en la misma rueda de prensa que su equipo "no adquirirá ni adjudicará" ninguno de los 39 pisos de VPO hasta que este extremo esté aclarado –la presunta comercialización anterior de los pisos– de cara a "garantizar la tranquilidad de las familias" demandantes de viviendas de protección pública. Es decir, el ayuntamiento se asegurará de que Domio obró correctamente antes de continuar con una operación cuya legalidad será dilucidada en los juzgados.

En la misma línea, fuentes municipales han asegurado a este periódico que no tenían constancia de la prerreserva de los 39 pisos anterior a la permuta de los cuatro solares del ayuntamiento.

Intervención de un funcionario

En cualquier caso, los datos siguen llegando y el PSPV le da una neva vuelta de tuerca al caso. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha desvelado que el gobierno del Partido Popular descartó inicialmente establecer como requisito en el pelotazo de las VPP que la adjudicataria no hubiese comercializado las viviendas que ofrecía a cambio del suelo municipal. Sanjuan ha explicado que solo después de la intervención de un funcionario, que reprochó que no se hubiese establecido esta obligación, se decidió incluir en el pliego de condiciones de la permuta.

Así consta en el informe que emitió un técnico municipal ante la primera versión del pliego de condiciones. Finalmente, tras esta advertencia, el gobierno municipal sí incluyó como requisito que las viviendas que se entregasen a cambio del suelo público para construir 250 viviendas de protección oficial no hubiesen sido comercializadas. Una situación que, tal y como han desvelado los socialistas, la empresa adjudicataria no cumplía porque ya había formalizado una prereserva para entregar las viviendas a 39 familias.

“El Partido Popular le regaló suelo público a una promotora privada para construir 250 viviendas a cambio de solo 39. Hablamos de 39 viviendas para las que ya se había seleccionado a 39 familias que cumplían con las condiciones para acceder a una vivienda de protección oficial y a las que finalmente se las arrebataron. Pero no solamente eso sino que, además, el PP intentó eliminar la obligación de que la adjudicataria no hubiese comercializado las viviendas que ofrecía a cambio del suelo municipal. Tanto es así que tuvo que ser un funcionario el que les obligó a situarla en un nuevo pliego tras redactar un informe sobre las deficiencias que había localizado en el primer borrador que había redactado el gobierno municipal”, ha sostenido.

Para el responsable socialista, “la empresa cometió un delito engañando al ayuntamiento presuntamente, pero el propio Partido Popular tenía la intención ya inicialmente de retirar esa condición para que empresas como esta, o mejor dicho, a lo mejor solo esta, fuera la destinataria de ese pelotazo que hemos destapado desde el Partido Socialista”.

Sanjuan ha exigido a María José Catalá que dé explicaciones sobre las irregularidades que se están destapando sobre esta permuta “que sólo beneficia al promotor y que perjudica seriamente a los vecinos y vecinas de València, que han perdido en esta operación el suelo donde el Ayuntamiento iba podría haber construido 250 viviendas de protección pública a cambio de 39 VPP que, además, ya se habían reservado para 39 familias que cumplían las condiciones y que, como consecuencia de la permuta promovida por Catalá, ahora se quedan sin su vivienda”, ha finalizado.

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