El negocio de la vivienda pública en València: cronología de una permuta bajo sospecha

Esta semana ha reflotado en València una operación municipal para adquirir VPO sobre la que se ciernen algunas sospechas. El ayuntamiento firmó con la promotora Domio la adquisición de un edificio de 39 viviendas (que se está construyendo actualmente en Patraix) para destinarlas al alquiler asequible, y a cambio entregó cuatro solares en Malilla y Nou Moles con capacidad para 200 VPO. En principio es una fórmula sin vuelta de hoja, más allá de que València pierde, al cambio, la tutela potencial sobre unos 160 pisos públicos.

Sin embargo, como ha venido contando este diario tras una revelación del PSPV, los pliegos de condiciones del ayuntamiento dictaban que el edificio a permutar no podía estar comercializado, y a partir de ahí han surgido una serie de disquisiciones léxicas, éticas y legales sobre las que conviene reparar a través de una cronología de los hechos, que tal vez aclare algo el caso o termine de enmarañarlo aún más.

Según ha podido comprobar Levante-EMV, en octubre de 2023, Domio Desarrollos II SLU firmó al menos un contrato de prerreserva con una familia por un piso en un edificio de futura construcción de 39 viviendas entre las calles Músico Gomís y José Roca Coll, en Patraix. El piso tiene un coste de 238.101 euros y la promotora recogió por él una señal de 1.000 euros.

El contrato indicaba que una vez obtenida la licencia de obras y la autorización del servicio territorial competente, se daría un plazo limitado para formalizar la reserva. Las cláusulas adicionales contemplaban una posible rescisión de contrato mediante la cual, si la promotora incumplía los términos de su propio documento o el edificio no se construía, la promotora debía devolver el depósito con intereses y el interesado no podría ejercer acciones legales que no estuvieran orientadas a recuperar su dinero.

El 21 de marzo de 2024 se iniciaron las obras del edificio de 39 pisos de VPO, según el acta de replanteo.

Dos meses más tarde, el 16 de mayo de 2024, ocurrió algo sin aparente relación. Los concejales de Urbanismo y Patrimonio pusieron en marcha mediante una moción la vía de las permutas, alegando que "la escasez de vivienda se ha agravado en los últimos años". La actuación municipal, decía la moción, buscaba movilizar la gran bolsa de suelo paralizada durante años a través de la colaboración público-privada. La fórmula se activó entonces para adquirir otro edificio distinto de 86 VPO a cambio de otros cuatro solares. El suelo se lo quedó Grupo Lobe y la operación está siendo investigada por Antifraude.

Dos meses después, a finales de julio de 2024, según ha podido comprobar este diario, Domio envió un correo a una de las familias para intentar resolver la prerreserva unilateralmente. En este se explicaba que, de acuerdo con lo recogido en las disposiciones del contrato se devolvía, mediante cheque bancario, las cantidades percibidas más los intereses legales. La promotora preguntaba por la disponibilidad de los interesados para concertar una cita, formalizar el pago y firmar la documentación pertinente.

En un hilo del foro nuevosvecinos.com tpdavía aparecen publicados los comentarios de al menos siete vecinos desconcertados por la rescisión del contrato, los mensajes son de julio y agosto hasta que se organizan en un grupo de WhatsApp. Según relató luego uno de los vecinos en Levante-EMV, algunos rechazaron durante meses formalizar el pago y firmar la documentación. En diciembre de 2024 la promotora les envió un burofax -contaba este vecino- para comunicarles que si no recogían el dinero lo depositaría en notaría.

"Derecho adquirido por un tercero"

El 27 de marzo de 2025, tal como consta en un acuerdo posterior de Junta de Gobierno Local, la promoción de 37 pisos de VPO recibió la calificación provisional mediante resolución dictada por el secretario general de Vivienda. Es decir, la Administración certificó que la promoción cumplía los requisitos para ser considerada VPO.

