Colas en el padrón de València ante la inminente puesta en marcha de la regularización extraordinaria

La publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes ha supuesto el pistoletazo de salida para el arranque de gestiones burocráticas y de cientos de dudas a las que se enfrentarán las cerca de 100.000 personas migrantes en la Comunitat Valenciana que desean salir de la irregularidad administrativa en la que se hallan. De esta forma arranca el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular y aquellas que han solicitado protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal siempre que cumplan los requisitos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año que luego hay que renovar.

El primer paso para el inicio del proceso ha sido acercarse a las oficinas municipales desde primera hora de la mañana para, entre otras cosas, confirmar que tienen en su poder toda la documentación necesaria para iniciar la tramitación telemática que se abrirá mañana y en el caso de la presencial, a la que habrá que acudir con cita previa que también se podrá solicitar este jueves 16 de abril, se iniciará el próximo 20 de abril.

Enfrentamiento a cuenta de las colas

Las interminables filas que se acumulan casi a diario en el padrón municipal han sido origen de varios enfrentamientos entre los diferentes partidos políticos quienes han cruzado duras acusaciones a cuenta de estas acumulaciones de personal.

Tal como publicó Levante-EMV el pasado lunes el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, denunció que María José Catalá y Vox están “boicoteando la regularización de las personas migrantes en la ciudad” y les exigió que “refuercen el personal de este servicio para poder atender a las personas”.

Sanjuan señaló que Catalá y Vox “no amplían los medios del padrón para generar largas colas y desincentivar que las personas que tienen derecho a tener papeles en nuestro país puedan ejercer ese derecho”. En este sentido, ha calificado la situación de “auténtica vergüenza” y ha afirmado que “se podría llamar racismo institucional”.

El portavoz socialista recordó que el ayuntamiento “ha ido reduciendo los recursos de atención a las personas migrantes”. “Primero quitaron el abogado que asesoraba en temas de inmigración por parte del Ayuntamiento y ahora les obligan a aguantar colas para intentar que no puedan cumplir con sus plazos”, ha manifestado.

Por su parte,  fuentes municipales respondieron que las acusaciones del PSPV “como siempre faltan a la verdad con el único objetivo de trasladar al ayuntamiento un asunto que única y exclusivamente es competencia del gobierno de Pedro Sánchez que una vez más descarga en los ayuntamientos toda la responsabilidad ante su falta de planificación, información y recursos por parte del Gobierno de España”.

Desde el consistorio lamentaron que el Gobierno genere un proceso de regularización sin definir con claridad los criterios ni los requisitos, sin facilitar información suficiente ni a las administraciones ni a los propios interesados y prestando toda la presión a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos adicionales. “Esto provoca incertidumbre y un aumento de la demanda que ningún municipio puede absorber de forma inmediata sin apoyo estatal”, afirman.

Suscríbete para seguir leyendo