El Gobierno descarga la responsabilidad sobre el polémico Baluarte de la Marina en el Ayuntamiento de València

El Baluarte de la Marina sigue reuniendo detractores pese a encontrarse en una fase incipiente. Para el proyecto anunciado por la alcaldesa María José Catalá en diciembre, con 108 metros de altura, 30 plantas, 28.000 metros cuadrados de edificabilidad y un uso terciario, el ayuntamiento aún debe proceder a la depuración física y jurídica de la parcela para la posterior revertir la propiedad a la Autoridad Portuaria. Una vez eso suceda, la Autoridad Portuaria de València licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma. A partir de ahí los interesados deberán presentar sus propuestas.

El suelo aún no está listo a título administrativo, pero los vecinos del frente marítimo llevan varios meses arremetiendo contra el futuro edificio, con muchas probabilidades de terminar convertido en hotel. De hecho, el concejal de Grandes Proyectos, Marí Olano, habló en el pleno de febrero de "un hotel de cinco estrellas", que defendió como un buen proyecto para València y ligó a negocios futuros encaminados a hacer del Cap i Casal una "ciudad inteligente".

Sin embargo, a ojos de los vecinos la ciudad no es tan inteligente como especulativa, y piden cejar en el proyecto hotelero para dedicar el suelo a dotaciones públicas. Desde la oposición municipal recuerdan además que el Gobierno de Pedro Sánchez condonó parte de la deuda del Consorcio Valencia 2007 y afronta dicha factura, con lo que "nadie obliga al ayuntamiento a entregar la parcela al puerto" para obtener rentabilidad.

En la misma línea, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha elevado una pregunta en el Congreso sobre las competencias en dicha parcela, a lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico responde que, en el ámbito del sistema portuario de titularidad estatal, la ordenación y calificación urbanística se articula a través de los planes especiales tramitados y aprobados de acuerdo con lo previsto en la ordenación del territorio por la administración competente en materia de urbanismo. Esto es: el índice de edificabilidad de una superficie portuaria lo determina el municipio donde se ubica, en este caso el Cap i Casal.

En su respuesta, el Miteco también precisa que dentro de su ámbito ha desplegado ya una red de políticas dirigidas a la conservación, uso sostenible y restauración del medio ambiente. "No obstante, si fuera preceptiva la intervención de dicho Ministerio a través de las figuras previstas en la normativa aplicable este actuaría conforme al procedimiento establecido aplicando criterios técnicos y la legislación vigente", subrayan.

La intervención en una fase germinal no ha sido preceptiva, y el portavoz adjunto de Sumar comparte “el fondo y la forma" de la respuesta. "Nosotros estamos en una posición de negociar la cogestión de los puertos y aeropuertos del Estado por parte de la comunidad autónoma y por tanto no vamos a entrar a atacar el autogobierno", señala Ibáñez, "pero interpelamos al Partido Popular a que no haga esta barrabasada urbanística y medioambiental".

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