Catalá solicita a la secretaría municipal los detalles del procedimiento para contratar al administrativo que forma parte de la investigación

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha solicitado a la secretaría municipal un informe sobre el proceso selectivo del auxiliar administrativo procedente de la plantilla del Consorcio Valencia 2007 y que forma parte del enredo sobre la colocación de ex trabajadores que ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción. Y aunque el martes la propia Catalá aseguró que fue un proceso "transparente y abierto a cualquiera, y a la que solo accedió una persona", ha anunciado que pedirá la memoria "para que me acrediten que fue un proceso reglado y habitual en estos casos. Por supuestísimo".

También reiteró que "es lo que me compete porque es mi administración. A quién quiere hacerme responsable de otras administraciones le digo que de momento solo soy alcaldesa valenciana. No soy ni presidente de la autoría portuaria, ni nada por el estilo", en relación a otros casos que forman parte del procedimiento.

"Ha empezado la campaña"

La denuncia presentada por Compromís ha agitado un día a día municipal nada más regresar del largo periodo de vacaciones. Un proceso, el de la recolocación de algunos de los trabajadores del disuelto Consorcio, que está llamado a verse interpretado de dos formas completamente opuestas. Para la oposición, un lugar donde hincar el diente al gobierno municipal y destapar presunta corrupción. Para éste, un proceso premeditado que se alargará en el tiempo pero que no tendrá consecuencia alguna más allá de pretender desgastar a la figura de la alcaldesa.

"¿Qué me parece? Que ha empezado la campaña electoral. Y que Compromís ha decidido que empiece en la Fiscalía. Pues Vale". Y para ello se ha remitido a lo dicho el día anterior: que es una "denuncia esperpéntica" porque "en el pleno municipal ellos mismos pedían la colocación de todos ellos y a dedo". El "pues vale" pronunciado por la alcaldesa al referirse al inicio de la campaña electoral lo puntualizó más: "quiere decir eso: que voy a ser una colaboradora muy activa con la Fiscalía".

Ha asegurado que "la fiscalía, de momento, no nos ha solicitado ninguna documentación. De hecho yo fui conocedora de la investigación por los medios de comunicación, y, pero bueno, estoy especialmente ansiosa de que nos soliciten documentación y poder remitir toda la documentación que tenemos y que obra en nuestro poder".

Más aún, ha acusado a la formación naranja de que "lo que ellos pedían era que los trabajadores afectados, sobre los que todos teníamos sensibilidad y deseo de recuperar, es que fueran enchufadas a dedo sin procesos electivos. No hay más que ver la moción y la intervención del señor Ferran Puchades en el pleno. Espero que ellos aporten el acta de esa moción y de ese pleno. Y si no lo hacen ellos, pues posiblemente la aporte yo. Ellos pedían una recolocación a dedo directamente de estas personas sin ningún tipo de proceso electivo".

Y se ha referido a los audios de la reunión de afectados y sindicatos con el concejal José Marí Olano, denunciados por la oposición municipal -o, dicho de otra forma, incorporados a la denuncia por PSOE y Compromís-, sobre las que restó importancia porque "es una reunión con los trabajadores y los sindicatos, totalmente abierta y sin ningún tipo de secretismo. Era para ver la situación que se iba a generar en el momento de la liquidación del consorcio y en ese momento surgen todas las cuestiones y dudas que los trabajadores plantean al concejal, como entiendo, también mantuvieron reuniones con el Partido Socialista y Compromís dado que en el pleno del año 2024, los trabajadores vinieron a ese pleno". Unos audios sobre los que, desde fuentes municipales, se asumía que se grabaron ocultamente por alguna de las partes afectadas y que hasta era previsible que se filtraran "porque ahora ya se graba todo".

Y como contraataque vino a participar en el juego de las diferencias porque "la oposición pedía, literalmente, recolocar a las once personas afectadas en la administración" y para ello, "el mismo grupo socialista nos sugería en qué entidades de derecho público se podían recolocar. La voluntad política era intentar que no perdieran su puesto de trabajo. De ahí, a todo lo que quiere hacer Compromís es preocupante".

Olano, "tan grave o tan menos grave que lo que decían Compromís y el PSOE"

Las palabras de Pepe Marí no son diferentes a las de Ferran Puchades o de Javier Mateo. Y cito textualmente a Mateo: "yo creo que podemos trabajar en la recolocación de esos once trabajadores en las entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de València. Si hay voluntad política se puede hacer esa gestión y que estas once familias no se vean en la calle en los próximos meses". Y "Compromís, curiosamente el denunciante, decía, literalmente: Yo creo que podemos ser capaces, entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de València, de poder encontrar sitio donde estas personas que están haciendo cosas que mañana o pasado mañana o el año que viene, las podrán seguir haciendo bajo otra forma jurídica, puedan incorporarse y puedan continuar aportando su trabajo a la ciudad de València. Las palabras de Pepe Marí me parecen igual de graves o igual de menos graves que las del señor Puchades o el señor Mateo. Es decir, había una voluntad política de mantener la condición de empleados públicos, pero siempre en el paraguas de la forma legal oportuna. Es más: ellos pedían una recolocación directa a dedo sin ningún procedimiento, cosa a la que nos negamos".