¿Mera irregularidad o delito?: las acusaciones insisten en mantener viva la investigación por la piscina irregular de Alboraia frente a la Fiscalía

Las dos acusaciones personadas en la causa por la construcción irregular de una piscina municipal de Alboraya insisten en mantener viva la investigación después de que la Fiscalía pidiera archivarla. El Ministerio Fiscal no vio delito en los hechos y consideró que constituyen meras irregularidades administrativas pero las acusaciones han alegado en contra porque, sostienen, los ayuntamientos de València y Alboraya habrían obrado a sabiendas del ilícito.

La causa investiga la construcción de las instalaciones por parte del Ayuntamiento de Alboraya en terrenos del término municipal de València grafiados como huerta protegida y que estaban en trámites de segregación para su incorporación al del municipio vecino, que tenía registrado este suelo como urbanizable. Figuran como investigados el exalcalde de València, Joan Ribó, el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarria, y su edil de Urbanismo, Ana Bru.

Una de las acusaciones, que representa al denunciante particular, señala "omisiones relevantes" por parte de la Fiscalía así como "contradicciones con los datos obrantes en el procedimiento" y arguye que, lejos de ser una mera irregularidad, la actuación reviste gravedad porque se construyó la piscina en suelo protegido sin pedir licencia al consistorio de València -al que todavía pertenece el suelo- y que los responsables del Ayuntamiento de Alboraya, incluidos técnicos del área de Urbanismo, lo hicieron "a sabiendas", algo que reconoce el propio ministerio fiscal.

“Continuaron la actuación material y la ejecución del gasto al margen del título habilitante urbanístico exigible por el municipio competente”, afirma el escrito, para añadir que esto descarta que se trate de una simple discrepancia técnica o cartográfica, ya que la actuación tiene un “impacto urbanístico real” y consecuencias jurídicas directas. También rechaza que la ocupación de suelo de València pueda considerarse de escasa entidad, al señalar que en la zona afectada — unos 35.000 metros cuadrados— se ubican diversas instalaciones deportivas, no solo la piscina.

Advierte también que la irregularidad obligaría a que València abra un expediente de restauración de la legalidad urbanística que podría derivar en la demolición de lo construido, y que ha costado 1,2 millones de euros. “Esta consecuencia no es hipotética ni retórica”, señala al respecto.

Por su parte, Ribó descargó la responsabilidad en los concejales de Urbanismo, en los que había delegado las competencias en esta materia, pero la acusación recuerda que “la delegación transfiere el ejercicio pero no la titularidad” y que el alcalde debe supervisar las actuaciones municipales: "La delegación es una herramienta de organización interna, no una exención de responsabilidad para el alcalde”.

"Irregularidades conscientes"

La acusación popular que representa a la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, recuerda en sus alegaciones que el propio fiscal reconoce "irregularidades clamorosas y conscientes" y que los dirigentes de Alboraya habrían incurrido en un delito contra la ordenación del territorio por el impulso de esta instalación sin licencia, además de otro por malversación por el "perjuicio patrimonial" a la administración. Sin descartar una responsabilidad del técnico proyectista de la piscina.

En cuanto a València, señala que sus responsables -no solo Ribó, sino también la entonces edil de Urbanismo, Sandra Gómez, ahora eurodiputada- "debieron haber actuado (…) incoando un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística". Una omisión que, señala, podría constituir un delito de prevaricación. La asociación busca que se eleve la causa al Tribunal Supremo al estar aforada Gómez.

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