Antifraude ve irregularidades en seis contratos por 255 millones en los que participó el concejal Marí Olano

La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido un informe con conclusiones provisionales en el que se recogen seis irregularidades detectadas en seis adjudicaciones con el concejal José Marí Olano como presidente de la Mesa de Contratación. Las contrataciones cuestionadas por la agencia valenciana suman un valor de 255 millones de euros.

Según ha revelado el grupo municipal de Compromís en rueda de prensa, Antifraude ha detectado “graves vicios legales” en el proceso de contratación de estos proyectos debido, entre otros defectos, a la abstención del presidente de la Mesa sin aclarar su relación con las empresas implicadas en los concursos.

En concreto, las adjudicaciones que, según han señalado los valencianistas, estarían sujetas a impugnación cuando Antifraude emita su informe como definitivo, serían las siguientes: el servicio de explotación y mantenimiento del saneamiento (de 232,4 millones), obras de Pérez Galdós y Giorgeta (19,8 millones), obras de eficiencia energética en el Mercado de Russafa (1,35 millones), obras de mejora energética del Centro de Tecnificación de Pilota (1,28 millones), huertos urbanos de Orriols (316.000 euros) y obras de remodelación del jardín de la calle Rodríguez Cepeda, aún por adjudicar.

El organismo autonómico detecta y expone en su informe provisional –hoy concluye el plazo para que resulte definitivo– seis irregularidades relacionadas con las tramitaciones de adjudicación. El primero ya ha sido citado: la comunicación de la abstención realizada por el presidente de la Mesa no reúne los requisitos mínimos de validez al omitir la identidad del sujeto que genera el conflicto de interés. Para que la abstención sea eficaz, Olano debería haber identificado plenamente a la persona física o jurídica que motiva el conflicto, cosa que no ocurrió.

También observa antifraude defecto por falta de quórum, dado que al salirse el edil de algunas mesas sin suplente en la presidencia, estas obraron sin el mínimo necesario de voces para dar validez a la contratación. Y en un plano igualmente administrativo, la agencia valenciana echa en falta la comunicación formal de su abstención al órgano que lo designó. “La inexistencia de este acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”, señala Antifraude.

El informe subraya además una incoherencia en las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, dado que el presidente firmó documentos asegurando que no tenía conflictos al inicio de las sesiones, y se contradijo después con el reconocimiento de una causa de abstención preexistente –por los servicios profesionales prestados en los dos últimos años, que el edil ha eludido aclarar–. Esto se considera un riesgo para la integridad del control preventivo.

Antifraude observa asimismo una vulneración del Plan de Medidas Antifraude del propio Ayuntamiento de València, en cuyo gobierno está integrado Marí Olano, y añade que uno de los contratos se financia con fondos europeos –las obras de Pérez Galdós–, de forma que esta gestión podría comprometer la financiación asignada. Finalmente, el organismo autonómico concluye que, aunque las decisiones se tomaran por unanimidad, este hecho no valida los errores previos. La participación de un miembro incurso en una causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”, explica el informe.

Se le presupone "un estandar de diligencia superior"

Ante estos hechos, la agencia autonómica realiza una apreciación relacionada con la profesión del concejal que ha ocasionado estos vicios legales en diversas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de València: “El presidente de la Mesa, dada su condición de Abogado del Estado y que ejerce actualmente la abogacía en el sector privado, se presupone un estándar de diligencia superior en la identificación de posibles conflictos de intereses. En este sentido, resulta contradictorio que un profesional de su perfil declare formalmente la inexistencia de vínculos con los licitadores para, posteriormente, reconocer una causa de abstención preexistente derivada de su actividad profesional privada", indica el informes tras señalar que el hecho de no identificar el motivo de las abstenciones impide el control de imparcialidad.

Compromís y PSPV llevan tiempo denunciando la opacidad que envuelve al concejal de Grandes Proyectos de València, también al frente de la delegación de Contrataciones. Marí Olano no hace pública su agenda de reuniones y también elude aclarar con que empresas ha colaborado. Además, cabe recordar que el mismo concejal del PP ha sido situado en el centro de un presunto caso de contrataciones a dedo en organismos públicos tras la liquidación del Consorcio València 2007.

La oposición denuncia opacidad

Sobre la investigación de Antifraude, Papi Robles, de Compromís, ha recordado que la formación valencianista ya había advertido formalmente de las incompatibilidades de Olano y había pedido su dimisión. "Durante ocho meses, la alcaldesa miró hacia otro lado mientras este concejal participaba en procedimientos en los que no debía estar. Ahora sabemos que esa decisión puede salirle muy cara a la ciudad", ha afirmado la concejala valencianista. "Este nuevo episodio de Marí Olano confirma una forma de gobernar. Opacidad en su gestión y actuaciones bajo investigación. Recordemos que Marí Olano es una apuesta personal de Catalá, que lo ha protegido pese a todas las advertencias. Hoy ya no hablamos solo de falta de ética o de posibles irregularidades: hablamos de poner en riesgo dinero público e inversiones clave para València”, ha añadido Robles.

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía ha reprochado a la alcaldesa que siga manteniendo al concejal Olano en su gobierno "a pesar de que los casos de irregularidades bajo su mano se multiplican semana a semana". "Hoy conocemos que el concejal José Marí Olano está siendo investigado por Antifraude en relación con los contratos de Pérez Galdós y de saneamiento. Esto es algo que desde el Partido Socialista denunciamos hace muchos meses a la Sindicatura de Greuges porque el contrato de saneamiento de 225 millones de euros es un contrato estratégico, porque es el contrato de mayor importe que iba a adjudicarse en este mandato y porque conocemos los precedentes en torno al anterior contrato de saneamiento que recordemos que está investigado en el marco del caso Azud y nos preocupaba y nos preocupa que no se cumpla la legalidad estrictamente”, ha manifestado Valía.

Caballero: "Es una operación para embarrar"

Preguntado por el informe de Antifraude, Juan Carlos Caballero, portavoz del gobierno municipal, ha recalcado su carácter "preliminar y provisional", que en la ley Antifraude señala que son "reservados" porque no se tienen en cuenta las alegaciones. "Solo se publican aquellos que son definitivos. Lo que acaba de hacer Compromís es muy grave: filtrar un informe preliminar, provisional, cuyo artículo 8 justamente habla de ese caracter reservado y puede vulnerar los derechos de la persona y el desarrollo y eficacia del informe", ha argumentado.

"Es muy grave. No es cuestión de transparencia. Es una operación política para embarrar el terreno político y lo hace todo el día. No vamos a entrar y no vamos a seguir alimentando este barro. Vamos a trabajar para las personas. Esperaremos el informe definitivo para hacer cualquier valoración. No conozco las alegaciones, pero el informe definitivo es la razón de ser de la Agencia Antifraude. No tienen nada más que ofrecer. Y ya les garantizo que no está en riesgo ninguno de los contratos", ha atajado Caballero ante las insinuaciones de Compromís, que antes ha puesto en duda la validez de las adjudicaciones por valor de 255 millones.

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