El Ayuntamiento de València tenía constancia de que las 39 VPO estuvieron reservadas antes de firmar la permuta

El caso de la permuta de cuatro solares municipales por un edificio de 39 viviendas públicas suma un nuevo capítulo. El PSPV acaba de acreditar en rueda de prensa que el Ayuntamiento de València tuvo constancia de que los pisos habían sido prerreservados, y aún así continuó adelante con la operación de permuta de la que salió favorecida Domio Desarrollos.

Tal como ha venido contando Levante-EMV, las familias afectadas firmaron en octubre de 2023 un contrato de prerreserva y entregaron una señal de 1.000 euros para que esta les guardara las viviendas, construidas en Patraix, con derecho a trastero y plaza de aparcamiento. Sin embargo, en julio de 2024 la inmobiliaria trató de rescindir unilateralmente los contratos en base a una cláusula que le permitía incumplir su propio documento sin que los afectados acudieran a los tribunales.

Hasta ahora, el ayuntamiento había asegurado desconocer que esas viviendas hubieran estado comercializadas, requisito prohibido en los pliegos de la permuta. Sin embargo, los afectados dejaron registro documental de la operación en las dependencias del consistorio, tal como ha documentado el PSPV.

El 18 de julio de 2024, a las 14,38 horas, un interesado solicitó acceso al expediente de la promoción de 39 viviendas ubicada en la calle José Roca Coll 19 y copia de su contrato con la mercantil Domio Desarrollos II. El ayuntamiento adquirió conocimiento de la situación y, con ello, reconoció su derecho como interesado en el expediente de la edificación dándole acceso íntegro al mismo.

El mismo día, otro interesado expuso al ayuntamiento: “Como persona interesada habiendo prerreservado un piso de VPO en esta promoción (adjuntaba contrato de prerreserva), y con la sospecha de que la empresa promotora no nos está dando información porque tiene pensado cambiar las condiciones del edificio y cancelar nuestra prerreserva (…) solicito acceso a los expedientes vinculados”. El consistorio le dio acceso e incorporó copia entre el particular y la promotora Domio en el expediente. Ese día 18 por la noche entraron en el consistorio otras dos peticiones que el ayuntamiento tramitó favorablemente. Finalmente, el 21 de julio, una quinta persona pide acceso al expediente de las viviendas por ser perjudicada en la resolución unilateral del contrato de prerrerserva y el ayuntamiento, como en los casos anteriores, avala su interés.

“Hace unos días ya anunciamos que la empresa había mentido en su declaración responsable para obtener un pelotazo de las VPO y nos preguntábamos si el ayuntamiento era consciente de esta situación. Hoy ya estamos en disposición de acreditar que el PP efectivamente conocía esta ilegalidad antes de autorizar la permuta porque los afectados ya habían notificado su condición de afectados y el ayuntamiento les había reconocido como tal”, ha señalado el portavoz socialista, Borja Sanjuan. “Al darles acceso al expediente, les reconoció explícitamente sus derechos adquiridos sobre las viviendas ya en julio de 2024, cuando aportaron sus contratos”, ha continuado.

Para Sanjuan, este reconocimiento no solo implica que existía el derecho a adquirir esa vivienda porque habían firmado una prerreserva sino que “el ayuntamiento nunca podría haber adjudicado la permuta salvo que se cometiera una ilegalidad. Y, de hecho, los técnicos ya advirtieron en un informe en julio de 2025 que se entendían como viviendas comercializadas cuando existiese un derecho constituido, que es justamente lo que reconoció el ayuntamiento cuando les dio acceso al expediente en julio de 2024”.

A pesar de todo, ha continuado el portavoz socialista, el 17 octubre de 2025, un año y tres meses después de reconocerles sus derechos adquiridos, el ayuntamiento adjudicó la permuta “dando por buena una declaración responsable que nunca se debió haber otorgado. Ahora la pregunta ya no es si el ayuntamiento sabía lo que estaba pasando sino qué interés tenía el ayuntamiento en permitir que se cometiera un delito a costa de tirar a 39 familias de las viviendas protegidas que ya habían prerreservado”, ha dicho.

