La auditoría municipal observa irregularidades en las contrataciones de Visit València

El informe de control interno de la Intervención General del Ayuntamiento de València, sobre el ejercicio 2024, ha identificado deficiencias administrativas en buena parte de las empresas públicas que cuelgan del consistorio, como la EMT, Aumsa, Valencia Activa o Visit València.

Sobre la Empresa Municipal de Transporte destaca la realización de gastos prescindiendo del procedimiento legal, y como ejemplo cita adjudicaciones directas, al margen de cualquier procedimiento contractual previsto en la Ley de Contratación del Sector Público, por un importe cercano a los 3,5 millones de euros. Por contra, de la empresa de vivienda se critica la concatenación de contratos temporales para cubrir puestos estructurales o el fraccionamiento de pagos en contratos menores que deberían ser recurrentes.

Pero lo más relevante del informe guarda relación con dos entidades bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. En lo relativo a Valencia Activa, fundación investigada por los contratos que Juan Manuel Badenas adjudicó presuntamente a un empresario afín, la auditoría observó la consolidación indebida de complementos salariales (como el de carrera profesional y actividad profesional) que no correspondían a los trabajadores. El informe señala que estas cantidades deberían ser objeto de reintegro.

Y también se detectaron deficiencias relevantes en contratos menores de patrocinio, incluyendo la falta de conexión con los fines de la fundación, ausencia de justificación del retorno publicitario e indicios de que se usaron para otorgar subvenciones encubiertas al margen de la ley. Tal como contó Levante-EMV, el edil de Vox encargó a una empresa de asesoría política una encuesta que debía ser de empleo pero finalmente preguntó por la dana. Eran 28 diapositivas por 17.000 euros. Es uno de los contratos que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, la auditoría de las cuentas de Visit València en 2024, realizada por la Intervención General del ayuntamiento en colaboración con Grant Thornton, detectó que la nueva estructura organizativa aprobada en abril de 2024 dio lugar a incrementos salariales y reclasificaciones de puestos con deficiencias legales y procedimentales.

“En varios casos, no consta acreditación de la titulación exigida, la adjudicación de puestos se realizó sin respetar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y tampoco figura una justificación objetiva de la reclasificación. Además, en otros puestos promovidos a categorías superiores, no se formalizó previamente la modificación de la relación de puestos ni se definieron adecuadamente funciones y requisitos, y el proceso de promoción interna presenta falta de transparencia y de documentación suficiente”, señala la auditoría. Estas actuaciones provocaron que la masa salarial de 2024 aumentara un 5 %, superando el límite legal del 2,5 % previsto en la normativa aplicable.

La semana pasada, Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras la denuncia de Compromís por la provisión de siete plazas públicas en el Puerto y en fundaciones municipales que presuntamente fueron diseñadas a medida para trabajadores del Consorcio Valencia 2007, el ente que gestionaba la Marina antes de ser liquidado. De esas siete plazas sólo se ocuparon cuatro, una en Visit València. La denuncia incluía un informe de la Intervención General del Estado que decía: “La gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. Justamente la carencia subrayada por la auditoría municipal.

Asimismo, según han señalado después los valencianistas, este puesto de trabajo se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable, dado que fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024 y el contrato se firmó en noviembre, cuando había perdido la indispensable condición laboral.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido que esta contratación se realizó siguiendo los procedimientos de transparencia y dentro del marco legal. Tanto Catalá como la principal responsable de Visit, la concejala Paula Llobet, están siendo investigadas con la también concejala Rocío Gil o la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, en el caso de los presuntos enchufes.

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