Compromís asegura que el puesto de trabajo en Visit València que Catalá defendió como legal no lo es

El grupo Compromís en el Ayuntamiento de València, que denunció los presuntos enchufes de trabajadores del Consorcio València 2007 en organismos municipales y en el puerto de València, ha asegurado que una de las plazas —la de Visit València— que la alcaldesa ponía como ejemplo de “proceso correcto” no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria.

La coalición valencianista recuerda que esta investigación apunta a un sistema organizado para situar a personas afines en puestos directivos mientras se liquidaba el Consorcio València 2007, con procesos bajo sospecha de vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como recogía el informe de la Intervención General del Estado. En este contexto, el caso de Visit València “no sería una excepción ‘legal’, como ha tratado de hacer ver la alcaldesa, sino una pieza más de una operativa más amplia”, considera la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Según la información a la que ha tenido acceso Compromís con documentación pública, el puesto de trabajo adjudicado en la Fundación Visit València se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable. En concreto, esta persona fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido esta condición tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.

"Las bases de la convocatoria eran claras: era necesario acreditar la condición de personal del sector público tanto en el momento de presentarse como en el de formalizar el contrato", afirma Robles. Para Compromís, el hecho de que esta exigencia no se cumpliera desmonta completamente la defensa de Catalá y pone en cuestión la validez del proceso. Y confía en que el informe encargado por la alcaldesa a la Secretaría Municipal acabe confirmando esta irregularidad detectada por la formación valencianista.

Papi Robles advierte de que estamos ante un caso paradigmático: “Catalá ha intentado vender como legal lo que no lo era. Cada vez que intenta justificar esta operación aparecen nuevas irregularidades que evidencian que las reglas no eran iguales para todo el mundo. Y con cada nuevo audio que conocemos, el castillo de mentiras de Catalá se hunde”.

Compromís solicita nueva documentación

En esta línea, el concejal Ferran Puchades ha solicitado la documentación relativa al proceso, incluyendo las certificaciones que acreditaban el cumplimiento de los requisitos y la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Visit València, con el objetivo de aclarar cómo se tramitó realmente esta contratación.

Compromís per València sostiene que este caso confirma lo que ya apunta la investigación que ha incoado la Fiscalía Anticorrupción: "no se trata de errores puntuales, sino de un patrón". La formación valencianista recuerda que ya ha aportado al fiscal documentación y audios que describen "una operativa planificada desde el gobierno municipal para colocar a personas concretas en instituciones públicas, en una trama que implica al Puerto de València, Visit València, la Fundación Deportiva Municipal e incluso Aumsa, aunque el concejal José Marí Olano no logró finalmente que la empresa pública de vivienda entrara en el presunto plan de Catalá de colocaciones a dedo”. "En total, siete plazas coordinadas para beneficiar, sobre todo, a dos personas que acabaron en el Puerto con sueldos de directivas".

Papi Robles señala que el problema no es solo jurídico, sino de primer orden político: “Catalá ha convertido presuntamente las instituciones en una agencia de colocación al servicio de su partido. Y eso es incompatible con una administración pública que debe garantizar igualdad de oportunidades y transparencia”. Ante esta nueva evidencia, el segundo partido de la ciudad insiste en la necesidad de llegar hasta el final. "La ciudad merece saber si se han manipulado procesos públicos para beneficiar a determinadas personas. Y, sobre todo, merece un gobierno que no juegue con las reglas", dicen.

Los socialistas apuntan a Olano

Po su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha exigido al gobierno de María José Catalá que haga pública de manera inmediata la agenda de reuniones del concejal José Marí Olano, mano derecha de la alcaldesa, para esclarecer “todas las reuniones que ha mantenido en secreto para ofrecer puestos de trabajo de manera irregular en el Ayuntamiento de València”. Los socialistas han presentado una ampliación de denuncia en Fiscalía para que se investigue también a Olano después de que se hayan publicado audios suyos ofreciendo a los ex trabajadores del Consorcio Valencia 2007 plazas públicas a medida.

“Desde el Grupo Socialista hemos exigido que se haga pública de manera urgente la agenda de reuniones del concejal José Marí Olano, un concejal que aparece en audios regalando puestos públicos a dedo a ex trabajadores de la Marina”, ha denunciado Sanjuan. El portavoz socialista ha advertido de que la ausencia de información sobre la actividad institucional del edil constituye un hecho de extrema gravedad: “Es un concejal que no está publicando la agenda de con quién se reúne ni dice para qué empresas trabaja y está a sueldo porque, es necesario recordarlo, Catalá le concedió la compatibilidad para trabajar para empresas ajenas a este Ayuntamiento”.

En este sentido, ha incidido en que la transparencia no es opcional en la gestión pública: “Cualquier reunión que tiene un representante público de este Ayuntamiento debe constar en agenda y, si se han mantenido reuniones que ha ocultado, si se han mantenido reuniones opacas al margen de esa agenda, se está cometiendo una irregularidad”.

Advertencia de nuevas acciones judiciales

Sanjuán ha confirmado que el Grupo Municipal Socialista ya ha solicitado formalmente el acceso a esa información y ha advertido de que, en caso de no obtener respuesta, acudirán nuevamente a los tribunales. “Hemos solicitado ya esa lista y en el caso de que no sea facilitada o no se haya publicado, lo pondremos otra vez más en conocimiento de la justicia”, ha señalado.

El portavoz ha subrayado que este caso no es aislado, sino que forma parte de una dinámica más amplia que ya ha sido denunciada por los socialistas y que ha derivado en diversas investigaciones judiciales que afectan al actual equipo de gobierno. Para Sanjuan, la prioridad es “cerrar cualquier resquicio a prácticas irregulares” dentro de la administración local y garantizar que los recursos públicos se gestionan con criterios de legalidad y mérito.

“Hay que achicar el espacio que tienen determinadas personas para pensar que la administración es un sitio donde pueden regalar puestos públicos y asignar contratos a dedo”, ha afirmado. Desde el PSPV han insistido en que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción “confirma la gravedad de las denuncias” que vienen realizando en los últimos meses y han reiterado su compromiso de seguir actuando “con contundencia” para depurar responsabilidades. En este contexto, los socialistas han reclamado a Catalá que dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas ante una situación que, según denuncian, “está deteriorando gravemente la imagen y la credibilidad del Ayuntamiento de València”.

No más declaraciones

Preguntada por estos extremos, la alcaldesa, María José Catalá ha asegurado que las agendas de los concejales son públicas y no ha querido volver a pronunciarse sobre este supuesto caso de enchufismo. Tan solo ha aclarado que presentará a la Fiscalía toda la documentación necesaria para aclarar los hechos denunciados.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia, cuya presidenta, Mar Chao, también figura en estas diligencias, ha eludido pronunciarse sobre temas judiciales en marcha y se ha limitado a asegurar que remitirá a la Fiscalía la documentación que le sea requerida.

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