El ayuntamiento incorporará este mes 17 trabajadores para bajar la lista de espera en atención domiciliaria y dependencia
Compromís denuncia que la falta de personal en los centros municipales, especialmente en Salvador Allende, con 19 meses de espera, evidencia la mala gestión del Gobierno local

Las personas mayores son las más afecatdas por los servicios sociales. / Miguel Ángel Montesinos
El Ayuntamiento de València incorporará a lo largo de este mes de abril 17 nuevos trabajadores al área de Servicios Sociales, empleados que van a ir destinados en su mayoría a los centros de Campanar, Natzaret y Salvador Allende. Con estas incorporaciones, explican fuentes municipales, se agilizarán la tramitación de expedientes tanto de Atención Domiciliaria como de Dependencia.
Según denunció Compromís, la mejora del nuevo contrato de atención domiciliaria no había supuesto una mejora en la lista de espera, que superaba los ocho meses por término medio y que era especialmente preocupante en los centros de Campanar, Natzaret y Salvador Allende. En este último la demora alcanzaba los 19 meses. Con estas incorporaciones, por tanto, el ayuntamiento trata de acabar con esas espera y poner el énfasis en aquellos barrios donde la situación está más enquistada.
Desde Compromís, en cualquier caso, insisten en "la nefasta gestión de los recursos humanos" por parte del Gobierno municipal, que "mantiene los centros municipales bajo mínimos". “¿De qué sirve anunciar un nuevo contrato si no hay nadie en los centros para tramitar los expedientes? Tenemos la prueba que el gobierno de las derechas ha abandonado la gestión directa de los servicios sociales”, ha declarado la concejala Lucía Beamud.
El "cuello de botella" en Salvador Allende
El CMSS Salvador Allende es en la actualidad el centro con la lista de espera más larga de toda València, con 19 meses de demora y expedientes sin resolver desde agosto de 2024. La razón se encontraría en su plantilla: para gestionar 96 expedientes acumulados de dependencia y autonomía, el Ayuntamiento solo ha destinado 2 Trabajadores Sociales (TMTS) y 1 de apoyo (TMSS). “Es físicamente imposible que tres personas resuelvan la vida de centenares de vecinos y vecinas; han creado un embudo que castiga directamente a nuestra gente mayor”, afirma la regidora.
Otro de los puntos negros de la ciudad es Campanar, el distrito con el volumen absoluto más grande de personas esperando el SAD: 137 expedientes pendientes con una media de 13 meses de espera. A pesar de ser el centro con más presión de València, el gobierno de Catalá solo dedica 3 TMTS y 1 TMSS para el área de Promoción de la Autonomía. Para Compromís, esta ratio es un "insulto" a la ciudadanía y demuestra que los recursos no se distribuyen donde realmente hay necesidad.
La desatención "invisible" en Nazaret
El caso de Natzaret es, para la coalición valencianista, el ejemplo más claro de dejadez. Mientras el centro todavía arrastra listas de espera, el registro oficial de personal indica que el programa de "Promoción de la Autonomía" (encargado del SAD) aparece con cero profesionales específicos. “Es una desatención absoluta. En Natzaret se está sosteniendo el servicio de milagro o sacando personal de otras áreas de manera precaria porque no se han cubierto las plazas de dependencia”.
"Los datos oficiales nos dan la razón: el nuevo contrato ha fracasado porque no hay manos para gestionarlo"
Desde Compromís exigen al equipo de gobierno que deje de poner excusas y refuerce de manera inmediata las plantillas de los Trabajadores Sociales a los barrios donde la espera supera el año. “Los datos oficiales nos dan la razón: el nuevo contrato ha fracasado porque no hay manos para gestionarlo. La mala gestión de Catalá está robándole el derecho a una vejez digna a centenares de valencianos y valencianas”, ha concluido Lucía Beamud.
Dependencia
El refuerzo de la plantilla de Servicios Sociales también vendrá a paliar el atasco que existe en la tramitación de los expedientes de Dependencia, que corren a cargo del ayuntamiento. La demora en estos casos puede situarse en los seis meses, según denuncias de los partidos de la oposición y del propio Síndic de Greuges, que afeó también al consistorio valenciano que no priorizara casos de personas a los que se debería haber agilizado la valoración.
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