Un informe jurídico del Ayuntamiento de València dice que la permuta de las 39 viviendas reservadas fue legal

Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia concluye que fue totalmente legal la permuta de terrenos para construir VPP a cambio de un edificio en construcción de 39 viviendas protegidas prácticamente acabadas en Patraix. Los servicios jurídicos han fusionado en un único informe dos peticiones, la del concejal de Urbanismo y posteriormente la del PSOE y Compromis, sobre la legalidad de la permuta realizada por Urbanismo, dejando claro que no existe ningún incumplimiento por parte del Ayuntamiento. La Asesoría Jurídica Municipal concluye que “no procede procedimiento administrativo de revisión de la legalidad, al no advertirse vulneración del ordenamiento jurídico”. Su percepción es que la reserva de los pisos por parte de sus compradores, con el pago incluido de 1.000 euros, fue un acto previo a la comercialización en sí misma, por lo que la permuta sería legal.

Según el ayuntamiento, el informe responde a todas las preguntas de Compromis y PSOE, partido este último que ha llevado el caso a la Fiscalía, "dejando meridianamente claro que no se ha vulnerado el ordenamiento jurídico y desmontando de esta forma todas las acusaciones de la oposición".

Comercialización

Los servicios jurídicos municipales, precisa el consistorio, analizan si la pre-reserva de las viviendas realizada por la promotora con carácter previo a la permuta suponía una comercialización de las viviendas. La cuestión se plantea como consecuencia de los documentos de pre-reserva suscritos por la empresa DOMIO con terceros interesados en la adquisición de los inmuebles, con depósito de 1.000 euros, entre los meses de octubre de 2023 y enero de 2024, cuyo importe fue devuelto, más intereses, entre febrero y diciembre de 2024, según relación que obra incorporada al expediente, una vez que se les había comunicado “la resolución del contrato de pre-reserva para la venta de la vivienda (…) del edificio en construcción (…), así como la restitución de las cantidades satisfechas a la mercantil promotora.”

Afirman los servicios jurídicos municipales que “el contrato de pre-reserva no es instrumento jurídico que cree un derecho a la adquisición de los inmuebles, tal y como se deduce de la cláusula V. OTRAS DISPOSICIONES, apartado E del mismo, conforme el cual: “El presente documento y su contenido no constituyen oferta, promoción o publicidad para la venta de las unidades inmobiliarias”.

“La firma de la pre-reserva exigía una entrega de 1.000€ por los solicitantes. Esta entrega no se integraba dentro del precio del inmueble, conforme se manifiesta en la cláusula III.- PRE-RESERVA: “en ningún caso se entregan en concepto de cantidades a cuenta del precio final”, supeditándose su restitución a “la suscripción del contrato de reserva. Si no forman parte del precio de adquisición, que es un elemento esencial de cualquier compraventa, es que se carecía de un derecho adquirido a la misma, por el simple hecho de la pre-reserva”, apuntan los servicios jurídicos.

¿Lo sabía el ayuntamiento?

Otra de las cuestiones analizadas por los servicios jurídicos es si el Ayuntamiento podía haber adjudicado a Domio Desarrollos II SL la permuta a pesar de que tenía conocimiento de que terceros tenían derechos adquiridos sobre las viviendas objeto de la permuta y, por tanto, no se cumplía la Condición Primera del Pliego. Dice el informe que “la pregunta, así formulada, da por supuesto, de forma apodíctica, que el Ayuntamiento había adjudicado la permuta conocedora del incumplimiento de las condiciones del pliego. No se comparte la premisa de la que se parte, por lo que tampoco entendemos correcta la consecuencia que se describe. Sencillamente, a nuestro juicio no existen tales derechos adquiridos, en base a lo argumentado en el cuerpo del presente informe”.

Y añade el informe que “la promotora no ha firmado ningún contrato de reserva, ni de promesa de venta con o sin pacto de arras, ni de compraventa, ni ningún otro que suponga su comercialización”.

Decenas de familias tiradas

"Independientemente del informe, que aprecia que no estaban comercializadas, es innegable que este gobierno ha dejado tiradas a las decenas de familias que tenían una prereserva", responde la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles. "PP y Vox no pueden ocultar el escándalo de fondo: están descapitalizando al Ayuntamiento de un patrimonio público que pertenece a todos los valencianos", añade.

Robles recuerda que estamos hablando de cambiar 39 viviendas por unos solares que podían generar más de 200 viviendas protegidas. "Ese suelo público que Catalá entrega a una promotora privada habría podido ser la base de un verdadero banco público de vivienda. Cada permuta de este tipo es una hipoteca sobre el futuro de los valencianos, porque cuando se haya agotado no habrá marcha atrás posible", valora.

"Mientras Catalá vende el patrimonio de todos para alimentar el modelo neoliberal de especulación con la vivienda, desde Compromís señalamos que hay otra forma de hacer las cosas. Desde Compromís apostamos por un modelo que garantice que el patrimonio colectivo se preserve para las próximas generaciones. El modelo de Catalá hace exactamente lo contrario: malbarata viviendas y ata de manos a los valencianos. Desde Compromís señalamos que la vivienda no puede ser un negocio para promotoras privadas a costa del patrimonio público de todos los valencianos".

Embarrar el terreno de juego

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentado que el gobierno de Catalá siga empeñado en impulsar una permuta para quitarles las Viviendas de Protección Pública que tenían reservadas 39 familias valencianas. “Lo que está haciendo en este caso el Gobierno de María José Catalá con la asistencia de la asesoría jurídica es tratar de embarrar el terreno de juego jurídico para continuar adelante con un pelotazo del que solamente gana una constructora con vínculos, además, con altos cargos de la Generalitat Valenciana para quitarle las 39 viviendas a esas familias”, ha manifestado tras analizar el documento.

"Hay una cosa que no está en duda y es que si el gobierno de María José Catalá no hubiera impulsado esa permuta, las 39 familias ahora mismo tendrían su vivienda de protección oficial"

Para el responsable socialista, “independientemente de la consideración jurídica que se le dé al derecho que tenían adquirido estas 39 familias, hay una cosa que no está en duda y es que si el gobierno de María José Catalá no hubiera impulsado esa permuta, las 39 familias ahora mismo tendrían su vivienda de protección oficial y que para dar un pelotazo urbanístico, ya sea legal o ilegal la actuación, el gobierno de María José Catalá le ha quitado a 39 familias valencianas las casas a las que tenían derecho”.

Sobre las contradicciones en las que incurre el informe de la Abogacía, Sanjuan sostiene que son las mismas que defiende la Concejalía de Patrimonio, y redundan en sostener que la comercialización solamente se da cuando hay un contrato de compraventa. “Esto, por ejemplo, es contrario al propio criterio que tiene el Ayuntamiento de València para ordenar cierres de apartamentos turísticos, donde se considera que la comercialización es simplemente la oferta en una plataforma online. Por lo tanto, es innegable que esas 39 familias tenían un derecho constituido sobre esas viviendas”, ha remarcado.

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