El 16 de julio de 2025 se publicó en en boletín provincial el procedimiento de concurrencia pública para la permuta de los cuatro solares en Malilla y Nou Moles, por un valor conjunto de 8 millones de euros. En los pliegos aparece expresamente recogida la condición que ha generado controversia y diferentes interpretaciones: "Respecto de los edificios en construcción, se exige que las viviendas no estén comercializadas por la promotora”.

Dos días después, el 18 de julio, una empresa licitadora preguntó por el requisito de la no comercialización y añadió: "Entendemos que esto significa que no existan contratos de compraventa firmados ni derechos adquiridos por terceros ni que las viviendas estén actualmente a la venta. ¿Pueden confirmarnos que es así?". El ayuntamiento respondió: "En cuanto a que las viviendas no estén comercializadas por la promotora se refiere a que no exista ningún derecho adquirido por tercero".

El 30 de julio, el representante legal de Domio presentó una oferta mediante la cual se comprometía a entregar al ayuntamiento el edificio de 39 viviendas valoradas en 9,5 millones actualmente en construcción. El ofertante se daba como fecha límite de entrega el 1 de junio de 2026, y presentaba una declaración responsable donde confirmaba que las viviendas del edificio para permutar "no están comercializadas por la promotora". En ese momento las obras habían alcanzado un estado de ejecución del 59,79%.

Una segunda oferta sin valor real

El 5 de agosto de 2025, la empresa Músico Chapi Homes, SL presentó una segunda oferta mediante la cual se comprometía a entregar un número de viviendas no detallada. La mercantil tampoco acreditaba la existencia o presentación del proyecto básico de ejecución, y el ayuntamiento ni siquiera encontró que la empresa estuviera interesada en otros procesos administrativos. No resultó ser competencia para Domio.

Finalmente, el 17 de octubre de 2025, la Junta de Gobierno Local acordó adquirir el edificio desarrollado en Patraix a cambio de las cuatro parcelas en Malilla y Nou Moles. La diferencia entre el valor del bloque de VPO y la tasación de los cuatro solares municipales además se resolvió con el pago de 1,5 millones en favor de la promotora.

La siguiente noticia de esta operación ha llegado ya en 2026, después de que el PSPV haya anunciado que llevará el trato a la Fiscalía. Los socialistas consideran que el requisito de la no comercialización se ha incumplido, y el PP defiende la legalidad de la operación porque la permuta, en el momento exacto de la firma, estaba libre de cargas y obligaciones, tal como aseguró la promotora mediante declaración responsable. Se está debatiendo por tanto el hecho temporal, la foto fija de la permuta, y serán los tribunales quienes diriman si las cargas anteriores comprometen el acuerdo.

"¿Quién gana en esta operación?"

Pero además hay varias cuestiones de fondo sobre las que se vienen debatiendo independientemente de que la permuta se firmara dentro del cauce legal. Por un lado, los afectados se preguntan qué gana la Administración con esta operación: se desposee de VPO a gente que cumple los requisitos a cambio de recolocar en ellas a perfiles similares y perder suelo con capacidad para más casas. Si la Administración no gana, "¿quién lo hace?", se preguntan. El PSPV ha cifrado en 45 millones el "pelotazo" de construir al menos 200 pisos en los terrenos adquiridos. Y en esa línea, a la vista de la secuencia de los hechos y la 'limpieza' de cargas en el edificio, tanto la oposición como los afectados sugieren que tal vez la promotora tuviera información sobre la bolsa de suelo que estaba por salir.

Por último, unos y otros esperan que la Justicia revise la validez de la rescisión unilateral del contrato y la declaración responsable de la promotora. Ante la polémica surgida estos días, el gobierno municipal ha defendido la legalidad de su actuación, ha dicho que no adjudicará los 39 pisos hasta que se resuelva el asunto y ha asegurado en este periódico no tener constancia de que los pisos estuvieran prerreservados antes de adquirir la promoción. "Si el promotor tenía algún tipo de relación particular será él quien tenga que demostrar qué tipo de relación era, y las personas que han recibido un perjuicio tendrán su derecho a reclamar", declaró el concejal de Urbanismo el viernes trasladando cualquier responsabilidad a Domio.

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