Catalá contrataca tras la permuta de VPO bajo sospecha: "Conozco situaciones de los anteriores concejales mucho más delicadas"

El tema que durante días ha centrado la atención de los grupos municipales se acerca a un nuevo escenario. Destripado el proceso administrativo de la permuta de 39 VPO, que revisarán los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València y pasará por la Fiscalía si los socialistas presentan la documentación recabada en las últimas semanas, la operación ha entrado en una guerra de acusaciones sobre tratos interesados con la administración pública.

Ayer, el portavoz socialista Borja Sanjuan explicó en el pleno que la empresa beneficiaria de la adjudicación de cuatro parcelas municipales tiene, entre las titulares de un entramado societario, a una abogada de la Generalitat con plaza de libre designación desde 2023, es decir, bajo el gobierno del Partido Popular. Esta abogada fue compañera hace 20 años del concejal Marí Olano –impulsor de la operación de permuta–, como él mismo reconoció en el pleno, y el marido de la abogada es el dueño de la promotora Dominio, adjudicataria de las cuatro parcelas.

Antes del pleno, el socialista amenazó con revelar un presunto conflicto de intereses que los tribunales deberán decidir si es tal, y durante sus intervenciones Sanjuan se afanó en incorporar capas de relato político a la operación. Habló de pelotazo urbanístico y dijo que el PP regala suelo municipal para más tarde adjudicar las viviendas resultantes a sus conocidos, como sí ha ocurrido en Alicante. Olano contestó que su vínculo con la abogada citada en sesión plenaria era mínimo, y reprochó al socialista su ataque: “Conmigo ha perdido gran parte de la estima intelectual que le tenía”, dijo.

Al ser preguntada por el debate del pleno, la alcaldesa María José Catalá ha opinado que “Sanjuan ha construido un relato intentando forzar la máquina al máximo”, y ha añadido: “A mi el bombazo que dijeron que iban a soltar en el pleno me pareció un absoluto bluf. Creo que la permuta es totalmente legal desde el punto de vista administrativo, hemos pedido explicaciones a la empresa y tendrán que aportar esas explicaciones”, ha seguido Catalá.

“No me parece que el hecho de conocer personalmente a una abogada del Estado de una promoción parecida que lleva 30 años en la administración sea ningún tipo de conflicto de intereses, a priori no me lo parece. Conozco situaciones de los anteriores concejales del ayuntamiento de Valéncia de cercanía que me parecen mucho más delicadas. Soy respetuosa y lo he sido siempre, pero concejales del Partido Socialista del anterior gobierno tienen relaciones personales, conocidos entornos familiares… tienen relación con esta propia administración mucho más complicadas de explicar”, ha ahondado la alcaldesa, extendiendo la sospecha sobre el segundo grupo de la oposición.

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