La terraza de l'Umbracle ya cancela eventos y su apertura está en el aire

La sentencia que ha situado en una posición comprometida a los festivales en el entorno de la Ciutat de les Arts, tras años de quejas vecinales, también recoge múltiples alusiones a la terraza de L'Umbracle y la discoteca Mya, espacios ambos interconectados y explotados por el Grupo Salamandra tras cesión de Ocio y Entretenimiento Costa Este, sociedad codemandada en el procedimiento judicial. De hecho, el Ayuntamiento de València, principal demandado, trató de justificar su actuación frente a la contaminación acústica en el entorno museístico aportando inspecciones policiales realizadas en estos locales en 2016 y 2017.

Es decir, la sentencia coloca en un plano parecido toda la actividad al aire libre, tanto los festivales –Les Arts, BigSound, Love 90– como la citada terraza, abierta de abril a octubre de jueves a sábado en horario nocturno continuo de 22.00 a 7.00 horas. Sin embargo, el volumen de afectados por el varapalo a los conciertos, en torno a 50.000 usuarios, ha opacado la incidencia de las discotecas en el malestar de la cuarentena de vecinos demandantes.

Los festivales están buscando alternativas para salvar la temporada, pero, ¿qué ocurre con la terraza del L’Umbracle? La web de este espacio de 3.000 metros cuadrados con aforo para 2.500 personas permanece activa y comercializa entradas desde el jueves 23 de abril –anunciado como “Opening Season 2026”– hasta octubre. Los tickets sencillos cuestan 22 euros y los reservados a partir de 200 euros. Pero el negocio pende de un hilo.

“Ahora mismo la apertura está en el aire”, señalan fuentes de L’Umbracle Terraza. El equipo de la discoteca ha diseñado una serie de medidas correctoras que ha enviado al ayuntamiento y Cacsa para su valoración. Entre otras cuestiones, plantean acortar los fines de semana y eliminar la actividad de los jueves. Y preventivamente ya han cancelado una actuación de flamenco prevista a las 21 horas y todos los tardeos programados. “Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de solución para conciliar con los vecinos, el ayuntamiento y Cacsa”, señalan las mismas fuentes. Hasta que no implementemos las soluciones propuestas y veamos que son efectivas, de momento no vamos a abrir. Pondremos todo de nuestra para no generar molestias y eso implica hacer auditorías acústicas de nuevo”.

En su demanda, los vecinos presentaron hasta siete mediciones de recepción acústica en promedios nocturnos de 53 dBA, 59 dBA, 61 dBA, 57 dBA, 53 dBA, 55 dBA y 54 dBA, todas ellas emisiones desde la terraza de la citada discoteca. La ordenanza municipal de contaminación acústica establece un límite de ruido nocturno en interior de viviendas de 45 dBA. La empresa demandada sostuvo que los peritajes de Teleacustik y Audiotec eran inválidos porque –alegaban– no se había medido el ruido de fondo cuando la discoteca estaba cerrada, el instrumental no era fiable y el protocolo no respetaba la normativa. También presentó su propio peritaje. Pero el juez da por buenas las mediciones presentadas por los vecinos y considera probado que la discoteca ha emitido recurrentemente ruido por encima del límite soportable, vulnerando los derechos fundamentales de los residentes.

L’Umbracle tiene una relación compleja con su entorno y hace años ya fue enmudecido durante meses. El septiembre de 2017, el Ayuntamiento de València ordenó la suspensión inmediata de cualquier tipo de ambientación musical en la terraza tras constatar que se superaban los límites de ruido, pero tres meses después, a las puertas de la fiesta de fin de año, el consistorio levantó la suspensión tras verificar que los limitadores acústicos estaban programados a 103 y 104 dB. Tras eso, un vacío. La sentencia es contundente: “Respecto de las discotecas, que desde que se levantó la suspensión de la ambientación musical y se elevó el nivel máximo de emisión, los escasísimos controles municipales efectuados, cuando se han hecho, han sido deficientes e ineficaces, pues han eludido sistemáticamente, pese a las numerosas quejas, efectuar mediciones en destino, tapando así la contaminación acústica real que pudiera derivarse de tales actividades”.

Y también es taxativo el magistrado con la responsabilidad del Ayuntamiento de València, pese a que, según denuncian los vecinos, la declaración de interés general del enclave museístico en 2006 ha permitido a las Administraciones implicadas –consistorio y GVA con Cacsa como gestora del complejo diseñado por Calatrava– ir triangulando y eludiendo cualquier control. Tras 35 páginas de exposición argumental, el escrito dice: “Lo cierto es que es a la Administración municipal a quien corresponde la realización de las inspecciones para comprobar que dichas actividades se ajustan a las licencias otorgadas, sin que la Generalitat pueda atribuirse facultades de supervisión de dichas competencias o de sanción en el caso de producirse un incumplimiento de la normativa local en materia de contaminación acústica. Es decir, como señala la parte actora, el hecho de que las actividades se desarrollen en dicho entorno no implica que gocen, como pretenden, de patente de corso en materia de contaminación acústica”.

Posiciones de las partes en el conflicto acústico

Por todo ello, el ayuntamiento ya ha comunicado que hará cumplir la sentencia con los medios a su alcance –inspecciones policiales periódicas– y Cacsa está analizando a través de su asesoría jurídica el alcance de la resolución acordada en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 para determinar si apelan la sentencia o buscan elementos correctores para cumplirla. La apelación no anularía su ejecución al tratarse de derechos fundamentales.

Enfrente, los vecinos seguirán peleando por su derecho al descanso, según anticipa su representante legal, presionando para que los festivales se muevan a un espacio alternativo y la terraza de L’Umbracle renuncie a la ambientación musical. Llevan más de diez años sosteniendo un pulso que parecía perdido y ahora no están dispuestos a retroceder. Finalmente, en el Grupo Salamandra defienden que su actividad siempre ha sido legal y explican que el jardín al aire libre da trabajo a unas 200 personas. La sentencia habla de revocación de autorizaciones o reubicación de actividades, pero la discoteca al aire libre, que recibe a más de 200.000 visitantes en su temporada estival, no tiene la flexibilidad de los festivales: ha de fiar su suerte a una mitigación del impacto acústico que satisfaga a los vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo