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Protesta por la discriminación salarial entre funcionarios municipales: "Hay policías en València que pueden cobrar 500 euros menos que un compañero por el mismo puesto"

El conflicto salarial en el Ayuntamiento de València se origina por la falta de reconocimiento de la antigüedad laboral dentro del reglamento de carrera profesional, afectando a empleados y funcionarios con experiencia previa en el sector público

Agentes de la Policía Local de València protestan por la desigualdad salarial

Agentes de la Policía Local de València protestan por la desigualdad salarial / C. Llorca Ibáñez

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Los funcionarios y personal laboral municipal están 'en pie de guerra' por lo que consideran una "discriminación salarial" derivada de que, según explican, al personal que se incorporó a partir del año 2017 no se le reconoce toda la antigüedad generada en otras administraciones, lo que en este caso se refiere al concepto denominado carrera profesional horizontal. Este tipo de mejora laboral permite aumentar las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto o promocionar, a través de la adquisición de nuevas habilidades y competencias "que ya se han demostrado de sobra", inciden los afectados, o la valoración de la experiencia y el desempeño.

Por este motivo, alrededor de una veintena de manifestantes se han concentrado bajo el Ayuntamiento de València esta mañana de viernes con el objetivo de mostrar su "indignación" ante un hecho que llevan arrastrando años, concretamente nueve. Los participantes en la protesta, todos miembros del cuerpo de Policía Local de València aseguran "que esto perjudica a todas las áreas del funcionariado municipal y personal laboral y los afectados se pueden contar por cientos" e insistien en que al "no percibir el salario que nos corresponde por bagaje, cada día que pasa perdemos poder adquisitivo con respecto a los demás compañeros a los que sí se les retribuye".

Funcionarios municipales reclaman la adecuación de la carrera profesional horizontal

Funcionarios municipales reclaman la adecuación de la carrera profesional horizontal / C. Llorca Ibáñez

Según explican los agentes que han participado en la protesta, este problema arranca en el año 2017 cuando el reglamento de la carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño den el consistorio valenciano fue aprobado por el pleno el 23 de febrero de 2017 y entró en vigor el 19 de junio de ese mismo año. Este día, marca el límite temporal en el que, según explican algunos afectados, comienza el problema.

"Por, entre otros aspectos, cuando se aprobó nunca se realizó la evaluación de desempeño que la propia carrera marca, simplemente se les encuadró en su escalón correspondiente en función a su antigüedad total sin más, por eso, consideramos que a los que se han incorporado después también se les debe de encuadrar en función a su antigüedad y experiencia", esgrimen.

A todo el personal público que se incorporó a los servicios municipales del ayuntamiento del cap i casal a partir de ese mismo año, independientemente de si provenía de una permuta entre funcionarios (el intercambio voluntario y definitivo de sus puestos de trabajo siempre autorizado por la administración), de una movilidad (el cambio de puesto de trabajo, destino o de administración pública que lleva aparejado un concurso de méritos) o se ingresaba en el cuerpo de funcionarios municipales por turno de acceso libre, "dejó de reconocérsele la antigüedad acumulada en su anterior puesto de trabajo público", señalan.

Según explican los afectados, la única mejora que se ha conseguido en los últimos años ha sido que sí se le aplique el primer grado de desarrollo profesional (al que se opta tras seis años de trabajo, como si fuera un sexenio, a los que hay que sumar después otros tres grados) a quienes llegaron a la corporación municipal demostrando 6 años de antigüedad mediante un proceso de movilidad y por libre elección (estos incorporados directamente por el ayuntamiento). Pero fuera de esta mejora se han quedado los llegados a través de permuta y los que accedieron mediante oposición por turno libre, quienes no tienen reconocida su trayectoria previa en otro puesto de empleo público.

Un ejemplo de la situación de permuta sería un funcionario que hubiese trabajado durante 18 años en cualquier otro municipio en el mismo puesto y que quisiera cambiarse a València. En este caso tendría que ponerse de acuerdo con un trabajador análogo de la capital que necesitara el traslado a ese otro municipio. Con el beneplácito de ambos ayuntamientos, superando unas pruebas psicotécnicas y médicas podrían intercambiarse el trabajo perdiendo la plaza que dejan. Sin embargo, el empleado que aterrizase en València, perdería los años trabajados en el otro consistorio y no le computaría nada su antigüedad a efectos de carrera profesional, es decir, que entraría con la experiencia que arrastra de otro municipio, pero no se le retribuiría por ello. Con esta situación, "la brecha salarial puede ser de hasta 500 euros con respecto a un compañero de tu misma categoría y años trabajados", señalan.

Otro de los momentos que generó "mucha frustración" en estos trabajadores sucedió en el año 2022 "cuando nos aseguraron que nos subían una cantidad de dinero a todos los funcionarios, sí que hubo una subida, pero solo se aplicó dentro de la carrera profesional, lo que provocó que la brecha fuera aún más grande", cuentan indignados.

Reuniones, peticiones y una sentencia del TSJ

Tras varias reuniones con los responsables municipales de Personal, quienes, según la versión de los afectados "pese que hace dos años nos dijeron que sí nos encuadrarían en el escalón 1 y nos reconocerían los años que estamos en València para llegar al escalón 2, seguimos exactamente igual", peticiones e incluso con juicios de por medio, "al que algunos funcionarios acudieron cansados de la situación y gastándose dinero de su bolsillo".

En este sentido, existen, tal como reconocen los afectados, "sentencias favorables al Ayuntamiento", la contienda judicial llegó al Tribunal Superior de Justicia pero para los trabajadores municipales "los argumentos que esgrime la sentencia no tienen sentido, aunque el consistorio se agarre en eso para mantener la brecha", insisten. Además, opinan que "la argumentación que el TSJ afirmó y avaló, es la que utilizó el ayuntamiento para no pagar, que se refiere a que en el caso de permuta, la intervención de la Administración queda circunscrita a la constatación del cumplimento de los requisitos legales, y si bien sí que debe ponderar el interés público, no puede entrar a valorar competitivamente al permutante ni seleccionar entre vamos aspirantes”.

Por el momento la negociación sigue estancada aunque los sindicatos, explican, van a continuar trabajando para que los años trabajados no caigan en saco roto.

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