El ocio y la hostelería de Russafa acusan al ayuntamiento de utilizarlos como "como cabeza de turco por el revolcón de la sentencia de los festivales"

La sentencia judicial que ha puesto en jaque la celebración de festivales urbanos en la Ciutat de les Arts i les Ciències ha provocado, en opinión del sector del ocio y la hostelería de Russafa, un efecto mariposa que les ha dado de lleno en forma de ZAS (Zona Acústicamente Saturada) que no ha contentado ni a vecinos ni a empresarios.

"Nos utilizan como cabeza de turco y quieren que el ayuntamiento aparezca como el defensor del descanso de los vecinos", critica Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación Empresarial de Discotecas de València (AD). Para los representados de esta asociación, el concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, van a imponer unas restricciones en uno de los barrios con mayor efervescencia cultural y de ocio con el objetivo de "eludir las responsabilidades por el revolcón de la sentencia de los festivales".

La asociación de las discotecas y la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa (Al Balansí) creen que se ha diseñado una campaña de criminalización injustificada contra los locales, acusando al edil de Mejora Climática de convertir al barrio de Russafa “en el pararrayos y chivo expiatorio” por sus ”políticas fallidas” y su “incompetencia” en la lucha contra el ruido en la ciudad de València durante toda la legislatura, principalmente tras la ya mencionada sentencia de los festivales. Por ello, han celebrado una protesta a las puertas de la sede de la concejalía en la que han exigido la dimisión del edil y mantener una reunión con Catalá aunque, según ha anunciado Pizcueta, esta misma semana comenzaban una ronda de contactos con todos los partidos políticos.

30 años de Xúquer

En este sentido, lamentan que, 30 años después de la declaración de la primera ZAS en el barrio de Xúquer, el concejal responsable de la contaminación acústica no haya aprendido nada de la lucha contra el ruido, olvidando que es un problema estructural de la ciudad que afecta a más de 400.000 valencianos.  Al contrario, señalan que prefiere eludir su responsabilidad poniendo el foco en las zonas de ocio, particularmente destruyendo las empresas que más años llevan comprometidas en la lucha contra el ruido.

Además, inciden en que los locales de ocio Russafa han sido pioneros a nivel nacional, "somos el laboratorio de ideas de otras ciudades de España", al implementar medidas innovadoras y eficaces contra el ruido nocturno, como los “chalecos amarillos” -los llamados silenciadores- encargados de mantener el silencio en el entorno de las discotecas, el desarrollo de cursos de formación para sus trabajadores o la limitación del número de sesiones para minimizar su impacto.

Pese a ello, lamentan que estos esfuerzos de las pymes chocan con la metodología de medición del ruido actual, ya que “es absolutamente deficiente e incumple los más elementales estándares de rigor científico”. En este sentido, argumentan que el tipo de mediciones que realiza el Ayuntamiento de València, sin cámaras de grabación y trabajo de campo, “es incapaz de detectar cuáles son las verdaderas fuentes del ruido, porque solo utiliza sonómetros que captan el ruido ambiental sin discriminar el de fondo”.

Asimismo, sostienen que los datos del informe de mediciones acústicas, realizado en la calle Tomasos, el epicentro del conflicto vinculado al concejal Mundina, "evidencian la arbitrariedad de las medidas restrictivas impuestas a las discotecas de Russafa". De las 3.300 franjas horarias en que se dividieron las mediciones, efectuadas de forma ininterrumpida durante 365 días entre junio de 2022 y junio de 2023, en horario nocturno (de 23:00 a 08:00 horas), solo en 75 ocasiones (el 2,2% del total) se superaron los niveles de ruido coincidiendo con los días y horarios de apertura de los locales. De estas, únicamente en 13 (el 0,39%) se registraron en las franjas horarias exclusivas de la actividad de las discotecas, a partir de las 04:00 horas.

Precisamente porque las fechas en las que se celebraron las sonometrías que han asentado la ZAS en Russafa "coinciden cuando veníamos de la apertura de horarios tras el covid", desde las asociaciones manifestantes piden que se vuelvan a repetir estas mediciones para actualizarlas.

"Hay que acatar sentencias"

Por su parte, Catalá se ha referido a la declaración ZAS de Russafa insistiendo que estas medidas obedecen a una imposición legal: "A veces no queremos ver que hay que acatar las sentencias", decalaraba en la mañana de este lunes en atención a medios de comunicación.

Esta obligación judicial obliga al gobierno municipal a "tomar decisiones" que según entiende la alcaldesa "pueden perjudicar a empresas" pero que debido a lo imperativo del asunto no puede personalizarse en la figura de Carlos Mundina porque "quien estuviese de concejal, tendría que acatarlo", ha asegurado.

Además ha hecho referencia al descontento mostrado tanto por empresarios como por residentes lo que, para la primera edil, es una señal de que "nos encontramos en el punto medio" porque el vecindario considera que "es insuficiente" mientras que los negocios de hostelería y ocio valoran las restricciones como demasiado severas.

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