La alcaldesa de València mantiene al exjefe Herrera como asesor municipal pese a estar investigado y pese al registro de la Policía Judicial en la sede la Policía Local
Catalá señala que hay que ser "respetuosos" con el procedimiento judicial pero apunta que no se trata "de un caso de corrupción"
Compromís recuerda que el gobierno de PP y Vox ya rechazó crear una comisión de investigación sobre esta selección de personal en la que hay "indicios claros de que se alteraron las pruebas"
CC OO también advirtió de las presuntas irregularidades a los concejales de Personal y Policía, y exigió sin éxito la anulación de la prueba y de los ascensos

Fernando Lasheras, Jesús Carbonell, María José Catalá y José Vicente Herrera. / JM LOPEZ
La alcaldesa de València María José Catalá mantendrá como asesor del gobierno municipal a José Vicente Herrera, exjefe de la Policía Local de València y que fue nombrado actual coordinador de emergencias del Ayuntamiento de València por decisión de la propia alcaldesa y del gobierno local de PP y Vox, tras jubilarse Herrera en abril del año pasado. Pese a trascender ahora que la Policía Judicial se ha incautado el ordenador y tres discos duros del exjefe Herrera y de otros dos comisarios principales para investigar el presunto amaño de un examen para promocionar a comisarios principales, la alcaldesa no va a tomar ninguna medida respecto a Herrera.
Catalá se refirió a Herrera de manera indirecta, sin citarlo, a preguntas de Levante-EMV, y pidió ser respetuosos con el procedimiento judicial abierto contra él y contra el comisario principal Rafael Mogro y contra el excomisario principal Alberto Cabeza, en el que todos ellos están investigados por haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación ya que formaron el tribunal de selección que valoró a los ocho comisarios aspirantes que optaban a convertirse en nuevos comisarios principales del cuerpo en un examen celebrado el 4 de octubre de 2023. Catalá señaló que lo que se dirime en los tribunales “no es un caso de corrupción” sino “un tema de personal”.
La alcaldesa no se pronunció sobre la noticia adelantada por este diario, referente a que la Policía Judicial se ha incautado de los ordenadores y los discos duros de estos mandos policiales, en el marco de la investigación judicial abierta en el juzgado 16 de instrucción de València. La Policía Judicial analizará y rastreará estos ordenadores para buscar pruebas del presunto amaño de los exámenes para los ascensos de comisarios a comisarios principales, en el que según denunciaron los comisarios Javier Genovés y Benjamín Lara se cometieron una serie de presuntas irregularidades para favorecer, presuntamente, a los cuatro comisarios que si fueron seleccionados: Eladio Barber, Fernando Giménez Oñate, Fernando Lasheras y Eduardo Russu, siendo al cabo de poco tiempo, ascendidos los tres primeros al máximo escalafón del cuerpo. Entre otras presuntas irregularidades se investiga una falsa Orden del Cuerpo, difundida el 29 de septiembre, una semana antes del día del examen, que adivinó de pleno los nombres de los cuatro candidatos que finalmente aprobaron.
Pese a que la alcaldesa señala que no se dirime “un caso de corrupción”, el Fiscal Anticorrupción ya se ha personado en la causa.“Es un procedimiento judicial -dijo la alcaldesa- que yo respeto totalmente. Es un tema complejo que yo respeto de ascenso de determinadas personas. Es un tema de personal no es un tema de corrupción en sentido estricto y yo creo que nadie está ahora mismo condenado por esta cuestión ni está en un proceso complejo. Creo que tenemos que respetar el procedimiento judicial: si lo pedimos para algunos el respeto al procedimiento judicial, vamos a pedirlo para todos. Vamos a pedir respeto en los procedimientos judiciales para todos”, reiteró.
Compromís recuerda que PP y Vox se negaron a crear una comisión de investigación
Por su parte, el concejal de Compromís Ferran Puchades, recordó que desde noviembre de 2023 “reclamamos explicaciones al gobierno municipal sobre la situación judicial del entonces comisario principal jefe, José Vicente Herrera, actualmente coordinador general de Emergencias”.
“Presentamos una moción en la Comisión de Seguridad Ciudadana solicitando la paralización del proceso de constitución de la bolsa de comisarios principales, -explicó Puchades- que estaba gravemente afectada por denuncias de sindicatos y personas afectadas y que finalmente fue judicializada mediante una querella criminal presentada por dos comisarios”.
Posteriormente, en abril de 2025, “presentamos otra moción en el Pleno municipal proponiendo la creación de una comisión de investigación para aclarar cuáles habían sido las actuaciones municipales con motivo de aquella convocatoria y que estaban afectadas por la querella criminal. Todo fue rechazado por el gobierno municipal sin más fundamento que la presunción de que todo se había hecho correctamente”, añadió.
La realidad es que durante todo este mandato la política de personal y de organización de la Policía Local “ha estado condicionada por la única voluntad de quien era su jefe, el señor Herrera, con la complicidad de la alcaldesa. Un proceso selectivo en el que hay indicios claros de que se alteraron las pruebas, que se puntuaron ejercicios sin ningún criterio previo, que se utilizaron ordenadores de la Policía para adelantar información a algunos aspirantes, todo al servicio de una decisión previamente tomada para que determinadas personas, y no otras, ocuparan en un determinado orden los puestos de una bolsa que es el trampolín para acceder a los puestos de comisario principal, requisito para poder dirigir la Policía Local de València”, manifestó Puchades.
Desde Compromís, remarcó el concejal valencianista, “lo advertimos: había que suspender el proceso, había que investigar y, por supuesto, había que colaborar activamente con la Justicia, algo que Catalá no ha hecho y que ya le valió una multa por obstaculizar la acción judicial”.
“Lo dijimos en noviembre de 2023 y en abril de 2025: si todo este proceso judicial se confirma con el procesamiento de los querellados, el gobierno municipal tendrá que asumir responsabilidades por su actuación de obstrucción y protección del señor Herrera. La concejala de Personal, Julia Climent, y la alcaldesa Catalá son responsables de todo lo que han consentido y tolerado.”, finalizó.
CC OO exigió sin éxito la paralización de la prueba y de los ascensos
Por último, cabe recordar que la central sindical CC OO exigió ya en octubre de 2023 sin éxito que se diese por nulo el examen para comisarios principales, por las presuntas irregularidades que detectaron sus delegados sindicales, que estuvieron en la prueba y que defienden que no se cumplieron los requisitos que la misma tiene que tener como que se redactase el acta del tribunal y se grabase todo el proceso selectivo en vídeo. Además, CC OO exigió a la Concejalía de Personal (Julia Climent) y de Seguridad Ciudadana (Jesús Carbonell) que se parasen todas las actuaciones administrativas y que se paralizasen los ascensos, obteniendo la callada por respuesta, según informan fuentes de este sindicato.
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