“Es un hecho de extrema gravedad. No solo han modificado las normas sino que están dispuestos a cometer delitos a cambio de que mucha gente se lleve mucho dinero y Catalá debe cesar inmediatamente al responsable de Urbanismo (Juan Giner) y al de Patrimonio (Marí Olano), que son quienes firman la moción impulsora de la permuta. La promotora ha cometido un posible delito de falsedad documental pero el ayuntamiento, al adjudicar, tenía que haber excluido a esta empresa porque sabía que no reunía todos los requisitos. La empresa ha mentido, pero lo que hablamos ahora es de la posible prevaricación de los concejales que conocían estos hechos”, ha subrayado. Sanjuan.

Finalmente, al ser preguntado por si existe una relación entre la promotora y el Partido Popular, ha instado a trasladar esa pregunta al Partido Popular.

No es el caso de Alicante

El caso de la permuta de suelo municipal por 39 VPO con reserva anterior ha puesto el foco sobre la vivienda pública de València, y hay quien ha asociado este “pelotazo inmobiliario”, en palabras de los socialistas, al caso de Alicante, pero ambas situaciones presentan una gran diferencia: en las operaciones urbanísticas del Cap i Casal no hay o no ha quedado acreditada ninguna adjudicación de vivienda pública a políticas y altos cargos de la Administración.

Lo que se debate políticamente y se dirimirá en los tribunales si la Fiscalía admite la denuncia –que aún no se ha presentado y se ampliará con estos registros de entrada– es la presunta falsedad documental en la que habría incurrido la promotora, según los socialistas, y un posible trato de favor del gobierno municipal hacia esta empresa.

El PP definde la operación

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha rechazado las acusaciones del portavoz socialista Borja Sanjuan sobre la permuta de viviendas protegidas con la promotora Domio y ha defendido que el procedimiento administrativo fue "impecable" porque se tramitó con todos los informes favorables. "La mentira y la difamación nunca deberían ser un mérito para sobrevivir en política. Y menos cuando los perjudicados son las personas que esperan una vivienda", ha declarado Juan Giner en respuesta a las acusaciones del PSPV.

El concejal ha subrayado que "el partido socialista de esta ciudad lleva varios días sembrando dudas sobre un proceso administrativamente impecable porque se llevó a cabo con todos los informes a favor, tanto patrimoniales como de la Intervención municipal". Giner ha insistido en que "las bases de adjudicación de la permuta que el partido socialista amenaza con llevar a la Fiscalía se cumplieron en todos sus extremos". El concejal ha recordado que la empresa presentó declaración responsable el 30 de julio de 2025 acreditando que las viviendas ofrecidas no estaban comercializadas, cumpliendo así el requisito establecido en el pliego de condiciones. "El ayuntamiento hizo lo que debía: exigir en las bases que no estuvieran comercializadas. Y el expediente se tramitó correctamente con la documentación aportada", ha explicado.

"Intentan crear un caso València"

El responsable de Urbanismo ha acusado al PSPV de "manipulación para construir un inexistente caso València, lo cual solo demuestra su impotencia y su frustración para hacer oposición a un gobierno que funciona". Asimismo, Juan Giner ha exigido al partido socialista que "no vaya en contra de las personas en la lista de espera por una vivienda". "Es a ellos a quienes perjudica con sus mentiras, bulos y difamaciones", ha añadido. "Si el señor Sanjuan tiene una sola prueba, una sola, de que este concejal ha prevaricado, lo que debe hacer es dejar de difamar y cumplir su amenaza de acudir a la Fiscalía", ha concluido Juan Giner.

El delegado de Urbanismo ha recordado que el expediente de permuta cuestionado por los socialistas cuenta con informes favorables del Servicio de Patrimonio (27 de mayo y 10 de septiembre de 2025) y de la Intervención General (16 de octubre de 2025), y que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 17 de octubre de 2025.

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