Catalá urge al Gobierno a desbloquear el soterramiento de Serrería tras años de "incertidumbre" y "falacias administrativas"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias con el objetivo de reactivar el soterramiento de las vías de Serreríasy poner fin a lo que considera “un bloqueo injustificado de la prolongación sur del túnel de Serrería” por parte del Ministerio de Transportes.

Las propuestas, firmadas por la diputada valenciana del grupo popular Alma Alfonso, incluyen dos solicitudes de documentación, dirigidas al ministro de Transportes y al presidente de Adif, y cuatro baterías de preguntas escritas al Ejecutivo, según ha informado el PP en un comunicado.

Estas iniciativas abordan de forma simultánea cuatro cuestiones clave: la situación contractual y económica del Estudio Informativo, el uso contradictorio del Estudio de Viabilidad de 2015, el incumplimiento de resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y lo que el consistorio califica como “desprecio ministerial” hacia el Ayuntamiento de València.

“Valencia lleva más de cuatro años esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre por qué tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76%, que se pagó con dinero público y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad”, ha afirmado Catalá.

Cuatro años de incertidumbre

Una de las baterías de preguntas se centra en el Estudio Informativo y reclama al Gobierno explicaciones detalladas, con fechas y actos administrativos concretos, sobre el estado actual del expediente, su valoración económica conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y la posibilidad de reanudarlo en 2026.

El Ministerio ha defendido en varias ocasiones que la prolongación del túnel no puede abordarse hasta finalizar el túnel pasante, ya que su ejecución afectaría al Corredor Mediterráneo. Sin embargo, desde el ayuntamiento consideran este argumento una “excusa técnicamente insostenible”.

Según Catalá, “si el Ministerio hubiera dejado finalizar el contrato en sus plazos originales, el Estudio Informativo habría incorporado, por mandato contractual expreso, el análisis técnico de cómo minimizar la afección al servicio ferroviario durante la ejecución de las obras, incluyendo las posibles soluciones de desvío provisional, fases constructivas y compatibilidad con el tráfico del Corredor Mediterráneo”.

“La excusa del túnel pasante es una falacia administrativa”, ha añadido la alcaldesa, quien sostiene que el contrato fue suspendido sin explicación y que ahora se intenta justificar con argumentos que el propio estudio habría resuelto. A su juicio, esto constituye “una cadena de incoherencia”.

El Estudio de Viabilidad, en el centro del debate

Otra de las líneas de actuación cuestiona el uso del Estudio de Viabilidad de 2015. Las preguntas exigen al Gobierno que identifique el informe en el que se basó para afirmar que la Alternativa 3, defendida por el ayuntamiento, “estrangularía” los accesos ferroviarios al puerto, indicando fecha, autor y copia del documento. Según el consistorio, Adif ha reconocido por escrito que dicho informe no existe.

Más de 600.000 euros ya invertidos

Las iniciativas también ponen el foco en el coste económico del proyecto. Según los datos aportados, los valencianos han financiado ya dos contratos vinculados a esta actuación por un total de 635.000 euros: el Estudio de Viabilidad técnico-económica (441.787 euros) y el Estudio Informativo, del que se han abonado 193.387 euros, correspondientes al 76% de ejecución antes de su suspensión en noviembre de 2021.

"Es un desprecio institucional"

Por último, las preguntas registradas reclaman explicaciones al Ministerio por sostener que no había recibido documentación municipal desde junio de 2024, cuando el consistorio remitió informes técnicos el 11 de septiembre de ese mismo año, además de cumplir con dos resoluciones del Consejo de Transparencia.

“Esto no es un retraso administrativo: es un desprecio institucional”, ha concluido Catalá, quien acusa al Ministerio de “incumplir simultáneamente con el ayuntamiento, con el Consejo de Transparencia y con los ciudadanos”.

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