Catalá, sobre la anulación de la moratoria de apartamentos turísticos: "Afortunadamente, ya tenemos una ordenanza aprobada"

La nulidad de la moratoria municipal para abrir pisos turísticos en València dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tenido una reacción que podría considerarse previsible en el ayuntamiento de la ciudad. Por una parte, la inmediata: el carácter de no definitiva de la misma, puesto que hay posibilidad de presentar recurso. Pero pudiendo ser esto simplemente una dilatación en el tiempo, lo que venido a decir la alcaldesa María José Catalá al respecto es que, ante la herida, hay algo más que una tirita: la aprobación de la nueva Ordenanza. Sobre la que la primera autoridad municipal ha reiterado los latiguillos de que "es una de las más restrictivas de toda España, para tener una ciudad de residentes y no una ciudad desbocada de apartamentos, como permitió el anterior gobierno, proliferando sin regulación" y ha recordado que "la sentencia no tiene la incidencia negativa que tendría sin esa normativa ya aprobada. Solo afecta a la moratoria, pero hoy ya hay un texto redactado" y que entrará en vigor en quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Otra cuestión será la incidencia sobre los apartamentos solicitados y rechazados durante el periodo de moratoria.

Fue preguntada la alcaldesa y fue preguntado el portavoz Juan Carlos Caballero, que acentuó las críticas a la ahora oposición y antes gobierno municipal, "porque entregaron la ciudad a Airbnb". "La sentencia la estudiaremos al detalle porque el objetivo lo tenemos claros todos y seguro que presentaremos el recurso. Lo que queremos siempre es proteger la ciudad para que sea de los vecinos".

La ordenanza, pendiente de ese trámite de publicación -han pasado 17 días desde que se aprobó en el pleno del 31 de marzo- fue proclamada por el equipo de gobierno -por el concejal de Urbanismo Juan Giner- como "clara, rigurosa y valiente, que marca un antes y un después en el modelo de ciudad. Porque tiene "candados" o condiciones: el ratio de plazas respecto a la población empadronada en cada barrio o distrito (un 2 y un 8 por ciento), que el máximo de plantas bajas por manzana ha de ser del 15 por ciento y que se ha de contar con la aprobación de las juntas de escalera.

"Mala gestión"

En cualquier caso, desde la oposición lo ven de otra manera. Hablan de "mala gestión" por parte del gobierno de María José Catalá. "La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre la moratoria de apartamentos turísticos deja un escenario muy preocupante para València", aseguran desde Compromís per València, que advierte de que "puede haberse abierto un vacío legal que permita reclamar indemnizaciones e, incluso, reactivar la concesión de licencias, en un momento en el que la presión sobre la vivienda es ya insostenible".

La coalición valencianista pone el foco en las consecuencias inmediatas de la decisión judicial. Si la resolución se confirma, promotores y operadores podrían reclamar lucro cesante por las licencias paralizadas e incluso intentar tramitar nuevos proyectos con la normativa anterior, mucho más permisiva. Un escenario que, según la formación, "podría agravar aún más la expulsión del vecindario y la tensión del mercado inmobiliario".

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, alerta de que la ciudad no se puede permitir ni un paso atrás: “Estamos ante un vacío legal muy peligroso. Si no se actúa rápidamente, podemos encontrarnos con una nueva avalancha de apartamentos turísticos en barrios ya saturados. No podemos tolerar más presión sobre la vivienda ni más expulsión de vecinos y vecinas”.

Robles insiste en que la prioridad debe ser blindar el derecho a la vivienda frente a un sector “voraz, muy bien organizado y con una gran capacidad jurídica”. “Es necesario que el Ayuntamiento recurra a todas las instancias posibles y actúe con contundencia para evitar que esta grieta legal sea aprovechada. El derecho a una vivienda digna debe estar por encima de cualquier interés económico”, subraya.

Prohibición total

Para Compromís, la sentencia también evidencia que las políticas actuales son insuficientes para afrontar el fenómeno de los apartamentos turísticos. La formación valencianista defiende que es necesario ir más allá de la simple paralización de nuevas licencias y avanzar hacia medidas estructurales que reduzcan el volumen existente. “Esta situación también es una oportunidad para replantear la regulación y ser más ambiciosos, como ya están haciendo otras ciudades. Apostamos por la prohibición total, como ya han hecho otras ciudades. No basta con frenar nuevas licencias, hay que poner límites reales e incluso establecer mecanismos para que los apartamentos turísticos actuales tengan fecha de caducidad”, plantea Robles.

El reto es claro, dice Robles: "actuar con urgencia para cerrar cualquier grieta legal y garantizar que València no siga avanzando hacia un modelo de ciudad que expulsa a su vecindario. Porque no estamos hablando solo de una norma, estamos hablando del derecho a vivir en nuestra ciudad”.

Inseguridad jurídica

Por su lado, el concejal socialista Javier Mateo ha denunciado la “grave inseguridad jurídica” provocada por el gobierno de María José Catalá en la gestión de los apartamentos turísticos". Mateo ha señalado que este fallo judicial evidencia “la falta de rigor y planificación del gobierno del Partido Popular en una materia clave para la convivencia en los barrios y el acceso a la vivienda" y ha advertido de que "las decisiones adoptadas por Catalá han generado más problemas que soluciones”.

En este sentido, ha recordado que la moratoria anulada se presentó como una medida para frenar la proliferación de apartamentos turísticos, pero que en la práctica “no ha servido para contener su crecimiento ni para ofrecer seguridad a vecinos ni a operadores”. “Lo que queda claro es que la gestión de Catalá en esta ciudad solo genera inseguridad jurídica”, ha afirmado el edil socialista.

“Ante su ambigüedad, porque dice que está trabajando contra los apartamentos turísticos aunque lo que hace realmente es ponerle alfombras rojas como se ve en todos los barrios donde se multiplican por nuestros barrios, vemos que solo trabaja de cara a la galería y mientras todo se degenera”, ha denunciado.

Los socialistas recuerdan que "esta ciudad no quiere apartamentos turísticos" y proponen "aprobar la propuesta de los socialistas de ponerles fin, no renovando las licencias, no permitir nuevas aperturas y focalizarnos en el bienestar de los valencianos y valencianas”, ha señalado.

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