Vox mantiene el bloqueo a la Zona de Bajas Emisiones de València pese al informe del ayuntamiento

La Zona de Bajas Emisiones de València continúa siendo un cubo de rubik irresoluble, con todos los colores desalineados, por más que el gobierno municipal trate de allanar el camino con los datos que ya arroja el sistema de monitorización. El pasado martes, el ayuntamiento publicó los resultados de un informe donde se explicaba, como principal conclusión, que solo el 6% de los movimientos registrados en la ciudad corresponden a vehículos sin distintivo ambiental.

Estas cifras contrastan con las referidas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que sitúa los vehículos sin etiqueta registrados en la provincia y en València en torno al 26-29%. Según corregía el ayuntamiento con su informe, en realidad los vehículos más eficientes tienen un protagonismo mayor en el tráfico diaria: la etiqueta C representa el 48% de las detecciones, la etiqueta ECO el 18%, la etiqueta B el 19% y la etiqueta 0 emisiones alcanza ya el 5% del flujo total de tráfico.

De este modo, el gobierno municipal señalaba que el estudio del paso de vehículos registrado por las cámaras de ZBE confirma el análisis de los datos de movilidad de los dos primeros meses del año: mientras el tráfico interior se encuentra estabilizado y a la baja (en enero y febrero se ha experimentado un descenso del 4% respecto a los mismos meses del año anterior), los accesos crecen, en un contexto de aumento generalizado de la población en la ciudad.

Al respecto, desde Compromís denunciaron que el consistorio tiene una infraestructura de cámaras de 10 millones de euros “sin ninguna voluntad de utilizarlas”, y los socialistas aseguraron que el concejal Jesús Carbonell está "retorciendo los datos", pues en enero de 2026 entraron 21.000 coches más que en el mismo mes de 2024, y "las principales vías registran incrementos de tráfico superiores al 2%, a pesar de la falta de datos en algunos puntos clave".

Por su parte, más allá de los datos, María José Catalá ha reivindicado hoy que el sistema de monitorización de la Zona de Bajas Emisiones está implantado y solo faltaría la ordenanza sancionadora. “Yo estoy abierta a cualquier negociación, pero no entraré en chantajes”, ha atajado la alcaldesa.

Y es en ese punto –la negociación– donde el proyecto sigue atascado, con las posiciones políticas todavía muy alejadas. El debate gira en torno a dos cuestiones: las sanciones y las etiquetas. En el Partido Popular no están dispuestos a aprobar una ZBE que carezca de régimen sancionador porque son conscientes de que no pasaría el filtro del Ministerio para la Transición Ecológica y probablemente tampoco de los tribunales. Aunque mínimas, deben imponerse multas, señalan fuentes del gobierno municipal. Mientras, sus socios de Vox mantienen el bloqueo absoluto a cualquier texto que contemple sanciones porque estas, según han dicho en alguna ocasión, responden al “fanatismo climático” del Gobierno de España.

Debate sobre la etiqueta B

Descartado por tanto el acuerdo dentro el seno del bipartido conservador, que ni siquiera se ha sentado a dialogar sobre el tema en lo que va de 2026, el concejal de Movilidad necesitaría entenderse con Compromís y PSPV para sacar adelante una ordenanza más restrictiva, tal como han reclamado también desde la Federación de Asociaciones Vecinales. Pero aquí también hay escollos. Primero fueron los requisitos supletorios, como la aprobación del Corredor Verde o la reversión de Colón, pero en el último tramo de negociación los partidos progresistas se abrieron a negociar solo por las cuestiones contenidas en la ordenanza, y exigieron ampliar las limitaciones a los coches con etiqueta B.

Es decir, con los datos del informe municipal, una hipotética ZBE pactada con Compromís y PSPV afectaría a corto plazo a uno de cada cuatro coches circulantes, algo que el Partido Popular no aceptará, y de hecho tampoco se ha sentado en los últimos meses con los partidos de la oposición pese a que la prórroga concedida por el Ministerio sigue descontando días.

Así, el informe de la ZBE de momento solo sirve para avalar la tesis del gobierno municipal –que el parque móvil contaminante en València es escaso–, y parece difícil que algo cambie considerando el posible coste electoral en 2027 de limitar el acceso de vehículos a la ciudad. Además, en el consistorio sobrevuela la sospecha de que las sanciones o retirada de ayudas anunciada por el Ministerio en caso de incumplimiento no terminará de hacerse efectiva o podrá frenarse mediante la vía judicial. De momento, solo un tercio de las 153 ciudades de más de 50.000 habitantes ha implantado restricciones al coche contaminante tres años después de la Ley del Cambio Climático.

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