Privatización, plazas repetidas y una bola de cristal: las claves de la investigación a Catalá y Mar Chao

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, dos concejalas, la presidenta de la Autoridad Portuaria y cuatro trabajadores públicas por una presunta operación de recolocación de estos últimos tras la liquidación del ente donde trabajaban, el Consorcio València 2007, encargado de gestionar la Marina hasta su privatización.

Privatización. Dicho Consorcio fue creado en 2003 por la celebración de la Copa América y estaba integrado por el Gobierno (40 %), la Generalitat (40 %) y Ayuntamiento de València (20 %). Su liquidación fue acordada en 2022 después de que el Ejecutivo central decidiera abandonarlo y asumir los 380 millones de euros de deuda que arrastraba el ente. El Rialto buscaba mantener un organismo similar pero de titularidad municipal y subrogar a los trabajadores, sin embargo, una vez asumido el bastón de mando, PP y Vox cambiaron el paso y en 2024 decidieron privatizar la gestión de la Marina, optando por despedir a una decena de trabajadores.

El ayuntamiento se mueve. Mientras la representación sindical de los trabajadores trataba de pactar una solución menos lesiva en conjunto, el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria crearon hasta siete plazas que sirvieron para “subrogar irregularmente” a cuatro personas, según consta en la denuncia de Compromís que ahora investiga el fiscal. El 18 de abril de 2024, la Fundación Deportiva Municipal, presidida por la concejala Rocío Gil, convocó una plaza para cubrir una jefatura en Administración y Planificación Económica, y otra para dirigir el Servicio de Infraestructuras. A ellas accedieron las candidatas Alicia Gimeno y Manuela Gras. Las dos plazas colgaban del Ayuntamiento de València.

Plazas espejo en el Puerto. Seis días más tarde, la Autoridad Portuaria lanzó otros dos puestos idénticos, perfilados con los mismos requisitos y funciones, en las áreas de Gestión Económica-Financiera e Infraestructuras. Estos estaban dotados con una remuneración en torno a los 100.000 euros anuales, casi el doble de lo ofrecido en la fundación municipal. Los contratos en el Puerto fueron finalmente adjudicados a Alicia Gimeno –antigua Jefa de Administración del Consorcio València 2007– y Manuela Gras.

Retraso de plazos. Las bases de las dos plazas en la fundación municipal fijaban un plazo de 15 días desde la publicación en el BOE, hasta el 23 de mayo, cinco días antes de que concluyera la convocatoria del Puerto. De modo que la provisión de puestos municipales podría haberse cerrado a ciegas sin saber cómo concluía en el otro organismo que conformaba el Consorcio. Pero el consistorio rectificó sus propias bases por una “imposibilidad” de publicar en el BOE, y fijó su propio plazo en función de la publicación del DOGV. Esto implicaba extender el plazo de los puestos en la fundación municipal hasta el 14 de junio. El Puerto anunció su lista definitiva el 29 de mayo de 2024 con los nombres de Gimeno y Gras.

Visit València. En paralelo, según denuncia Compromís y ha quedado constatado en unos audios filtrados, el concejal Marí Olano reconoció haber “hecho el esfuerzo” de sacar tres plazas en la fundación Visit València, también municipal y presidida por la concejala Rocío Gil. Los puestos salieron el 15 de mayo de 2024 para perfiles de abogado, técnico de promoción y comunicación, y un administrativo. A ellos solo podían presentarse funcionarios de carrera o personal laboral en activo del sector público, algo absolutamente inusual en la provisión de puestos municipales. Solo se ocupó una plaza. Olano también ofreció crear puestos en Aumsa, pero estos no llegaron a ver la luz.

Ejercicio de adivinación. Otro detalle inaudito del caso, clave en la futura investigación, es el ejercicio de adivinación realizado por un grupo de diez extrabajadores del Consorcio. Nueve días antes de que salieran publicadas las dos plazas de la Autoridad Portuaria, 17 de abril de 2024, estos trabajadores acudieron al notario y levantaron acta de su “firme convencimiento” de que los puestos 276 y 278 convocados por la institución de Mar Chao terminarían siendo adjudicadas a las altas directivas procedentes del Consorcio Valencia 2007. La bola de cristal no se equivocó: Gimeno y Gras se quedaron con los dos cargos directivos.

Cancelación de plazas. Meses después, el 16 de octubre de 2024, coincidieron tres hechos que ponían el broche a la “operación de clientelismo” denunciada por Compromís, a la que se ha sumado el PSPV. La plantilla del Consorcio Valencia 2007 fue despedida, el Puerto formalizó los nombramientos de Manuela Gras y Alicia Gimeno en cargos directivos y la Fundación Deportiva Municipal anuló las plazas espejo que había creado, según la denuncia, para estos mismos dos perfiles.

Criterios a medida. Sobre las plazas del Puerto, cabe señalar además que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela graves irregularidades en los procesos de selección de personal. En concreto, el informe recoge el uso de requisitos que excluyen al sector privado o que exigen experiencia dilatada en entidades de gestión “puerto-ciudad”, un criterio limitante para cualquier candidato no proveniente del Consorcio a liquidar. Del informe se deduce un diseño de puestos creados a medida para las directivas que hoy trabajan en el Puerto. Y subraya la IGAE en su informe que en una de las plazas adjudicadas no consta Declaración de Ausencia de Interés (DACI) firmadas por los miembros del tribunal.

Sitio en Agricultura. Finalmente, además de las dos trabajadoras del Puerto y el contratado en Visit València, Compromís incluye en la operación a una cuarta trabajadora pública: Esther Pérez. Según explicó ayer el concejal Ferran Puchades, esta técnico del Departamento Legal del Consorcio València 2007 fue la última trabajadora del ente público en ser despedida y abandonar la plantilla durante el proceso de extinción y liquidación del organismo que afectó a sus 11 trabajadores. Según diversas fuentes, Pérez compaginó sus últimas semanas de trabajo en el Consorcio con la contratación como funcionaria interina en la dirección general de Producción Agrícola y Ganadera.

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