Catalá denuncia que otros ayuntamientos envían a los migrantes a València: "El bloqueo es espectacular"

El Ayuntamiento de València lleva toda la mañana convertido en un hervidero de personas migrantes que acuden a intentar regularizar su situación en el país, una vez puesto en marcha el proceso iniciado por el gobierno de Pedro Sánchez. Los servicios municipales han formado cuatro colas en la puerta, una para empadronamientos, otra para trámites tributarios, una tercera para registros y la última para obtener el informe de vulnerabilidad que conduce a dicha regularización. Mientras las tres primeras permanecen vacías, la última fila acumula a cientos de personas en un escenario de evidente colapso.

Preguntada por esta situación, la alcaldesa María José Catalá ha valorado que algo tan importante y trascendental para tanta gente debería haberse hecho de otra manera. “Yo creo que ha sido una verdadera chapuza por parte del Gobierno de España. Nos ha volcado a los municipios una gran cantidad de gente que deambula sin información, sin conocer bien el proceso. Una vez lanzado el proceso de regularización, el viernes por la tarde la Secretaría de Estado nos mandó una recomendación desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que colaboráramos. Es una verdadera chapuza del Gobierno de España”, ha insistido.

Catalá ha explicado que su consistorio ha contactado desde primera hora con otras ciudades grandes como Madrid, Sevilla o Zaragoza y también están colapsadas. Todo ello en un contexto, ha denunciado, de desatención de los municipios en cuestiones como la financiación. “Ahora nos derivan todo el proceso de regularización sin sin información previa, sin formación previa, sin intentar ayudarnos. Lo que le pido al Gobierno de España es que, además de colaborar, que revise que todos los municipios de España están trabajando y están haciendo empadronamientos especiales. Porque a nosotros nos está llegando que hay algunos ayuntamientos, curiosamente socialistas, que nos están derivando a personas a València porque dicen que ahí no hacen empadronamientos especiales”, ha asegurado la alcaldesa obviando que el acceso a la regularización no depende tanto de los empadronamientos como del informe de vulnerabilidad cuñado por los municipios o las entidades del tercer sector.

Sobre si va a reforzar los Servicios Sociales, dado que el informe de vulnerabilidad se ha convertido en un documento clave para acceder a la regularización, la primera edil ha explicado que harán todo lo posible, pero el volumen de atenciones es inasumible. “Todas esas personas que hacen cola nos dejan el contacto y si no tienen historial dentro del Ayuntamiento de Valencia, que muchos de ellos no lo tienen, para hacerle el informe de vulnerabilidad hay que trabajar con ellas. Es decir, el bloqueo es espectacular. ¿Cómo se hace este proceso sin hacer previamente una planificación con los ayuntamientos?”, ha insistido la alcaldesa.

El PSPV habla de "boicot"

Al respecto, la concejala socialista Maite Ibáñez ha registrado una serie de preguntas a la comisión de Bienestar Social para que el gobierno de Catalá explique qué refuerzos o medidas está adoptando el Ayuntamiento para atender adecuadamente al elevado número de personas que necesitan atención para su proceso de regularización que se ha abierto en España. Ibáñez, que ha exigido a Catalá que abandone las excusas e incorpore abogados para ayudar con los trámites, ha incidido en que la única medida pública que ha ejecutado el gobierno del PP y Vox en este sentido ha sido la eliminación de la plaza del único abogado que prestaba servicio en esta materia. Una actitud que contrasta con la de otras grandes ciudades como Barcelona, que ha contratado a más de 50 abogados para ayudar con los trámites, o Madrid, que ha habilitado un procedimiento de atención específica que se puede tramitar incluso de manera on line, Oviedo, Bilbao o Pamplona.

"La irresponsabilidad y la negligencia de la señora Catalá está provocando un colapso en las colas para tramitar la regularización en València. Mientras Barcelona y Madrid y muchas ciudades gobernadas por el Partido Popular están habilitando oficinas municipales como espacios de apoyo para tramitar estas solicitudes, María José Catalá no ha hecho nada. Es más, mientras muchas ciudades están reforzando los servicios jurídicos, la señora Catalá ha eliminado la única plaza de abogado que tenía el centro de inmigración", ha apuntado.

La concejala socialista ha apuntado que las propias ONG ya han denunciado la actitud pasiva del Ayuntamiento de València, que ni tan siquiera se ofrece a tramitar los informes de vulnerabilidad necesarios para poder optar a la regularización, sino que desde Servicios Sociales se desvía directamente a las personas inmigrantes a las entidades colaboradoras. Una situación que Ibáñez ha considerado una falta de respeto y un intento de boicotear el proceso por parte del gobierno del PP y de Vox.

"Queremos recordar que los trámites de organización dependen de las gestiones municipales como el Padrón o el informe de vulnerabilidad y, por eso, desde el Partido Socialista hemos preguntado a la señora Catalá qué ha hecho para responder al cumplimiento de la ley que, como vemos, sí están haciendo muchas administraciones locales del Partido Popular en España en lugar de poner excusas como está haciendo ella en València”, ha incidido.

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