Catalá defiende la gestión del ayuntamiento y elude hablar de las contrataciones del Puerto investigadas por la Fiscalía

Se esperaba la versión de la alcaldesa María José Catalá tras aparecer su nombre como investigada por la Fiscalía Anticorrupción. "Entiendo que no habéis venido por la reunión con el Colegio de Ingenieros Industriales, pero estoy a vuestra disposición", dijo con ironía nada más empezar, teniendo en cuenta que fue abordada tras una reunión con este colectivo.

La valoración de Catalá, tras las realizadas por Compromís, el president de la Generalitat y la delegada de Gobierno, empezó calificando la investigación de trámite: "La fiscalía, sea anticorrupción o cualquiera otra, siempre abre diligencias después de una denuncia, sea más fundamentada o sea menos fundamentada. Por tanto, esto es un trámite que evidentemente, tras una denuncia la fiscalía, se suele hacer con absoluta normalidad".

Para, inmediatamente, referirse al empleado de plaza municipal, ex trabajador del Consorcio Valencia 2007, sobre el que se vierte la acusación de haber sido colocado a dedo. "Estamos hablando de un empleado público, auxiliar administrativo, que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la fundación Visit Valencia. La supuesta irregularidad no se ha dado en ningún caso".

Aprovechó la alcaldesa para recordar el proceso de liquidación del Consorcio, que "es una entidad la Administración General del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento. El Consejo Rector de este consorcio en fecha 30 de mayo de 2022 acordó en cumplimiento de sus estatutos proceder a la liquidación del mismo. Iniciado el procedimiento, uno de los principales activos era su personal, que eran empleados públicos. Por parte de los representantes municipales, se ha mostrado siempre desde el principio una preocupación por la situación de los trabajadores". Recordando al anterior equipo de gobierno: "en mayo del año 2022 ya el alcalde Ribó apostaba por la continuidad de estos trabajadores, que evidentemente se han visto inmersos en un proceso de liquidación".

"Compromís quería que los reasignáramos a dedo"

Catalá expresó perplejidad porque "incluso concejales de Compromís, que son los ahora denunciantes para sorpresa, pedían mociones al Ayuntamiento para que se evitaran los despidos. Y en una moción al pleno del Ayuntamiento pidieron literalmente, repito, literalmente, su reasignación dentro de la administración, cuestión que no pudo realizarse porque había un informe contrario de la Secretaría Municipal que negaba esta posibilidad. Por tanto, el mismo denunciante que es Compromís, pedía a través de una moción que evidentemente dejó constancia documental de la misma, aquello que ahora denuncia. Pedían que reasignáramos a dedo a los once trabajadores en la administración pública. Y además, donde reasignarlos", circunstancia que hizo extensiva al PSOE, recuperando intervenciones en el pleno de septiembre de 2024

Siguió desgranando la alcaldesa la participación municipal en el proceso de búsqueda de una salida a los trabajadores. "Como todos ustedes saben, en el Real Decreto 1483212 de octubre se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de los EREs y se contempla como prioridades de estos procedimientos la recolocación interna de los trabajadores en la misma empresa o en el grupo de empresas de las que formen parte. En el caso de la administración pública, estas pueden ser compatibles mediante los principios que rigen el acceso al empleo público. En caso del Ayuntamiento, la Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que pedía Compromís, en la medida que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo sino a la administración general del Estado".

"Este planteamiento ha sido defendido por el Ayuntamiento en sede judicial con pronunciamientos favorables y sentencia del Tribunal Supremo. Evidentemente, el Ayuntamiento contempló, porque así lo pedían incluso la oposición, el acceso de quienes ya tuvieron la condición de empleados públicos previamente en los procesos de selección, es decir, donde hubiera algunas vacantes y siempre en el régimen de Derecho Laboral y siempre en los términos legales que resultara de aplicación. En este caso lo que supuestamente se computa al Ayuntamiento de València es que uno de ellos, un administrativo, se presentó a una plaza que ya existía, que las había creado el anterior gobierno municipal mediante un concurso oposición al que accedió con absoluta transparencia. Y me sabe mal decirles que eso es todo".

Del Puerto: "yo solo hablo de lo que me compete"

Pero está la cuestión de los ex trabajadores que pusieron ante notario los nombres de dos personas que, finalmente, consiguieron plaza en el Puerto, sobre los que no quiso pronunciarse. "Yo lo único que le puedo decir es lo que a mí me compete, que es la administración del Ayuntamiento, no puedo hablar en nombre de la Autoridad Portuaria, puedo hablar por mi administración que es la del Ayuntamiento de Valencia, de los 11 trabajadores que tenían todo el derecho del mundo porque estaban inmersos en un ERE, uno de ellos ha accedido a una plaza. Una plaza creada antes de que yo fuera alcaldesa y que logró por concurso oposición siendo previamente empleado público y además con una absoluta proceso transparente y riguroso. Por tanto, toda esta información por supuestísimo, la vamos a poner a disposición del Fiscal. No solo eso, sino las mociones del Partido Socialista y Compromís, que pedían, negro sobre blanco, y votaron a favor teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, que reasignáramos a dedo los 11 trabajadores en este Ayuntamiento. Son indicativos los antecedentes del denunciante, es decir, el ejercicio de una acción penal por quienes votaron a favor de una moción que implicaba que se iniciara un expediente de reasignación para estos trabajadores del sector público en contra del expediente del informe del Secretario Municipal. Es, cuanto menos, curioso. Es esperpéntico".

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