La nulidad de la moratoria de los pisos turísticos "podría costarle al Ayuntamiento de València 5 millones de euros en función de los daños acreditados"

Este jueves conocimos que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nula parte de la moratoria municipal para abrir apartamentos turísticos en València que lleva en vigor desde mayo de 2024 y que limitaba la concesión de nuevas licencias para estos apartamentos así como la prohibición de hacer nuevos edificios con usos hoteleros. Esta última parte, la referente a la construcción de nuevos bloques, sí ha sido avalada por el tribunal, sin embargo la referente a los permisos para inmuebles individuales es la que se ha echado atrás.

Con respecto al dictamen emitido por el TSJCV la presidenta de ApturCV y Fevitur, plataformas que representan en el ámbito autonómico y nacional los intereses de propietarios de viviendas de uso turísticos, Silvia Blasco se muestra satisfecha con la pronunciación judicial, que el consistorio ya ha anunciado que va a recurrir, y señala a Levante-EMV que "confirma algo que llevamos tiempo defendiendo: el ayuntamiento puede y debe ordenar urbanísticamente, pero no todo vale jurídicamente" y añade que "regular es necesario, pero debe hacerse con rigor legal, proporcionalidad y seguridad jurídica".

La sentencia de Tribunal Superior declara la nulidad parcial de la moratoria municipal en lo relativo a la suspensión de cambios de uso y a la eficacia de las declaraciones responsables "precisamente porque excedían la cobertura legal vigente", señala la presidenta de la Asociacion de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana. Pero ¿cuál puede ser la consecuencia de esta revocación que podría llegar a afectar a 700 viviendas paralizadas?

Un coste de 5 millones por daños

Para Blasco el pronunciamiento del TSJCV certifica que "hubo expedientes indebidamente paralizados" y como consecuencia "se abre un escenario de posible responsabilidad patrimonial para el ayuntamiento, que podría alcanzar los 5 millones de euros en función de los daños efectivamente acreditados, si se presentan antes de que se publique el nuevo Plan General Urbano".

La sentencia de la Sala de lo Contencioso es la respuesta al recurso presentada por la empresa De Haya y Pradas Apartamentos y ahora es la propia asociación ApturCV la que está a la espera de la resolución a su demanda que, tal como explica la presidenta de la asociación, "incorpora un informe pericial con datos que contradicen la tesis del Ayuntamiento de València sobre el impacto de las viviendas de uso turístico" y se muestra confiada en que los datos aportados "se tengan cuenta y contribuyan a un debate más serio y fundamentado sobre la regulación del sector en la ciudad".

La nueva ordenanza aprobada

Pese a esta nulidad parcial el Ayuntamiento de València cuenta con una red de seguridad que se prevé se desplegará en breve: la nueva ordenanza de apartamentos turísticos, calificada por el gobierno de María José Catalá como "la más restrictiva de España". Esta normativa entrará en vigor quince días después de que se piblique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), algo que de momento no ha sucedido.

Sin embargo la mera aprobación de la ordenanza neutraliza, de algún modo, los efectos esta sentencia, según la alcaldesa, ya que "no tiene la incidencia negativa que tendría sin esa normativa ya aprobada. Solo afecta a la moratoria, pero hoy ya hay un texto redactado".

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