Denuncian la colocación de una exalcaldesa del PP en la Universidad Popular de València

Compromís per València ha denunciado la adjudicación de una plaza pública que sigue "el mismo patrón" que ya está investigando la Fiscalía Anticorrupción: procesos que nacen desde dentro de la administración y acaban beneficiando a personas concretas. "En este caso, una exalcaldesa de su partido", ha denunciado Papi Robles.

En concreto, según los expedientes a los que ha accedido Levante-EMV, lo que comenzó como un ajuste técnico en el organigrama de la Universidad Popular de València en el otoño de 2023, terminó resultando a principios de 2026 en un puesto clave de coordinación –denunciado en el contencioso-administrativo– para la antigua primera edil de Oliva, María Consuelo Escrivá Herráiz.

El proceso arrancó en octubre de 2023, cuando la Universidad Popular aprobó una remodelación de su plantilla y generó oficialmente el puesto de "Coordinador/a Técnico/a Medio de Proyectos". Las bases exigían ser funcionario de carrera y tener el título de Grado en Maestro/a de Educación Primaria, y los informes justificaban la titulación de Magisterio por considerar que las habilidades en pedagogía, planificación y gestión de grupos eran las adecuadas para liderar proyectos formativos en la institución. Además, la modificación de la RPT cambió la clasificación profesional de este puesto del subgrupo A1 al subgrupo A2, con un incremento de las retribuciones complementarias.

Un mes después de crear la plaza, la Universidad Popular declaró que el puesto debía cubrirse con una "urgencia inaplazable”, y se optó por una comisión de servicios para "fichar" temporalmente a funcionarios de otras administraciones. El anuncio se publicó el 8 de noviembre de 2023 y a la plaza de coordinación, dotada con un salario próximo a los 65.000 euros anuales según ha especificado Compromís, únicamente se presentó María Consuelo Escrivá, que entonces trabajaba en el consistorio de Oliva. El 14 de diciembre de 2023 el ayuntamiento de Oliva autorizó su traslado temporal por un periodo de un año y 15 días más tarde Escrivá tomó posesión del puesto de forma provisional.

El 29 de mayo de 2025, ante el vencimiento de la cobertura provisional en enero de 2026, la Universidad Popular inició el trámite para la provisión definitiva mediante concurso abierto a otras administraciones, de forma que podía presentarse cualquier funcionario de España que cumpliera los exigentes requisitos de ser "Maestro" y pertenecer a la categoría A2. En total se interesaron 16 personas, pero en octubre de 2025 salió la lista provisional con 12 aspirantes excluidos. Algunos no eran funcionarios de carrera, sino personal laboral, y otros tenían títulos universitarios que consideraron equivalentes (como Educación Social) pero la Universidad Popular se mantuvo en que solo admitiría "Maestros".

En noviembre 2025 uno de los candidatos excluidos llevó el caso a los tribunales denunciando que las bases eran "arbitrarias" y que excluir al personal laboral vulneraba el derecho constitucional a la igualdad, un teórica arbitrariedad que ya investiga Anticorrupción para otras siete plazas ofertadas para los extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en Visit Valencia o la Autoridad Portuaria. Los informes técnicos de la Universidad Popular, no obstante, argumentaron que las reglas se fijaron en 2023 y que, al no haber sido impugnadas, eran inamovibles.

Además de cumplir con estos dos criterios, María Consuelo Escrivá ya desempeñaba las funciones del puesto en comisión de servicios desde el 2 de enero de 2024, de modo que en el momento del concurso ya contaba con dos años de experiencia directa en las tareas específicas de esa plaza en la Universidad Popular. Finalmente, el 20 de enero se firmó la resolución que nombraba oficialmente a la ganadora del concurso y el 1 de febrero de 2026, la misma funcionaria que llegó a Oliva dos años atrás por la vía de urgencia, firmó su acta de toma de posesión definitiva.

Papi Robles: "Son procesos dirigidos"

"Que se cree una plaza y después se modifiquen los criterios para adjudicarla refuerza la sospecha de que estamos ante procesos dirigidos. Es exactamente lo que hemos denunciado en el 'caso enchufismo': adaptar las reglas para que ganen quienes ya estaban decididos”, ha lamentado Robles. “Estamos hablando de un puesto de casi 65.000 euros anuales adjudicado en un procedimiento que, según la información que ha podido confirmar Compromís, altera sus propias bases. Esto es muy grave, porque afecta directamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El mismo patrón que ya vimos en las plazas del Puerto”.

"Catalá no puede seguir diciendo que todo es normal, que todo se ha hecho dentro de la legalidad, cuando cada vez es más evidente que se ha disfrazado de legalidad. Cada semana aparece un nuevo caso que apunta en la misma dirección: utilizar las instituciones para colocar a determinadas personas. Esto ya no es un episodio puntual, es un sistema. Por eso insistimos: hace falta una comisión de investigación con luz y taquígrafos, que, por cierto, el PP ha rechazado porque tiene miedo de que se sepa la verdad", cierra la valencianista.

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