El PSPV señala a una excompañera del edil Marí Olano como beneficiaria de la permuta de 39 VPO en València

El pleno de febrero en el Ayuntamiento de València ha tenido como punto central el debate sobre las permutas impulsadas por el gobierno municipal y, más concretamente, el intercambio de 39 viviendas de VPO por cuatro solares públicos. Antes del pleno, el Grupo Municipal Socialista había amenazado con revelar la presunta relación del Partido Popular con la promotora Domio, adjudicataria de las parcelas tras un proceso plagado de dudas. Finalmente, Borja Sanjuan ha aprovechado su primer turno de palabra para esclarecer este detalle.

El portavoz socialista ha explicado que la abogada María Dolores Álvarez Albors, coordinadora de la Generalitat Valenciana nombrada por el PP, está detrás de la empresa que ha entregado el edificio de 39 pisos de VPO, sobre los que se había firmado un contrato de prerreserva que la empresa resolvió de forma unilateral, forzando a las familias a recoger la señal de 1.000 euros entregada previamente.

Según ha dicho Sanjuan, la promotora adjudicataria “del pelotazo de las VPO” es Domio Desarrollos II, que es propiedad de Domio Habitat que, a su vez, es propiedad de Inversiones Montelimar. La apoderada de la empresa matriz, Inversiones Montelimar, es una abogada coordinadora de la GVA (cargo de libre designación) nombrada por el PP en diciembre de 2023, María Dolores Álvarez Albors.

“Posteriormente a su designación por parte del PP, la abogacía de la Generalitat informó favorablemente sobre el cambio legislativo que posteriormente aprobó la Generalitat para, entre otras cosas, incrementar el módulo de las viviendas públicas”, ha relatado Sanjuan. “Más tarde, el ayuntamiento programó el pelotazo del que resulta adjudicataria la empresa vinculada a Álvarez Albors, adjudicataria de la permuta impulsada por los concejales Juan Giner y José Marí Olano, de Urbanismo y Patrimonio”, ha continuado el socialista.

A continuación ha intervenido el titular de Urbanismo para defender la adquisición del edificio que actualmente se construye en Patraix y cuestionar la consideración de “pelotazo” urbanístico, porque, entre otras cosas, las viviendas a edificar en los suelos entregados tienen un coste importante en materiales e impuestos. Asimismo, como ha ocurrido en los últimos días, Giner ha redundado en que el ayuntamiento contaba con una declaración responsable del responsable de Domio –no han citado el nombre– donde se afirma que las viviendas no están comercializadas. Urbanismo ha requerido justificación de la declaración responsable y pedirá un informe a los servicios jurídicos para evaluar si cumple o no con lo declarado. “Si no cumple habrá que demandar a la empresa”, ha dicho Giner.

Por último, el político del PP ha dicho que las 39 viviendas de VPO adquiridas en la permuta irán destinadas a personas vulnerables, víctimas de violencia de género o personas expulsadas en procesos de desahucio. Acto seguido ha salido el concejal Marí Olano a defender su honorabilidad: “Yo creo en unas ideas y es bueno aportar algo a la sociedad. Porque yo sea del PP no quiere decir que sea el miembro de una especie de organización criminal que busca beneficiar a determinados sujetos”, ha dicho.

En la siguiente ronda, Ferran Puchades, concejal de Compromís, ha considerado probado que la inmobiliaria obró de mala fe con las 39 familias desposeídas del contrato de prerreserva y se ha preguntado por el grado de conocimiento que tenía el PP sobre la titularidad de la empresa beneficiario. Sanjuan ha dicho que habla de “pelotazo” porque las 200 VPO a construir en los solares adjudicados tendrían el mismo sistema de adjudicación que en Alicante, es decir, a dedo. En su estrategia política, el PSPV lleva días intentando asociar casos y elucubrando con esta posibilidad. Y Giner ha dicho lo ya sabido: que esas 200 viviendas públicas aún no son siquiera un embrión.

En último lugar ha salido Marí Olano para ofrecer algunos detalles de su vinculación con la persona situada en el centro de la operación. El concejal de Grandes Proyectos y Patrimonio –coimpulsor de la moción de permuta– ha manifestado saber quién es María Dolores Álvarez Albors. “Es una de las abogadas de la Generalitat, era una de las personas que me encontré cuando me nombraron abogado en 2004. Es una persona muy maja. Sé que es compañera de mi hijo, que sacó las oposiciones de Abogacía de la Generalitat. Sabía que era la esposa del dueño de Domio. A Miguel (Ferrer Vanaclocha) lo he conocido durante estos meses. María Dolores era abogada de la Generalitat conmigo”, ha explicado Olano, antes de afirmar que las acusaciones de Sanjuan en el pleno podrían constituir un ilícito civil e incluso penal. “Rechazo todas las barbaridades que dice usted. Creo que ha perdido el norte. en su afán de hacer oposición”, le ha espetado al portavoz socialista.

El PSPV llevará los datos recabados durante las últimas semanas a la Fiscalía e instará al ayuntamiento a hacer una revision de oficio para que se devuelvan las 39 VPO a las familias y el suelo público vuelva al patrimonio municipal.

"Este modelo huele mal"

Al respecto, la secretaria general del PSPV de la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha asegurado que el “PP tenía un plan cuando modificó la ley para incrementar el precio de la vivienda pública, y su plan era hacer negocio con el chanchullo de las viviendas”. La delegada del Gobierno ha opinado que el “PP es un peligro” porque convierte derechos públicos en negocios y ha señalado que la fórmula de las permutas supone regalar el suelo, “ahora parece que a colegas”, ha señalado en alusión a lo revelado por Sanjuan en el pleno. La socialista ha pedido al PP que aclare la relación entre Marí Olano y la empresa adjudicataria y también ha exigido que se paralicen todas las permutas “porque este modelo huele mal”.

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