El bilingüismo de València, en el aire: la AVL reclama al ayuntamiento que justifique la forma en castellano

El intento de cambiar el topónimo de València atraviesa sus últimas fases políticas y administrativas. El viernes 27 de febrero, el pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) rechazó la propuesta para modificar el nombre oficial de la ciudad a la doble denominación «Valéncia/Valencia» (con acento cerrado en valenciano). El 2 de marzo, la AVL remitió el dictamen a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat. Y la Generalitat dio traslado de dicho informe al Ayuntamiento de Valencia el viernes 13 de marzo. Una vez recibido, el consistorio dispone de un mes para presentar las alegaciones al acuerdo de la Acadèmia. Dichas alegaciones deben ser adoptadas mediante acuerdo plenario por mayoría absoluta.

El plazo estipulado por el decreto del Consell para el cambio de denominación de los municipios obliga a sacar adelante las alegaciones en el pleno de mañana martes 31 de marzo. Como contó este diario, Abelard Saragossà, académico que elaboró el informe municipal partidario de la forma «Valéncia», solicitó el pasado 23 de marzo por registro de entrada el informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua «para elaborar alegaciones y proponerlas en el ayuntamiento», esto es, una pirueta de un académico probablemente obligado por los formalismos administrativos. Será por tanto el autor del aval municipal quien prepare la argumentación contra el fallo de su propia institución normativa y de paso servirá de parapeto técnico al consistorio.

Sin embargo, el debate sobre la acentuación del topónimo ha desatendido un detalle no menor sobre el futuro nombre de la ciudad. En su escrito, la Acadèmia recuerda que el Decreto 69/2017, en el artículo 2.2, establece que «la nueva denominación del municipio se adecuará a su tradición histórica y lingüística», y que el artículo 7.1.a exige que el expediente incluya un estudio técnico que exponga «los fundamentos históricos y lingüísticos del cambio de denominación del municipio propuesto». Estos requisitos, subraya el informe de la AVL, en el caso de una sola solicitud de cooficialidad, deberían cubrir ambas formas.

Es decir, en el Decreto no se hace ninguna excepción: todos los cambios, tengan la naturaleza que tengan, deben justificarse. Como ejemplo reciente, señala la AVL, se puede traer a colación el Expediente 73036/2023 del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, sobre la solicitud de cambio de la denominación oficial del municipio -la forma única en valenciano Castelló de la Plana- por la forma bilingüe Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, en el que se incluye un informe de 21 páginas sobre la forma en castellano del topónimo elaborado por Santiago Fortuño Llorens.

El hilo argumental de este apartado concluye del siguiente modo: «La AVL quiere dejar constancia de que la documentación aportada por el Ayuntamiento de València no desarrolla específicamente la justificación de la modalidad bilingüe, aspecto que corresponde valorar al órgano instructor (la Dirección General de Administración Local) y, en última instancia, al Consell de la Generalitat, como órgano competente para resolver el procedimiento, según el artículo 13.2 del Decreto 69/2017».

Asimismo, en el escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV, la AVL alude al decreto autonómico para señalar que se debe priorizar la forma endómina del topónimo, es decir, la denominación valenciana para los municipios de la zona valencianoparlante y en castellano para la castellanoparlante. «El objetivo es salvaguardar la toponimia tradicional como un elemento que forma parte del patrimonio cultural de todos los valencianos», agrega el dictamen respaldado muy mayoritariamente por los académicos.

Univocidad

Finalmente, en las conclusiones, la Acadèmia recuerda que la ONU sugiere emplear nombres únicos normalizados por el principio de univocidad, argumenta que el informe de Saragossà no aporta ninguna motivación técnica que justifique la forma en castellano incluida en la propuesta bilingüe y redunda en que el estudio aportado por el consistorio no ofrece novedades relevantes para abandonar el actual «València».

El concejal de Compromís, Pere Fuset, ha ofrecido otros ejemplos para desacreditar el propósito de PP y Vox en València. «Tal y como advertimos desde Compromís, la alcaldesa María José Catalá, además de romper consensos, incumple las leyes por un cambio de nombre que nos hace perder tiempo y dinero. No ha justificado el doblete innecesario ni podrá hacerlo porque el único motivo es el sectarismo político de Catalá y Vox. Si no cambió el nombre a Torrent, y acepta un Estatuto con el nombre en valenciano para la autonomía, ¿por qué quiere desterrar un nombre que incluso Rita Barberá utilizó con consenso? No somos Pamplona-Iruña, todo el mundo entiende València en valenciano y no puede usar este tema para tapar su incapacidad en la gestión», ha argumentado.

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